(Libertad Digital) El País adelanta este lunes la primera entrega del serial de firmeza contra ANV y PCTV: según el diario pro-gubernamental, la Policía ha descubierto ahora que Batasuna se financia con fondos públicos asignados a PCTV y ANV.
La información exclusiva que el diario pro-gubernamental El País publica este lunes podría formar parte de la antología de las fanfarrias periodísticas del ruido sin nueces, o, para ser más exactos, con nueces pasadas de fecha.
Revela El País, basándose en datos suministrados por la Policía de Alfredo Pérez Rubalcaba y de la instrucción incoada por el juez Baltasar Garzón al detener a la dirigente de Batasuna-ETA, Marije Fullaondo, que existe una "conexión bancaria" entre ANV y Batasuna-ETA, y que 22 directivos del partido terrorista cobran de fondos públicos asignados al PCTV.
Según El País, la investigación policial sobre la trama financiera de Batasuna-ETA habrá concluido "en la primera quincena de enero, tras la festividad de Reyes", es decir, a menos de dos meses de las Elecciones Generales. Previsiblemente, la Fiscalía actuará a partir de ese informe contra ANV, instando a su ilegalización. ¿Lo hará también contra el PCTV o dejará al Gobierno esta puerta entreabierta a una posible reanudación del diálogo con ETA, en el caso de que Rodríguez Zapatero salga reelegido?
En mayo, el Tribunal Supremo constató que no pudo prohibir todas las listas electorales de ANV porque la Fiscalía y el Abogado del Estado sólo pidieron la ilegalización de 133 y dejaron pasar 122, precisamente las de mayor interés estratégico y financiero de ETA. El Tribunal Constitucional, por su parte, consideró que habría sido "desproporcionado" que el Gobierno actuase contra todas las listas de ANV.
Ahora, de repente, han comenzado a brotar las pruebas de que ANV también es Batasuna-ETA. ¿Qué es lo que ha cambiado? La proximidad electoral y el hecho de que hay dos nuevos muertos sobre la mesa. Los dos obreros ecuatorianos asesinados el pasado 30 de diciembre de 2006 no contaron para el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que excarceló a Ignacio de Juana, permitió a Otegi irse de rositas de la Audiencia Nacional y avaló el regreso de ETA a las instituciones, por medio de ANV. Sin embargo, el asesinato de dos guardias civiles ha obligado al Ejecutivo a reconsiderar su política de gestos y a presentarse, de aquí a marzo, como un adalid de la firmeza.
Lo hará a través de una campaña de propaganda algo tosca en sus métodos pero atronadora en su despliegue de efectos judiciales (Garzon) y mediáticos (la mayoría de grupos de comunicación ha apoyado la política de negociación con ETA o ha mirado para otro lado ante los indicios y evidencias de cesiones y contactos más allá de los plazos y limites declarados en público por el Gobierno).