(Libertad Digital) El diario económico Expansión revela este sábado que el Gobierno socialista estudia imponer el registro obligatorio de la identidad de los usuarios de teléfonos móviles de prepago, los conocidos como teléfonos de tarjeta. Estos móviles no tienen una relación contractual con el operador por lo que éste no conoce los datos fundamentales de estos clientes. Esto no ocurre con los teléfonos de contrato porque la compañía sí tiene constancia de los datos personales y bancarios del cliente. Debido al garantizado anonimato, los delincuentes utilizan preferentemente estos móviles.
La posibilidad de que entre en vigor esta obligación ha despertado inquietud entre los operadores españolas (Movistar, Vodafone, Amena y, próximamente, Xfera) por los múltiples problemas que acarrearía para las compañías y los inconvenientes que generaría entre los clientes. Según Expansión, este cambio "supondría una alteración profunda en la fórmula de comercialización de estos productos, ya que las tarjetas prepago se venden en una red muy capilar, compuesta por decenas de miles de establecimientos –tiendas de telefonía y electrónica, grandes superficies, kioskos de prensa, entre otros– sin ningún control previo".
Según el rotativo económico, la medida tendría un alto impacto sobre la población, ya que en España existían 20,7 millones de usuarios de móviles de tarjeta a finales de 2005, según los datos de la Comision del Mercado de las Telecomunicaciones. El principal desafío para las operadoras sería el mecanismo logístico para lograr la identificación y registro de este parque de 21 millones de usuarios de prepago ya existentes.
Los expertos dudan de la viabilidad de este medida debido al roaming
Aunque los móviles de tarjeta acaparan la mitad de los usuarios –20,7 millones frente a los 21,9 millones de clientes de contrato–, suponen sólo el 18 por ciento de los ingresos totales, unos 1.900 millones de euros, para un mercado total de unos 9.300 millones de euros, ya que este tipo de usuarios suele tener menor poder adquisitivo –como adolescentes o inmigrantes– y consumen menos.
Para los nuevos clientes, el registro de la identidad es un objetivo más sencillo, aunque con más dificultades y papeleo en el acto comercial. La posibilidad más viable para identificar el parque actual sería obligar a los usuarios al registro de sus datos antes de permitirles la recarga de saldo en sus tarjetas. Sin embargo, dado que existen múltiples mecanismos para cargar con más dinero una tarjeta prepago –los operadores se han esforzado al máximo en los últimos años para facilitar y ampliar las modalidades de recarga– una modificación que restringiera estas posibilidades podría suponer un duro golpe para el negocio.
Entre los expertos consultados por Expansión existen serias dudas acerca de la utilidad real de la medida, ya que aunque todos los usuarios de los operadores españoles estuvieran identificados, los delicuentes siempre podrían burlar esta obligación utilizando en España tarjetas de operadores de otros países donde no rija este requisito, que podrían utilizarse en España con el mecanismo del roaming. De hecho, estos observadores señalan que una de las primeras consecuencias de esta medida sería la aparición de un nuevo tráfico de tarjetas móviles anónimas procedentes de otros países.
Entre los expertos consultados por Expansión existen serias dudas acerca de la utilidad real de la medida, ya que aunque todos los usuarios de los operadores españoles estuvieran identificados, los delicuentes siempre podrían burlar esta obligación utilizando en España tarjetas de operadores de otros países donde no rija este requisito, que podrían utilizarse en España con el mecanismo del roaming. De hecho, estos observadores señalan que una de las primeras consecuencias de esta medida sería la aparición de un nuevo tráfico de tarjetas móviles anónimas procedentes de otros países.