(Libertad Digital) Desde el momento en que la banda terrorista ETA anunció su "alto el fuego permanente", el pasado 22 de marzo, las desavenencias entre el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, y el magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, han ido en aumento. La Fiscalía al mando de Pumpido, así como distintos sectores del PSOE y del nacionalismo vasco, era partidaria de tener en cuenta las "especiales circunstancias" que se habían abierto tras el alto el fuego. No así el magistrado que pretendía seguir manteniendo la independencia del poder judicial.
Pero los desencuentros entre ambos se tradujeron en varias resoluciones. Por ejemplo, el fiscal pidió una fianza de 30.000 euros para el dirigente del PNV Gorka Aguirre, cuando, según informa La Vanguardia recogiendo fuentes de la Audiencia Nacional, había indicios más que suficientes para haber solicitado una fianza más alta e incluso alguna medida más rigurosa. También, la Fiscalía, obligó a Marlaska a poner en libertad a los dos empresarios navarros detenidos por haber pagado a los terroristas etarras. Marlaska sostenía que había indicios más que suficientes para tomar mayores medidas cautelares, puesto que en el auto constaba que habían entregado dinero de forma voluntaria a ETA, y no porque hubieran sido extorsionados.