Florez dice que le encargaron una monografía sobre las deficiencias del CNI

Roberto Flórez García se sentó este lunes en el banquillo de los acusados por revelar presuntamente a Rusia entre 2001 y 2004 identidades de agentes e información sobre el CESID a cambio de 200.000 dólares. La Fiscalía de Madrid solicita doce años de prisión para el procesado por un delito de traición.

Se trata del primer juicio que se celebra en España por esta infracción penal, recogida en el artículo 584 del Código Penal. El único antecedente sobre un tema algo similar se encuentra en el caso del ex coronel Juan Alberto Perote por las escuchas del CESID, en el que se le juzgó por un delito de utilización de artificios técnicos de escucha y grabación del sonido.

Al concluir el juicio, el abogado del acusado, Manuel Ollé, explicó que su cliente defendió su inocencia al argumentar que las cartas, el material y los documentos encontrados en su casa eran para complementar la monografía encargada por sus superiores. Además, recordó que es sabido que en aquella época hubo muchos cambios en la estructura del CESID y que su cliente achacó entonces la denuncia a que "no era bien visto" entre determinados sectores de los servicios de inteligencia.

"Es una carta totalmente figurada y ni siquiera estaba dirigida como si fuera un directivo. Los destinatarios no eran reales. Era un caso irreal para evidenciar las deficiencias del CESID", recalcó Ollé, quien subrayó que el denunciante no ha acreditado que las misivas se remitieran finalmente o "a qué servicio secreto se pudo entregar".

Un supuesto práctico

"Le encargaron una monografía y él dentro de su libertad de trabajo y de actuación concluye esa monografía realizando el supuesto práctico como un anexo", añadió. "Cuando terminó su redacción, las metió en una bolsa permaneciendo ahí hasta que fue detenido", añadió el letrado, quien apuntó que tenía sus cartas en su condición de trabajador por el desempeño de su puesto.

"Nunca ha dicho que esas cartas ni fueran sustraídas ni se abriera ningún armario o cajón. Las tenía él como consecuencia del trabajo que estaba desarrollando. Tras los cambios de estructura en el CNI, desiste del trabajo que le habían encomendado", agregó. "El 90% del sumario es material clasificado. Este material lo tenía como parte del trabajo que desarrollaba. Había muchos documentos que podían ser cosas privadas", puntualizó.

Además, el abogado defensor apuntó que el ex director del CNI Alberto Saiz se acogió a su derecho a no declarar a las preguntas de la defensa, "sin aportar ni una sola prueba sobre que su cliente hubiera entregado, ofrecido o vendido información clasificada como secreta a servicio secreto o estado alguno".

A preguntas de los periodistas, el ex director del CNI se limitó a señalar que cumplió con su obligación de declarar como testigo ante el tribunal para colaborar con la Justicia. "He llegado al límite de mis declaraciones hasta donde he podido llegar. He sido lo suficientemente claro. No he hecho nada extraordinario, cumplir con mis obligaciones como ciudadano. Todo lo que podía contar lo he contado en la sala", apostilló.

Nunca hubo intento de ofrecimiento

La defensa de Flórez aseguró antes de que comenzara el juicio que su cliente "nunca" intento ofrecer documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a Rusia a cambio de percibir 200.000 dólares como contraprestación a su intercambio.

Ollé insistió en que el procesado siempre ha defendido su inocencia a lo largo de las declaraciones que se le han ido tomando durante la instrucción, en cuyo proceso, según reseñó, el derecho de defensa de su cliente ha tenido "muchas limitaciones por el secreto del sumario". Por ello, avanzó que pedirá su libre absolución en la fase de exposición de sus conclusiones definitivas.

"No hay ni un sólo elemento que lo diga", señaló el abogado al ser preguntado por la posibilidad de que se pueda comprobar en la lista oral el hecho que de que su cliente haya percibido los 200.000 dólares.

A preguntas sobre las cartas incautadas, el letrado reconoció que "esas cartas están", pero apuntó que su cliente ofrecería en la vista oral una explicación sobre por qué estaban en su domicilio. Además, señaló que el acusado se encuentra "muy bien, tranquilo y con ganas de que se celebre el juicio".  

En cuanto al resto de acusaciones, el abogado del Estado reclama la misma pena por el mismo delito, pero subsidiariamente reclama una pena de cárcel de cuatro años por un delito de revelación y descubrimiento de secretos y información relativa a la defensa nacional.

Espía para Rusia

En el escrito de acusación, el fiscal señala que el acusado prestó servicio al CNI desde el 20 de marzo de 1991 hasta el 25 de marzo de 2004. Durante este tiempo, el procesado se fue apoderando de numerosa documentación perteneciente al CNI, tratándose de información legalmente clasificada como secreta.

Según el fiscal, el ex agente sacó dicha documentación, guardándola en DVD's, CD's, Cintas-Casete, Microcintas y otros soportes informáticos. La información fue encontrada en las entradas y registros realizadas el 23 de julio de 2007 en dos viviendas situadas en Puerta de la Cruz, perteneciente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en Canarias.

Además de apoderarse de la citada documentación e información, el procesado se la ofreció a los servicios secretos de Rusia, poniendo "en grave peligro la Seguridad y Defensa Nacional" para beneficiarse económicamente.

El Consejo de Ministros acordó el 27 de marzo de 2009 desclasificar los documentos incautados. Entre ellos, figuraban dos cartas remitidas por el ex agente a un tal "Sr Melnikov", identificado por el Ministerio de Exteriores como consejero de la embajada de Rusia en España. "Soy un directivo del CESID que tiene interés de comunicarle su disposición a colaborar con el servicio y el país al que usted representa", recogía la misiva.

Colaboración con Rusia

En la carta, ofrecía información sobre "quién es quién" en el CNI; su estructura y organización; procedimientos de trabajo contra Rusia y países terceros; y sobre los intereses y temores de España, entre otros aspectos. Además, se ofrecía a facilitar la penetración de agentes del servicio de Rusia en el CNI.

En una segunda misiva, el acusado expone que una de las razonas por las que remitía esta segunda comunicación era "la conveniencia de mejorar la seguridad y disminuir la vulnerabilidad del sistema de comunicación" que sugirió en la primera carta. "Además, la información más importante a la que tengo acceso tendría para ustedes de un gran interés estratégico", añade.

A cambio de esta colaboración, el procesado reclamó como contraprestación 200.000 dólares, estableciendo procedimientos de enlace y comunicación, según recoge el escrito del fiscal.

La Abogacía del Estado explica en su escrito que el CNI inició en 2005 una investigación interna de seguridad específica en el ámbito de la contrainteligencia con la idea de comprobar las sospechas que tenía sobre una posible revelación ilegal de información clasificada que comprometía a la seguridad nacional.