El CNI ratifica ante el juez la denuncia contra el agente-doble Flórez

L D (Agencias) El secretario de Estado y director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Alberto Sáiz, ratificó este miércoles ante el titular del Juzgado de Instrucción número 48 de la Audiencia Provincial de Madrid, Baltasar Fernández Viudez, el contenido de la denuncia contra el ex agente del CNI Roberto Flórez García, encarcelado desde julio de 2007 como presunto autor de sendos delitos de traición y relevación, según informaron fuentes jurídicas.

Las fuentes consultadas indicaron que Sáiz se limitó a confirmar todos los extremos de la denuncia y no respondió a las preguntas planteadas por la defensa durante su declaración como testigo amparándose en la Ley de Secretos Oficiales y en el artículo 417 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que los funcionarios públicos que tengan obligación de guardar secreto por razón de su cargo no deberán declarar si puede incurrir en incumplimiento de esa limitación.

El director del servicio de espionaje llegó a las 12.00 horas al Juzgado de Instrucción número 48 de la Audiencia Provincial de Madrid y prestó declaración durante unos 45 minutos ante el magistrado, el representante de la Fiscalía, la abogada del Estado y el abogado defensor del ex espía.

En su comparecencia, Sáiz no aportó "ningún dato nuevo" sobre la investigación, según las fuentes consultadas, y no respondió, entre otras cuestiones planteadas, al ser consultado por el servicio secreto y el país al que Flórez habría vendido información del Centro Nacional de Inteligencia.

El jefe del servicio de espionaje ofreció ante las diferentes preguntas sobre la investigación una respuesta idéntica basada en que las cuestiones se referían a una materia reservada y clasificada, por lo que, en aplicación de la normativa, no podía responder.

Tras la comparecencia de Sáiz, el juez encargado del caso tomó declaración en calidad de testigo a un perito del CNI que confirmó la clasificación que tiene cada uno de los documentos que forman parte de la investigación. Su testimonio duró apenas quince minutos.

La investigación judicial se encuentra en la actualidad pendiente de concluir la certificación de la documentación incautada al ex espía cuando fue detenido en su domicilio en Puerto de la Cruz (Tenerife) el 23 de julio de 2007. Este proceso de certificación de la documentación, según fuentes jurídicas, está "bastante avanzado" y podría finalizar "en breve".

Las fuentes consultadas apuntaron además que la Organización Impulsora de Discapacitados (OID) ha solicitado personarse como acusación popular en la investigación judicial sobre el ex agente Flórez. Esta misma asociación solicitó el pasado mes de septiembre personarse como acusación popular en el proceso judicial abierto por el accidente del avión de Spanair que el pasado 20 de agosto acabó con la vida de 154 personas en el aeropuerto de Barajas.

La declaración de Sáiz en sede judicial supone la primera comparecencia ante un magistrado del máximo responsable del Centro Nacional de Inteligencia desde que se creó la institución el 6 de mayo de 2002 con la entrada en vigor de la norma que regula su funcionamiento.

El ex espía Roberto Flórez, suboficial de la Guardia Civil, fue detenido en Puerto de la Cruz (Tenerife) el 23 de julio de 2007 por haber cometido supuestamente sendos delitos de traición y revelación de secretos relativos a la defensa nacional. Un día después del arresto, el propio director del Centro Nacional de Inteligencia ofreció una rueda de prensa para informar de los hechos.

Tras la detención en Canarias, la juez encargada del caso decidió inhibirse de la investigación en favor de la Audiencia Provincial de Madrid por haber cometido supuestamente los delitos en Madrid, donde se ubica la sede del Centro Nacional de Inteligencia.

Flórez García fue trasladado entonces hasta la cárcel de Alcalá Meco de Madrid y el Juzgado de Instrucción Número 48 de la Audiencia Provincial de Madrid se hizo cargo del caso. El magistrado encargado de la investigación mantiene la medida de prisión provisional para el ex agente.

Acusado de haber vendido información al servicio secreto ruso entre febrero de 2001 y abril de 2004, lo que representa sendos delitos de traición y de revelación de secretos relativos a la defensa nacional, el ex agente podría ser condenado a una pena de uno a cuatro años de prisión por descubrimiento de secretos y a entre seis y doce años por traición.