La Fiscalia de la Audiencia Nacional ha pedido al juez Eloy Velasco que archive "ad limine" la denuncia interpuesta el pasado miércoles por el sindicato Manos Limpias contra los negociadores del Gobierno con ETA, según consta en las actas incautadas a la banda criminal.
En la denuncia, se acusaba al exfiscal general del Estado, Javier Moscoso,al presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren y al vocal del CGPJ, Javier Gómez Benítez, emisario del Ejecutivo del José Luis Rodríguez Zapatero, de la presunta comisión de los delitos de colaboración con banda armada y encubrimiento.
En su escrito, el fiscal Miguel Ángel Carballo señala que la denuncia interpuesta en este tribunal "recoge de forma parcial y fragmentaria unas supuestas manifestaciones realizadas por los denunciados, que aparecen publicadas en algunos medios de comunicación citando como fuentes unas supuestas actas de negociación o de contactos entre los representantes del Gobierno y miembros de la organización terrorista ETA, que supuestamente fueron encontradas entre los documentos incautados al miembro de ETA, Francisco Javier López Peña Thierry".
Además de no dar credibilidad al contenido de esas informaciones periodísticas, el Ministerio Público dice que "resulta obvio que tales conversaciones no sólo no pueden conceptuarse en ningún caso como actos materiales de apoyo a acciones específicas de carácter terroristas (...) por más que tales frases se extraigan de su contextos o se adornen de valoraciones subjetiva e interesadas".
Por otro lado, el fiscal Carballo se remite a la abundante jurisprudencia que emana del Tribunal Supremo donde se rechaza que las conversaciones entre dirigentes políticos y terroristas se criminalicen. La fiscalía califica esta pretensión de "temeraria".
Asimismo, el Ministerio Público subraya que la Audiencia Nacional carece de competencia para investigar esta negociación al ser uno de los acusados aforado en el País Vasco y otro vocal del órgano de gobierno de los jueces, por lo que en este caso sería competencia del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior del País Vasco la instrucción de estos hechos.
Ahora, la decisión de admitir a trámite la denuncia o, rechazarla tal y como pide el Ministerio Fiscal, corresponde al juzgado de Eloy Velasco.