L D (EFE) Según informaron fuentes jurídicas, todos los imputados fueron procesados en sendos autos del juez Baltasar Garzón, que actuó primero contra Jarrai-Haika, a cuyos miembros acusó de pertenencia o colaboración con ETA el 22 de febrero de 2002, y luego contra su sucesora, Segi, cuyos integrantes fueron acusados el 13 de octubre de 2003.
En el primero de los autos de procesamiento, el magistrado describía a Jarrai-Haika como "un apéndice integrado en la estructura terrorista de ETA", y decía que "existen datos y elementos suficientes" para considerar acreditado que esta organización formaba "una estructura orgánica integrada en la misma organización terrorista ETA-KAS-EKIN". La resolución señalaba que "la organización juvenil Jarrai-Haika no constituye sino un apéndice integrado en la estructura terrorista de ETA, que financió su nacimiento y desarrollo y después diseñó, a través del proyecto Udaletxe, formas autónomas de financiación".
Agregaba que Jarrai-Haika sigue las directrices que imparte ETA, a quien le da cuenta de sus actividades "y a quien complementa en su actividad, cooperando a sus fines ilícitos" y sirviéndole "de cantera de militantes".
El juez insistía en que la vinculación de Jarrai-Haika con la violencia callejera "está fuera de toda duda", y añadía que "resulta inverosímil pensar" que esa actividad "se pueda desarrollar en el ámbito del País Vasco y Navarra fuera del control de ETA y, por tanto, ajena a los fines ilícitos de la organización terrorista". Garzón concluía que "si está acreditado indiciariamente que los procesados son integrantes de Jarrai-Haika, y si ésta se halla integrada en ETA-EKIN, y ésta es una asociación ilícita terrorista, resulta claro que aquellos pertenecen o colaboran con una organización terrorista".
En el segundo de los autos, el magistrado procesó por un delito de integración en ETA a 21 miembros de Segi y les impuso una fianza de un millón de euros en concepto de responsabilidad civil por los daños causados en diversas acciones de violencia callejera inducidas por esta organización juvenil ilegal.
El juez aseguraba en su resolución que Segi es la sucesora de Jarrai-Haika y que, como ésta, "mantiene una dependencia estructural y funcional" respecto de ETA-EKIN, "realiza convocatorias de actos y movilizaciones que suponen graves alteraciones de la normalidad ciudadana" y utiliza "como bases operativas" la red de "herriko tabernas" de Batasuna.
Según el fiscal, deben sentarse en el banquillo Maider Alonso, Amaia Arrieta, Mikel Ayllon, Unai Beaskoetxea, Olatz Carro, Igor Chillón, Olatz Dañobeitia, Garikoitz Etxeberria, Ugaitz Elizaran, Airoa Epelde, Ainara Frade, Gartzen Garayo, Sonia Jacinto, Patricio Jimbert, Izaskun Lesaka, Egoitz López de Lacalle, Amaia Maestre, Ibon Meñika, Alejo Moreno, Arkaitz Rodríguez e Igor Suberbiola.
También pide que se abra juicio oral a Igor Ortega, Asier Tapia, Jorge Jesús Urbiola, Arturo Villanueva, Garazi Viteri, Asier Otxoa, Xabier Abasolo, Eneko Aizpuru, Gorka Betolaza, Aiboa Casares, Aitor Elizaran, Iker Frade, Unai González, Xabier Gogenola, Asier Iñigo Egizurain, David Lizarralde, Garikoitz Mujika, Arkaitz Martínez de Albéniz, Jon Markel Ormazabal, Aitziber Pérez y Zigor Ruiz.
En el primero de los autos de procesamiento, el magistrado describía a Jarrai-Haika como "un apéndice integrado en la estructura terrorista de ETA", y decía que "existen datos y elementos suficientes" para considerar acreditado que esta organización formaba "una estructura orgánica integrada en la misma organización terrorista ETA-KAS-EKIN". La resolución señalaba que "la organización juvenil Jarrai-Haika no constituye sino un apéndice integrado en la estructura terrorista de ETA, que financió su nacimiento y desarrollo y después diseñó, a través del proyecto Udaletxe, formas autónomas de financiación".
Agregaba que Jarrai-Haika sigue las directrices que imparte ETA, a quien le da cuenta de sus actividades "y a quien complementa en su actividad, cooperando a sus fines ilícitos" y sirviéndole "de cantera de militantes".
El juez insistía en que la vinculación de Jarrai-Haika con la violencia callejera "está fuera de toda duda", y añadía que "resulta inverosímil pensar" que esa actividad "se pueda desarrollar en el ámbito del País Vasco y Navarra fuera del control de ETA y, por tanto, ajena a los fines ilícitos de la organización terrorista". Garzón concluía que "si está acreditado indiciariamente que los procesados son integrantes de Jarrai-Haika, y si ésta se halla integrada en ETA-EKIN, y ésta es una asociación ilícita terrorista, resulta claro que aquellos pertenecen o colaboran con una organización terrorista".
En el segundo de los autos, el magistrado procesó por un delito de integración en ETA a 21 miembros de Segi y les impuso una fianza de un millón de euros en concepto de responsabilidad civil por los daños causados en diversas acciones de violencia callejera inducidas por esta organización juvenil ilegal.
El juez aseguraba en su resolución que Segi es la sucesora de Jarrai-Haika y que, como ésta, "mantiene una dependencia estructural y funcional" respecto de ETA-EKIN, "realiza convocatorias de actos y movilizaciones que suponen graves alteraciones de la normalidad ciudadana" y utiliza "como bases operativas" la red de "herriko tabernas" de Batasuna.
Según el fiscal, deben sentarse en el banquillo Maider Alonso, Amaia Arrieta, Mikel Ayllon, Unai Beaskoetxea, Olatz Carro, Igor Chillón, Olatz Dañobeitia, Garikoitz Etxeberria, Ugaitz Elizaran, Airoa Epelde, Ainara Frade, Gartzen Garayo, Sonia Jacinto, Patricio Jimbert, Izaskun Lesaka, Egoitz López de Lacalle, Amaia Maestre, Ibon Meñika, Alejo Moreno, Arkaitz Rodríguez e Igor Suberbiola.
También pide que se abra juicio oral a Igor Ortega, Asier Tapia, Jorge Jesús Urbiola, Arturo Villanueva, Garazi Viteri, Asier Otxoa, Xabier Abasolo, Eneko Aizpuru, Gorka Betolaza, Aiboa Casares, Aitor Elizaran, Iker Frade, Unai González, Xabier Gogenola, Asier Iñigo Egizurain, David Lizarralde, Garikoitz Mujika, Arkaitz Martínez de Albéniz, Jon Markel Ormazabal, Aitziber Pérez y Zigor Ruiz.