El Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha señalado este miércoles a su llegada a un acto al Tribunal Supremo que el Ministerio Público se opondrá a la suspensión cautelar del juez Baltasar Garzón. Esta postura era previsible ya que desde que el Alto Tribunal abrió causa al magistrado de la Audiencia Nacional por un presunto delito de prevaricación el fiscal lo ha apoyado.
Y con esta idea de fondo el jefe de los fiscales ha anticipado la decisión del Ministerio Público: "Es conocido por todos que el fiscal no formula acusación en este procedimiento ya que no apreciamos que exista delito por lo que mantendremos en la norma que hemos tenido hasta la fecha".
Conde Pumpido ha declarado que la Fiscalía emitirá el informe que le ha pedido el Consejo General del Poder Judicial “cuando proceda en Derecho”. No obstante, la decisión del Ministerio Fiscal, que no apoyará la inhabilitación de Garzón, no es vinculante.
El CGPj: "garante de la legalidad"
Preguntado por la decisión del gobierno de los jueces de pedir la opinión de la Fiscalía antes de que se dicte auto de procesamiento contra Garzón, Conde-Pumpido apuntó que el Consejo siempre actúa "con conocimiento de causa", y que la solicitud se realiza a la Fiscalía como "garante de la legalidad". Por esta razón lo que el dictamen diga "es importante a tener en consideración", dijo.
"El Consejo ha decidido solicitar el informe porque es lo que considera oportuno, y si se le pide, la Fiscalía lo emite", concluyó.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó ayer por unanimidad iniciar los trámites correspondientes para suspender cautelarmente al juez estrella. Según han señalado fuentes del gobierno de los jueces, el Consejo adoptó esta decisión a raíz de los últimos autos emitidos por el Tribunal Supremo. En concreto, en la resolución donde se admitíaa trámite la querella contra el instructor por “los cobros de Nueva York” y en el demoledor auto del magistrado Luciano Varela donde se ratifican los serios indicios sobre un posible delito de prevaricación del juez a la hora de abrir causa general a la Guerra Civil y el franquismo.
El Presidente del Consejo, Carlos Dívar, ha puesto hoy en conocimiento de Conde-Pumpido, cumpliendo el artículo 384.1 de la LOPJ, de la situación procesal en la que se encuentra el magistrado de la Audiencia Nacional para que el fiscal se postule a favor o en contra de la suspensión de Garzón.
Por su parte, el fiscal no tiene un plazo establecido para elevar su informe a la Comisión Permanente, encargada de decidir si se suspende o no temporalmente a Garzón hasta que se resuelvan los dos asuntos abiertos por la vía penal contra el instructor en el Supremo.