(Libertad Digital – Víctor Gago) El Consejo Fiscal entiende que, en su actual redacción, el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial conduciría a que la Audiencia Nacional asuma las operaciones contra pateras y barcos negreros en aguas internacionales.
De ahí –han explicado a LIBERTAD DIGITAL fuentes de la carrera fiscal-, la necesidad de retocar el artículo 65 de la vigente Ley, que establece la jurisdicción de los Juzgados Centrales de Instrucción para los delitos cometidos por extranjeros fuera del territorio nacional y que, no obstante, sean competencia de la Justicia española.
"Según este precepto, y una vez reformada la Ley Orgánica para que los tribunales españoles puedan entender sobre operaciones contra el tráfico personas practicadas en aguas internacionales, sería la Audiencia Nacional el órgano competente para tramitar estos casos", han advertido las mismas fuentes, en declaraciones a este diario, al término de la reunión del órgano rector del Ministerio Público, que preside el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido y está integrada por miembros natos de la confianza del Gobierno y representantes de las asociaciones profesionales, en proporción a su peso en la carrera.
El Gobierno se propone introducir una modificación puntual en la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los juzgados españoles puedan practicar diligencias en casos de operaciones de la Policía y la Guardia Civil contra pateras y barcos negreros en aguas internacionales.
"No se trata de ser los gendarmes del mar, sino de proporcionar a los juzgados españoles una jurisdicción clara para que los detenidos en este tipo de operaciones no queden en libertad por una laguna en la legislación", han reconocido las mismas fuentes.
El origen de esta reforma son determinadas resoluciones de la Audiencia Provincial de Las Palmas, declarándose incompetente ante operaciones contra el tráfico de personas practicadas en aguas internacionales.
"El criterio del Ministerio Fiscal ha sido, en todos los casos, que los tribunales ordinarios deben ser competentes", explican a este diario, "pero es el Tribunal Supremo el que debe resolver sobre las dudas que, en este sentido, le han elevado, y mientras ese fallo se produce, el Gobierno ha decidido que es mejor clarificar la competencia de la Justicia española mediante una reforma puntual del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial".
El otro asunto relevante abordado por el Consejo Fiscal en su reunión de este martes ha sido la creación de una comisión de seguimiento de la aplicación de la llamada Ley de Paridad en la carrera fiscal, una iniciativa que entre el sector profesional consultado por LD se considera "prescindible".
"La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ya regía escrupulosamente en la carrera fiscal antes de la promulgación de esta Ley", han señalado.