El Gobierno desclasificará el informe del CNI en el que Trashorras revela que El Chino le dijo que conocía a los etarras de Cañaveras
El Gobierno tiene previsto aprobar en la reunión del Consejo de Ministros de mañana, viernes, un acuerdo para desclasificar documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) solicitados por el presidente de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de juzgar los atentados del 11 de marzo. El informe contiene la información aportada por Trashorras cuando actuaba de confidente acerca de la supuesta relación de Jamal Ahmidan, El Chino, con los etarras de la "caravana de la muerte".
L D (Agencias) Según informaron a Europa Press fuentes gubernamentales está previsto que el Ejecutivo desclasifique el informe del CNI relativo a la información aportada en su día, como confidente, por el ex minero José Emilio Suárez Trashorras, uno de los 29 acusados en el juicio por los atentados del 11-M.
La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, que juzga los atentados del 11-M, dictó el pasado día 19 una providencia en la que insta al Ministerio de Defensa a desclasificar un documento del CNI que se refiere en concreto a una información aportada por el ex minero acerca de que Jamal Ahmidan, El Chino, uno de los presuntos autores del 11-M que murió en la explosión del piso de Leganés, le dijo que conocía a los dos miembros de ETA detenidos en febrero de 2004 cuando transportaban hacia Madrid una furgoneta con más de 500 kilos de explosivos.
Se trata de los etarras Gorka Vidal e Irkus Badillo, quienes tendrán que declarar como testigos, junto con el histórico Henri Parot, ante el tribunal que juzga los atentados de Madrid a petición del abogado José Luis Abascal, que ejerce la defensa de Jamal Zougam, autor material de la masacre según la versión oficial.
La desclasificación de este informe y su inclusión en el sumario del 11-M había sido solicitada por la defensa del también confidente Rafa Zouhier, para quien la fiscal Olga Sánchez pide 20 años de prisión por un delito de colaboración con organización terrorista. En la providencia acordada por la Sala se interesa al Gobierno "el alzamiento de la clasificación como secreto del informe solicitado, sin perjuicio que se comunique reservadamente el nombre e identificación de los funcionarios que en él aparezcan, a los que podrá otorgárseles el estatus de testigos protegidos".
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