L D (Agencias) La proposición no de ley requería a los ayuntamientos del País Vasco y de Navarra que retiren los nombres de calles, placas conmemorativas o cualquier monumento que homenajee a terroristas, así como que el Gobierno inste a las corporaciones locales que hayan designado como hijos adoptivos a etarras o les hayan dado cualquier otro tipo de honores para que revoquen dichos acuerdos. También pretende que el Ejecutivo remita al Congreso un listado de los ayuntamientos en los que se mantenga algún tipo de recuerdo honorífico a miembros de ETA.
Sin embargo, el diputado del PP Carlos Salvador ha considerado que aprobando esta propuesta se enviaría un "mensaje claro" a la banda armada: "vamos a ir a por ellos y no les vamos a dejar en paz". Salvador, que ha recordado que desde que ETA rompió el alto el fuego el PP ha exigido en varias ocasiones que se revoque la resolución de mayo de 2005 que autoriza al Gobierno a dialogar con ETA en ausencia de violencia, ha dicho que el actual Ejecutivo es el "responsable directo" de que quienes honran a los etarras "hayan vuelto" a los ayuntamientos, en alusión a los partidos PCTV y ANV.
El diputado del PSOE Pedro Muñoz ha exigido al PP lealtad con el Gobierno en materia de lucha antiterrorista y ha señalado que el Estado de Derecho tiene mecanismos para impedir los hechos que denuncian, los cuales ha calificado de "repugnantes", pero no en la Cámara Baja, ha precisado.
Para el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, esta proposición responde a la actitud del PP en esta legislatura, en la que, ha dicho, comenzó utilizando el terrorismo como "arma arrojadiza de partido" y la termina de la misma forma. "El PP: genio y figura hasta las próximas elecciones", ha afirmado Llamazares.
Por parte del Grupo Mixto, Begoña Lasagabaster ha criticado que en todas sus propuestas el PP aluda siempre a los mismos argumentos (la presencia del PCTV y ANV, la revocación de la resolución de 2005 o la falta de apoyo de los partidos), mientras que Agustín Cerdá (ERC) y Josep María Guinart (CiU) han coincidido en que ni es oportuno el momento ni la forma en que se ha traído la propuesta.
También ha rechazado la propuesta el diputado del PNV Emilio Olabarría, quien ha insistido en que existen mecanismos para desarrollar sus propuestas y ha considerado que requerir un listado de ayuntamientos es "realmente chusco" y convierte a la Cámara Baja en un órgano jurisdiccional.
Sin embargo, el diputado del PP Carlos Salvador ha considerado que aprobando esta propuesta se enviaría un "mensaje claro" a la banda armada: "vamos a ir a por ellos y no les vamos a dejar en paz". Salvador, que ha recordado que desde que ETA rompió el alto el fuego el PP ha exigido en varias ocasiones que se revoque la resolución de mayo de 2005 que autoriza al Gobierno a dialogar con ETA en ausencia de violencia, ha dicho que el actual Ejecutivo es el "responsable directo" de que quienes honran a los etarras "hayan vuelto" a los ayuntamientos, en alusión a los partidos PCTV y ANV.
El diputado del PSOE Pedro Muñoz ha exigido al PP lealtad con el Gobierno en materia de lucha antiterrorista y ha señalado que el Estado de Derecho tiene mecanismos para impedir los hechos que denuncian, los cuales ha calificado de "repugnantes", pero no en la Cámara Baja, ha precisado.
Para el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, esta proposición responde a la actitud del PP en esta legislatura, en la que, ha dicho, comenzó utilizando el terrorismo como "arma arrojadiza de partido" y la termina de la misma forma. "El PP: genio y figura hasta las próximas elecciones", ha afirmado Llamazares.
Por parte del Grupo Mixto, Begoña Lasagabaster ha criticado que en todas sus propuestas el PP aluda siempre a los mismos argumentos (la presencia del PCTV y ANV, la revocación de la resolución de 2005 o la falta de apoyo de los partidos), mientras que Agustín Cerdá (ERC) y Josep María Guinart (CiU) han coincidido en que ni es oportuno el momento ni la forma en que se ha traído la propuesta.
También ha rechazado la propuesta el diputado del PNV Emilio Olabarría, quien ha insistido en que existen mecanismos para desarrollar sus propuestas y ha considerado que requerir un listado de ayuntamientos es "realmente chusco" y convierte a la Cámara Baja en un órgano jurisdiccional.