La Intervención Generalde la Administración del Estado realizó desde 2002 a 2007 una auditoría de Elsur, la empresa clave de la Operación Poniente penetrada por los hilos de la trama corrupta, apunta a que el Grupo Abengoa podría estar en Agua y Gestión de Servicios Urbanos SLU y Agua y Gestión de Servicios Ambientales S.A. Sigue el informe diciendo que "Agua y Gestión de Servicios Urbanos SLU, accionista mayoritaria de Elsur, recibía negocio como subcontratistas de la propia Elsur mientras que la otra mercantil, Agua y Gestión de Servicios Ambientales SA, cobraba de Elsur por los gastos de gestión del grupo". La Intervención del Estado apunta, pues, a que Abengoa "renunció a una gestión solvente" de Elsur. Lo publica Noticias de Almería.
"Se confirma, así, que el grupo Abengoa ha renunciado a una gestión empresarial solvente de Elsur y ha accedido a soportar las consecuencias a cambio de lograr dos líneas de negocio, una como subcontratista de su propio grupo y otra aparentemente gratuita, ya que cobra por una gestión cuyas decisiones toman otros", concluye este informe.
Nadie logra explicarse cómo Abengoa, la gran empresa andaluza por excelencia y de gran prestigio nacional e internacional -actualmente tiene una línea de negocios de energías alternativas en Estados Unidos- se ha podido implicar de esta manera en la estrategia de corrupción de los munícipios y cargos municipales imputados.
Como ejemplo, la Intervención del Estado pone que el negocio se ha "basado en el pago a otras empresas que prestan servicios que, además de irregular, encarece la gestión con las comisiones y plusvalías de los intermediarios". Eso pudo encarecer el canon cobrado por Elsur hasta en 10 millones de euros.
Pero ese mismo informe tampoco deja en buen lugar al Ayuntamiento, de quien comenta que teniendo el 30% del accionariado, soportó situaciones perjudiciales para sus intereses. Uno de los motivos podría ser -según señala- era esquivar la ley de Haciendas Locales en cuanto al tope de endeudamiento.
Abengoa y la renuncia a la gestión adecuada
El Grupo Abengoa, máximo accionista de la empresa mixta de servicios municipales del Ayuntamiento de El Ejido (Elsur) mediante sus filiales, llegó a facturarle a esta mercantil hasta 21,2 millones de euros, según un informe de la Agencia Tributaria que aporta la Fiscalía Anticorrupción y la Criminalidad Organizada, y que forma parte del bloque de sumario sobre el que la juez instructora de la Operación Poniente, Monserrat Peña, ha levantado el secreto.
Abengoa tiene el 70% del accionariado de Elsur, pero nunca pidió dividendos a esa sociedad, en la que el 30% lo tiene el Ayuntamiento de El Ejido, cuyo alcalde es a la vez presidente del consejo de administración. Desde Elsur se subcontrató con empresas, y eso a pesar de estar prohibido por el pliego de concesión de servicios, y en este sistema es en el que se produce el presunto enriquecimiento ilícito tanto de la propia Abengoa, como del alcalde ejidense, como de un grupo de empresarios.
Un detalle importante de este informe es que asegura que se produce una "despatrimonialización de Elsur", que para nada parece importar a su principal accionista privado. Según el informe que se recoge en el sumario, "Cabe sospechar que las cantidades cobradas por el Grupo Abengoa podrían corresponder a una compensación por renunciar a la gestión de Elsur y al cobro del 70 por ciento de los beneficios" vía dividendos.
Agua y Gestión de Servicios Urbanos SL, Befesa Agua SA, Agua y Gestión de Servicios Ambientales S.A., habrían sido las sociedades mediante las que Abengoa está presente en Elsur, y participan presuntamente del "mecanismo fraudulento" organizado para "beneficiarse de una gestión de los servicios públicos complaciente con sus intereses, lo que les permite una facturación sobrevalorada con servicios inexistentes o manipulados".
Este informe hace referencia a que todos los implicados obtuvieron unos "superbeneficios no justificados" de Elsur mediante "precios inflados" y una "sobrefacturación". Se trató por tanto de un "desvío patrimonial" que obligó a un incremento del canon que le pagaba el Ayuntamiento, pasando de 16,7 millones a 36,5 millones de euros entre 2002 y 2007, el cual acababa siendo derivado a las subcontratas mediante una "facturación innecesaria" y luego utilizando métodos diversos para "ennegrecer una gran cantidad de dinero y ocultarlo".
Uno de los principales imputados es el alcalde, Juan Enciso, y su familia. Así, se indica que las sociedades familiares Enciso y Callejón S.L., Enciso y Aguilera, percibieron de Jardines del Poniente y Jardines del Alcor -de la que es titular el empresario también imputado Juan Antonio Galán- pagos de 388.000 y 95.000 euros respectivamente, aunque el objeto mercantil de una y otra son el comercio al mayor de frutas y verduras, y la promoción inmobiliaria y alquiler de locales industriales. Es decir, Elsur pagaba a estas empresas de Galán, que a su vez pagaban las de la familia Enciso.
Pero no queda ahí, ya que Francisco José Aguilera, cuñado del alcalde, facturó como persona física a Elsur en cuatro años un total de tres millones de euros, a los que hay que sumar 550.000 euros facturados "directamente" al Ayuntamiento entre los años 2002 y 2005.
Otro de los imputados es José Amate, quien fuera director de Elsur en un primer momento y persona de confianza de Abengoa cuando la empresa mixta echó a andar. Las mercantiles vinculadas a él y su familia, que son en total seis, son al parecer las que más se enriquecieron, y es que no en vano él es considerado como el instigador -"individuo aglutinador" se le denomina- de todo el operativo -definido como "grupo criminal perfectamente estructurado"- para "retraer dinero proveniente del Ayuntamiento de El Ejido "sirviéndose" de la empresa municipal y articulando "una serie de artificios para encubrir el verdadero origen de los fondos e integrar dicho flujo monetario en su entorno familiar".
Amate, que pudo haber ingresado aproximadamente 6,7 millones de euros según la Fiscalía entre 2002 y 2007, actuó mediante las empresas son Alseconsa Indalo S.L., Jarbauros Obras y Servicios S.L., Merfaoran Servicios S.L., Carseal Servicios SL, Francenta Servicios S.L. y Mafran Obras y Servicios, las cuales de un modo u otro recibía dinero de Elsur por sus servicios, como acreditaban las llamadas telefónicas intervenidas.
En otro informe más del sumario, se recoge que Amate había creado tres sociedades patrimoniales denominadas Merfaros, Almarire Servicios S.L. y Avilama, cuyo fin era "destinatarias de parte de los superbeneficios obtenidos a través de facturas no ciertas a las otras seis mercantiles del grupo, a su vez subcontratas de Elsur".
El imputado Juan Antonio Galán habría facturado de Elsur a través de las empresas Lobelia Gestión, Jardines del Alcor y Jardines del Poniente un total de 27,4 millones de euros, de los que como ya se ha dicho, tenía que pagar a las empresas vinculadas al alcalde ejidense, pero también hacía pagos a otros miembros del Ayuntamiento, según se indica. A esto hay que sumarle otra facturación extra, la cuantía sería de 30,9 millones de euros, a los que se sumarían 4,9 millones más que son facturados directamente al Ayuntamiento.
Galán contaba con dos sociedades patrimoniales, GP Santander y Multigestión Nuevo Ejido. La primera se "nutrió principalmente" de 'Jardines del Poniente y 'Jardines del Alcor', de las que ingresó 3,4 millones de euros lo que "da una idea del elevado margen de beneficios obtenido por estas dos últimas sociedades" que sólo facturaban a Elsur. La otra mercantil percibió de las subcontratas que controlaba un total de 672.000 euros.