El CGPJ tendrá que suspender a Garzón en el Pleno de este viernes

La suspensión cautelar del juez Baltasar Garzón por parte del CGPJ es un “trámite automático” después de que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela dictase este miércoles el auto de apertura de juicio oral contra él. Así lo han señalado fuentes del órgano de gobierno de los jueces a Libertad digital

El motivo es que lo establece el punto segundo del artículo 383 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. “La suspensión de los jueces y magistrados tendrá lugar cuando por cualquier otro delito doloso se hubiere dictado contra ellos auto de prisión, de libertad bajo fianza o de procesamiento”. En el procedimiento abreviado, por el que se tramita la investigación penal contra Garzón por abrir causa general a la Guerra Civil y el franquismo, el auto de apertura de juicio oral equivale al auto de procesamiento en el procedimiento ordinario. Es decir, aquel que se tramita mediante sumario para delitos penados con más de nueve años de cárcel.

Por su parte, el artículo 384 de la citada ley especifica que, en tal supuesto, "el juez o tribunal que conociera de la causa lo comunicará al CGPJ, quien hará efectiva la suspensión, previa audiencia del Ministerio Fiscal". Este paso está ya dado ya que según han informado fuentes del Tribunal Supremo, el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, ha dado este mismo miércoles traslado del auto de Varela al gobierno de los jueces. También se informó ya al fiscal de la situación procesal de Garzón en la primera ocasión que el Alto Tribunal envió dos de los autos confirmando los indicios delictivos del juez.

Con este escenario, el Consejo está obligado a apartar a Garzón del juzgado de instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional en el pleno extraordinario que se ha convocado para el próximo viernes donde exclusivamente se tratará este asunto. Siete de sus vocales, Pío Aguirre, Manuel Almenar, Miguel Collado, Antonio Dorado, Claro José Fernández, Gemma Gallego y Antonio Monserrat, todos ellos nombrados a propuesta del PP, han pedido al presidente del CGPJ Carlos Dívar que convoque una sesión plenaria extraordinaria para tratar la suspensión de Garzón cuanto antes.

Una maniobra en vano

Este martes, el juez estrella hizo una nueva pirueta jurídica y pidió al poder judicial que le concediera un permiso de servicios especiales para irse como consultor externo de la fiscalía a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya (Holanda). Allí, Garzón quiere impartir justicia universal y luchar contra el crimen organizado. Pero sobre todo, con esta maniobra, el juez estrella quería evitar que el gobierno de los jueces le obligue a abandonar por la puerta de atrás la Audiencia Nacional. Sin embargo, la jugada va camino de salirle mal.

Cuando el CGPJ lo suspenda, el magistrado más polémico podrá irse a la Haya pero no como miembro de la Carrera Judicial sino a título personal, ya que un juez puede estar en activo, en excedencia, suspendido o en servicios especiales. La razón es que es incompatible estar temporalmente apartado de la función jurisdiccional y estar en comisión de servicios especiales a la par.

Además, la LOPJ también indica que "la suspensión durará (...) hasta que recaiga en la causa sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento".

Por su parte, según ha informado la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, la Comisión Permanente ha pedido este miércoles al CPI y al Ministerio de Exteriores una serie de documentos para poder valorar la petición de Garzón. En concreto, el CGPJ ha dispuesto dirigirse "a la mayor brevedad" posible a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que "concrete la fórmula de colaboración objeto de la invitación cursada" al magistrado de la Audiencia Nacional, así como el estado en que se encuentra dicha iniciativa.

Además, pedirá al Ministerio de Asuntos Exteriores un informe que contempla la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el Consejo pueda autorizar la concesión a un juez de la situación de servicios especiales para "realizar una misión internacional por periodo determinado, superior a seis meses, en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional". En este informe, el departamento que dirige Miguel Ángel Moratinos deberá pronunciarse sobre el "interés" de la presencia de Garzón en el puesto que le ha ofrecido el fiscal jefe del TPI, Luis Moreno Ocampo.

En tercer lugar, la Comisión Permanente ha acordado recabar del servicio de inspección del propio CGPJ un informe sobre la situación en que se encuentra el Juzgado Central de Instrucción número 5, del que Baltasar Garzón es titular. Las dos últimas memorias anuales de la Audiencia lo sitúan como el juzgado con mayor número de asuntos pendientes. 

Finalmente, solicitará al Servicio de Personal Judicial del Consejo un cuarto informe en el que se expongan los antecedentes sobre peticiones de similar naturaleza. No obstante, si como todo apunta Garzón es suspendido en las próximas 48 horas la solicitud del juez estrella al poder judicial carecería para aquel entonces de sentido.