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El Gobierno derogará la ley que contempla penas de cárcel para quien convoque un referéndum ilegal

El Gobierno socialista ha anunciado que propondrá que se derogue que la convocatoria ilegal de un referéndum sea considerada delito castigado con prisión, como recoge el Código Penal a instancias del Ejecutivo anterior. Esta reforma fue acometida para frenar una convocatoria de este tipo prevista en el Plan Ibarretxe que fue secundada por el Gobierno catalán sobre el nuevo Estatuto de Cataluña.

L D (EFE) En su comparecencia ante la comisión Constitucional del Congreso para informar de las prioridades al frente de su Departamento, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega aseguró que el Ejecutivo será "escrupulosamente respetuoso" con los trámites del procedimiento legislativo en el Parlamento. "No volverán a acometerse, por ejemplo, reformas del Código Penal mediante enmiendas presentadas a otras leyes en el Senado, hurtando su debate a esta Cámara", dijo la vicepresidenta.
 
La tipificación como delito de ese tipo de convocatorias fue incluida en el Código Penal después de anuncios como el realizado por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, de que sometería a consulta su propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, conocida como "plan Ibarretxe".

Fernández de la Vega se refirió a la reforma del Código Penal aprobada en el Senado en diciembre pasado mediante la inclusión de una enmienda a la ley orgánica complementaria de la ley de Arbitraje. Sólo los diputados del PP avalaron este procedimiento, mientras que los grupos de oposición no votaron en protesta por la tramitación de la norma y su contenido.

El anterior ministro de Justicia, José María Michavila, defendió esa tipificación para evitar que se falsifique un proceso de consulta y se haga al margen de la ley y la Constitución. Por su parte, el entonces líder de la oposición y actual jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, consideró que el contenido de esa reforma del Código Penal era un "despropósito" y acusó al PP de haber instrumentalizado la votación de la reforma, que dijo que rompía "las reglas mínimas del juego parlamentario" y que se había hecho "por la puerta de atrás".

La reforma aprobada al final de la pasada legislatura prevé penas de tres a cinco años de cárcel para quienes incurran en el delito de convocar referendos ilegales.

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