En un vaivén diabólico, la policía recupera coches robados, los dueños no pueden recuperarlos y son nuevamente robados o dañados.
De este modo, si un agente encuentra un coche robado tiene que llamar urgentemente al dueño para que lo recoja. Si no lo hace, el riesgo de nuevo robo o de daños importantes es casi total. Nadie encuentra explicación para la negligencia morosa de la Junta que ha conllevado el despido de los trabajadores de las instalaciones de la empresa.
El depósito de Lorenzana fue abierto hace dos años porque no había un lugar adecuado para situar los coches requisados o recuperados de robos. Hasta entonces, los vehículos de tales características se almacenaban en dependencias policiales o en un solar cercano a la Comisaría General de Policía de Sevilla.
Hace unas dos semanas, la empresa Lorenzana decidió cerrar su depósito judicial-policial de vehículos porque la Consejería de Justicia había dejado de pagarle un millón de euros que le debía, con la consecuencia de que ha tenido que despedir a su plantilla. El cierre de las instalaciones ha dejado un millar de vehículos en su interior que no pueden ser recogidos.
Ahora, pues, si la Policía logra recuperar un vehículo robado lo tiene que dejar en medio de la vía pública, habitualmente en zonas saturadas de delincuencia. Tras el hallazgo, se llama a los dueños que, si no pueden ir a recogerlo de manera inmediata, sufren el riesgo de ser nuevamente robados o de ver cómo sus coches son desmontados pieza a pieza en plena calle.
También hay un Audi A3 rojo que permanece a las puertas de la jefatura porque cuando fue localizado le faltaban las cuatro ruedas, y los agentes se temieron que, al ser nuevo y muy vistoso, en pocas horas algún maleante lo dejase en el chasis. Además de entorpecer y convertir en agua de borrajas el trabajo policial, el cierre del depósito retrasa los procesos judiciales en curso.
El depósito de Lorenzana tiene 12.000 metros cuadrados, es propiedad de la empresa y fue adquirido para dedicarle específicamente al menester de depósito judicial en 2007. Las incorrectas previsiones de la Junta, que calculó la mitad de movimiento del que realmente hubo en el depósito , ocasionó que se gastara el presupuesto de dos años en uno. La empresa ha tenido que soportar una factura de IVA de más de 150.000 euros, además del resto de sus impuestos, sin haber percibido los ingresos correspondientes de la Junta.