L D (Agencias) Esta autorización facultaría a los servicios jurídicos del Estado para poder impugnar las candidaturas de D3M ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo, tal y como se hizo en mayo de 2007 con 133 candidaturas de Acción Nacionalista Vasca (ANV) a las que se impidió concurrir a los comicios municipales. Asimismo, abre la vía para ejercitar las acciones legales oportunas contra Askatasuna.
Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía, que también trabaja en esta dirección, alegarían ante el alto tribunal que las listas de las presuntas nuevas marcas de ETA vulneran la Ley de Partidos y la sentencia de ilegalización de Batasuna-ETA que el Supremo dictó en marzo de 2003 por ser sucesores de esta formación.
Además, las Fuerzas de Seguridad del Estado están ultimando los informes policiales en los que se basarán estas acciones legales. En el caso de D3M, las vinculaciones con las anteriores "marcas" de ETA de las personas que aparecen en las candidaturas, están claras y acreditadas porque han formado parte en numerosas ocasiones de las listas de otros partidos ilegalizados. De hecho, una de ellas, la cabeza de lista de D3M por Álava, Amparo Lasheras, fue encarcelada esta misma semana por orden de Baltasar Garzón acusada de dar continuidad a la dirección de Batasuna-ETA.
Las Fuerzas de Seguridad se están empleando a fondo también con el informe sobre Askatasuna, ya que en las listas no han incluido personas 'contaminadas' por otras candidaturas de formaciones ilegalizadas. Sin embargo, se están analizando otras cuestiones, además de tratar de buscar las vinculaciones económicas, tendentes a demostrar su vinculación con la ilegalizada Batasuna-ETA y sus otras marcas, como la estrategia diseñada por ETA y recogida, entre otros documentos, en uno titulado "Línea de cara al futuro, caracterización de la fase política".
En uno de los documentos en donde se contienen –según el último auto de Baltasar Garzón, las directrices de ETA a su brazo político–, se dice lo siguiente: "se le debe tender, en la contienda electoral, a nuestra amplia base una oferta de lucha para combatir y para que no se decante hacia lo útil. Pero, al mismo tiempo, habrán de confeccionarse planteamientos para condicionar en su totalidad elecciones no democráticas".
En el citado texto, también se expone que "para desgastar la referencia y la dependencia que existe hacia las instituciones que provienen del marco particionista, será imprescindible crear otra referencia institucional y política en el abertzalismo y en las bases de la izquierda abertzale".
Además, también se ha analizado y se tiene en cuenta la trayectoria de Askatasuna, que se ha presentado en una ocasión a las elecciones autonómicas en el País Vasco, en 2001, con unas listas cuyos integrantes habían formado parte de otras candidaturas de Batasuna, EH y HB. Algunos hasta en diez ocasiones.
Vía penal a través de Garzón
La otra vía judicial para impedir la actuación de ambas candidaturas es la penal, por la que se decretaría una suspensión de actividades de las formaciones D3M y Askatasuna en el caso de existir datos que acreditaran que sus miembros incurren en la comisión de un delito de colaboración o integración en organización terrorista.
En el caso de estos dos partidos, el juez responsable del sumario vinculado con los dos partidos es Baltasar Garzón, quien ya ha adelantado trabajo en este terreno al decretar, en la madrugada del pasado domingo, el ingreso en prisión de ocho representantes de D3M y Askatasuna directamente vinculados con la estrategia electoral del brazo político de ETA para conseguir estar presente en las elecciones vascas.
En el auto el juez reflejaba ya su sospecha de que los dos partidos actúan como "marcas electorales" de ETA, en función de la documentación incautada en los registros de los domicilios de los arrestados y en otras sedes afines a la ilegalizada Batasuna-ETA, que aún debe ser analizada.
En el caso de que Garzón decretara la suspensión, ninguna de las dos formaciones podría concurrir a estas elecciones ni a otras en el plazo de tres años. La aplicación de esta medida provoca otros efectos como la clausura de sedes, locales o establecimientos; el embargo y bloqueo de cuentas, depósitos y demás activos financieros; la prohibición de llevar a cabo actividades orgánicas, públicas, privadas e institucionales en organismos públicos, registros, bancos y asociaciones o de participar como partidos en cualquier actividad de ámbito nacional o internacional, público o privado o institucional.
El propio Garzón decretó el 8 de febrero de 2008 la suspensión de actividades del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y ANV. En agosto de 2002 dictó esta misma medida en el caso de Batasuna-ETA.
Posterior ilegalización
A todas estas actuaciones, que impedirían a D3M y Askatasuna presentarse a las elecciones del 1 de marzo, podría sumarse a medio plazo su proceso de ilegalización, que también se ejecutaría ante la Sala del 61 del Supremo a iniciativa de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
Mediante este procedimiento el alto tribunal llevó a cabo la ilegalización tanto de Batasuna como más recientemente, en septiembre de 2008, de PCTV y ANV.