El 4 de mayo, Joseba Elosua, propietario del bar Faisán, en Irún, recibió una llamada que le alertaba de una redada que iba a ordenar, de un momento a otro, el juez Fernando Grande-Marlaska. Según los datos contrastados de la investigación, el responsable del entramado financiero terrorista habló desde su coche con su cuñado y le explicó que "un hombre" le había pasado un teléfono móvil. Al otro lado, alguien le advirtió de que era controlado por la Policía y de que iban a producirse detenciones.
La conversación quedó grabada por las fuerzas de Seguridad y al llegar hasta el juez Markaska, el magistrado decidió investigar de dónde procedía el soplo en una pieza separada de la que le ocupaba, dedicada a la investigación del entramado financiero de los terroristas. En esos momentos, el juez sustituía a Baltasar Garzón, que disfrutaba de una excedencia para hacer un curso en Nueva York.
La investigación dio un giro cuando se descubrió la procedencia de las llamadas recibidas en el entorno de Irún el día del chivatazo. Una de ellas se había realizado desde la sede del PSOE en Ferraz y se hizo a un móvil próximo a la zona del Bar Faisán. Su autor, como reveló El Mundo, era el jefe de seguridad del PSOE, Fernando Mariscal. Mariscal explicó que la llamada, que recibió el comisario Manuel Risco, tenía como único objetivo felicitarle por su cumpleaños.
A su regreso a España, Garzón se hizo cargo de las investigaciones sobre el soplo y el caso quedó prácticamente enterrado. Uno de los pocos movimientos en torno a él lo hizo no para averiguar algo de los autores del chivatazo sino para exculpar a Mariscal y Risco de cualquier vínculo con el asunto. Tres años después, el escándalo sigue sin resolverse.