El Gobierno garantizará por Ley la paridad de sexos en las candidaturas políticas

L D (EFE) Fernández de la Vega adelantó esas reformas en su comparecencia ante la comisión Constitucional del Congreso para informar de las líneas generales de actuación al frente de su Departamento.

En la enumeración de esas prioridades destacó la intención de promover un acuerdo para una "reforma limitada" de la ley electoral con el fin de institucionalizar los debates entre candidatos en los medios de comunicación de titularidad pública, garantizar la paridad entre hombres y mujeres en las candidaturas y elegir directamente a los alcaldes mediante un sistema de doble vuelta.

Esa reforma dijo que debe hacerse con consenso y, en respuesta a los representantes de los grupos, confió en convencer al PP y a su portavoz en esta comisión, Federico Trillo, para que apoye esos cambios. Además, defendió una reforma de la legislación de partidos políticos, mediante un acuerdo "prácticamente unánime", para garantizar su democracia interna, resolver los problemas de financiación y hacerlos más permeables a las demandas sociales

Fernández de la Vega anunció también que el Ejecutivo propondrá que se derogue que la convocatoria ilegal de un referéndum sea considerada delito castigado con prisión, como recoge el Código Penal a instancias del Ejecutivo anterior. Además, recordó el compromiso del Gobierno para reformar los medios públicos de comunicación y la creación del correspondiente Consejo que tendrá un plazo de nueve meses para hacer las propuestas que considere oportunas con el fin de que haya unos medios "libres, plurales y de calidad".

Otra reforma será la del Estatuto del Ministerio Público para que los candidatos a Fiscal General del Estado comparezcan ante el Parlamento para que se evalúe su idoneidad y para que no pueda intervenir en procedimientos penales que afecten a los miembros del Gobierno. Una modificación del Consejo de Estado, un nuevo Reglamento del Congreso, la creación de una Oficina Presupuestaria para garantizar la ejecución de las cuentas del Estado y la reforma "concreta y limitada" de la Constitución fueron otras iniciativas defendidas por la vicepresidenta, quien aseguró que en ningún momento el Gobierno pretende cambiar el modelo de convivencia fijado en 1978, sino avanzar en él.

También subrayó que los límites a las reformas de los Estatutos de autonomía están en el texto constitucional, al tiempo que otorgó al Parlamento el papel de "punto de referencia de todo el sistema político" y dijo que el Gobierno contribuirá a ello. La vicepresidenta se comprometió a remitir al Congreso al inicio de cada periodo de sesiones un informe sobre el cumplimiento de las delegaciones legislativas vigentes, desarrollos reglamentarios y mandatos legislativos pendientes. En cuanto al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) garantizó que estará al servicio exclusivo del Estado y las Comunidades Autónomas y, para ello, adelantó que se entregarán al Parlamento todos los datos que permiten evaluar los resultados de sus sondeos y el presidente de este organismo será elegido por las Cortes.

La vicepresidenta adelantó también que el Gobierno promoverá una ley de desarrollo del derecho al libre acceso a la información, creará un Consejo Superior de Medios Audiovisuales e impulsará el Reglamento de la ley reguladora del derecho de asociación. Fernández de la Vega expresó la intención del Gobierno de hacer todo lo posible para que las normas que afectan al reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas sean discutidas en el Parlamento y revistan forma de ley, con lo que confía que se reduzca la elevada conflictividad jurisdiccional existente en la actualidad. Además, aseguró que el Gobierno seguirá cumpliendo los compromisos contraídos con los ciudadanos como dijo que ha hecho con el regreso de las tropas de Irak.

En las intervenciones de los grupos, Federico Trillo se mostró dispuesto a negociar con el PSOE cambios en la Constitución que no afecten a su "núcleo duro" ni al principio de igualdad entre las Comunidades Autónomas y los ciudadanos. El portavoz socialista, Ramón Jáuregui, dijo que la propuesta de esa reforma no ha de estar "limitada", mientras que Jordi Xuclá, de CiU, avaló esa modificación y Joan Tardá, de ERC, pidió no "sacralizar" el texto constitucional. Aitor Esteban, del PNV, pidió una reunión "al máximo nivel" con el lehendakari para "deshacer malentendidos"; además, Gaspar Llamazares, de IU-ICV, solicitó un calendario para la puesta en marcha de las prioridades del Gobierno, y Luis Mardones, de CC, pidió datos sobre la posibilidad de abrir el Pacto Antiterrorista a otras fuerzas políticas.