El fiscal Zaragoza se defiende de la sentencia del caso Otegi inventándose la aplicación de una Ley

(Libertad Digital) El tribunal se vio obligado a dictar sentencia absolutoria porque el fiscal, una vez practicadas las pruebas, retiró la acusación. Sin embargo, el propio tribunal respondió con una dura sentencia que razona la existencia de prueba de cargo suficiente contra el proetarra. Ahora el fiscal Zaragoza ha pretendido defenderse con un ataque mal calculado. En una nota de prensa dice que el tribunal pudo impedir la absolución aplicando la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, que por tanto, incurre en "dejación de funciones". El problema es que esa ley no se puede aplicar como dice el fiscal así que sólo caben dos interpretaciones a su actitud: manifiesta ignorancia o mala fe.

Lo ocurrido este viernes en la Audiencia Nacional es una de las maniobras jurídicas más arriesgada de los últimos tiempos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional acusa al tribunal encargado del juicio contra el dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi de "dejación de funciones" por su sentencia en la que le absuelve del delito de enaltecimiento del terrorismo al retirar la acusación el fiscal y en la que precisa que existían pruebas suficientes en su contra por su participación en el homenaje a la etarra Olaia Castresana.

Según explicó el Ministerio Público en una nota de prensa, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, pudo haber aplicado para mostrar su disconformidad con la posición fiscal el artículo 733 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que no hizo. Así, los fiscales destacan que el tribunal "no utilizó los mecanismos legalmente previstos". El 733 prevé que si el tribunal entiende que el hecho justiciable "ha sido calificado con manifiesto error" puede solicitar que se le ilustre sobre si el hecho que debe juzgarse constituye delito o si existe circunstancia eximente de responsabilidad. Pero en esta interpretación del 733 no hay sino ignorancia o, lo que sería peor, mala fe.

Sin embargo, la Fiscalía que dirige Conde Pumpido, dijo a Europa Press que la sentencia dictada por la Sala que ha juzgado a Otegi supone admitir que "el propio tribunal es prevaricador" ya que deja impune la comisión de un delito que supone suficientemente probado. Por ello --precisaron-- si la Sala considera que la Fiscalía no ha cumplido adecuadamente con su función, como se desprende de la resolución hecha pública hoy, debería haber acusado al Ministerio Público de prevaricación para evitar incurrir el propio tribunal en este delito.

Explica que "transcurridos más de diez minutos, hacen acto de presencia, de forma conjunta, tanto el representante del Ministerio Fiscal como la letrada del acusado (...), comunicando esta última al tribunal que según conversación telefónica mantenida con su cliente, éste se encuentra bloqueado por la nieve en la provincia de Burgos, de forma que no puede presentarse ante el tribunal", añade.