L D (EFE) Rubira ha justificado su cambio de postura durante la vista de apelación celebrada este lunes ante la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia. Hasta ahora, el fiscal había defendido el archivo de las denuncias pero, según ha reconocido, la "orden" recibida por parte del fiscal general del Estado ha motivado su giro. Cándido Conde-Pumpido expresó el pasado viernes la necesidad de determinar si en los errores detectados en la identificación de al menos 22 cadáveres se había producido un delito de falsedad documental.
Competencia de la Audiencia
En su informe presentado este lunes, el Ministerio Público destaca los obstáculos que hay que remover para que la Audiencia Nacional investigue las irregularidades detectadas en el accidente y en la identificación de los fallecidos. En primer lugar cita la necesidad de tener la certeza de que los hechos incluidos en las denuncias de los familiares son constitutivos de delito y que éstos se cometieron en el extranjero, ya que de no ser así, la competencia sería del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Sólo si los generales de División que se desplazaron a Turquía para revisar las autopsias, en la reserva desde el pasado viernes, hubieran firmado en dicho país las actas por las que se les acusa de falsedad y prevaricación, sería competencia de la Audiencia Nacional, ya que es el órgano competente para investigar delitos de españoles cometidos en el extranjero.