El fiscal pide 32 años de prisión para el etarra "Kantauri" por crear el "grupo Araba"

L D (EFE) En el juicio que se celebró este jueves, el fiscal consideró que han quedado "perfectamente acreditados" los delitos de depósito de armas y municiones, tenencia de explosivos y dos delitos de falsedad documental –placas de matrículas, DNI y permisos de conducir–, por los que en total solicita 32 años de prisión.

El fiscal explicó que el material fue intervenido por los agentes policiales en diciembre de 1995, cuando registraron un piso alquilado por la integrante de ETA Nerea Bengoa en Vitoria (Álava) y donde residían los etarras Agustín Almaraz y Juan Ignacio Alonso, ya condenados por integración en ETA, y que seguían las órdenes de "Kantauri", quien les facilitó la documentación falsa para llegar desde Francia hasta la localidad alavesa.

Los peritos policiales ratificaron que en este piso hallaron diverso material como 173 kilos de amonal, pistolas, subfusiles y municiones, además de documentos de identidad y de conducir falsos y placas de matrícula igualmente falsas. Almaraz y Alonso –según el fiscal– recibieron la orden de "Kantauri" de asesinar a Juan María Atutxa, lo cual no se llevó a cabo, ya que no llegaron a recibir un fusil por parte del procesado, aunque en la vista de este jueves los dos etarras dijeron que no recordaban tales planes.

El atentado contra Atutxa no era objeto de acusación en este juicio al ser excluido del decreto de extradición de Francia. El fiscal agregó que en las declaraciones que Almaraz y Alonso prestaron cuando fueron detenidos en 1995 consta que mencionaron en varias ocasiones al procesado y que le reconocieron fotográficamente.

Además, señaló que la declaración de Almaraz de 1995 era "paradigmática" porque su abogado de confianza, Txema Matanzas, que, recordó, estaba acusado de estar relacionado con el entorno etarra, relató el recorrido de su defendido por la organización terrorista, así como su relación con el grupo "Araba", que dirigía "Kantauri". "Kantauri", que reconoció su pertenencia a ETA y que se negó a declarar, fue entregado a España el 7 de noviembre de 2006.