L D (Europa Press) Sólo dos militares gestionaban el denominado "grupo de control" del contrato de la agencia NAMSA, uno era este coronel y el otro era un comandante. Joaquín Yanes González, que asistió como testigo ante la juez Teresa Palacios, llegó a este puesto cuando ya se había gestionado el contrato y cesó en febrero de este mismo año. Dado que sólo eran dos personas, sus funciones las delegaban para que durante las 24 horas del día hubiera un oficial de contacto.
Durante su declaración de cerca de dos horas, el coronel explicó que el método de contratación usado para el Yak-42 se basaba en que no había alternativas, ya que no se podía negociar con nadie más, debido a que las compañías nacionales eran reticentes a llevar aviones a sitios como Kabul por el elevado riesgo que suponía. Iberia, una de las pocas que sí respondió a la llamada (la mayoría, según el testigo, no contestaba), puso pegas. Según fuentes judiciales, el coronel argumentó que las Fuerzas Armadas españolas carecen de medios suficientes de transporte y que, además, los “Hércules” no se movilizaron, entre otras cosas, porque son extraordinariamente incómodos.
Como ya adelantó Libertad Digital en junio de 2003, Defensa suele realizar tres vuelos mensuales a zonas de conflicto, uno de ellos en “Hércules” y los otros dos subcontratados a través de la NAMSA, que a su vez subcontrata a otras empresas. En concreto, según datos de Defensa, NAMSA contrató con el 'broker' aéreo Chapman, quien a su vez lo hizo con Volga; ésta con la compañía Adryatic y esta última con Um Air, la propietaria ucraniana del Yak-42 que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) con 62 militares españoles a bordo.
El coronel puso énfasis en que es NAMSA quien propone el contrato de adhesión y las delimitaciones. Además, es un contrato tipo al que cada Estado se adhiere o no. Respondiendo a si la razón de acudir a este tipo de contratación era porque existía un presupuesto limitado, el coronel adujo que el tema económico no era un impedimento, remitiéndose siempre a la falta de alternativas. Además, señaló que el modelo Yak-42 es un avión seguro, que es el tercero en menor siniestralidad, y que incluso había sido alabado por cooperantes y periodistas. Manifestó que la razón por la que, en el malogrado vuelo, se modificó la contratación inicial de un Tupolev a un Yak-42 fue que éste último es un aparato más versátil y que proporcionaba más posibilidades para aterrizar en aeropuertos pequeños. No obstante, reconoció que su autonomía era inferior al primero, dato que es importante, pues, según la acusación, un avión con más autonomía habría podido llegar a Ankara para aterrizar a salvo.
Un grupo que sólo ejercía control burocrático
Yanes sostuvo en todo momento que su grupo no tenía funciones para realizar inspecciones técnicas en los aparatos, de forma que no realizaban un control técnico, sino burocrático, y que la NAMSA era la encargada de la supervisión. Las fuentes de la acusación particular constataron a Europa Press que existían pocas posibilidades de control para un grupo formado por sólo dos personas.
El coronel dijo desconocer que Suecia, Noruega y Finlandia rechazaron volar con aparatos como el Yak-42; y que las autoridades aéreas ucranianas habían sido requeridas en varias ocasiones para que ejercieran una mayor supervisión en sus compañías. Por otro lado, fuentes jurídicas apuntaron que el fiscal adscrito al caso, Fernando Burgos, estudia pedir el archivo de la pieza de esta causa relativa a la contratación del avión.
En principio, se está a la espera del informe de la Comisión Internacional que investiga la causa del accidente. A la vista del mismo y en función de sus conclusiones, es previsible que el Ministerio Público pida el archivo, asunto en el que podría haber cierto grado de acuerdo entre las partes.
La identificación de las víctimas
En cuanto a la otra pieza de la causa, la relativa a la identificación de los cadáveres, las citadas fuentes jurídicas señalaron que el que continúe abierta no es un problema de hecho, sino de calificación jurídica, y que es necesario ver si se cumplen los requisitos para encajar los hechos en un precepto penal.
En esta causa, han declarado como imputados las personas que extendieron los partes de autopsias, el comandante médico José Ramón Ramírez García y el capitán médico Miguel Angel Sáez García; así como los generales de División Vicente Carlos Navarro y José Antonio Beltrán, receptores en Turquía tanto de los cadáveres identificados como de los no identificados.
Fuentes de la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Yak-42 indicaron que, después de que finalizasen las exhumaciones, el pasado viernes los forenses terminaron de tomar muestras para practicar de nuevo los test de ADN. Ahora queda que el Instituto de Toxicología emita sus informes.