L D (P. Montesinos / V. Gago) El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, se ha mostrado sorprendido ante la nueva maniobra de Cándido Pumpido, destinada al control de la Justicia por parte del Gobierno.
En declaraciones a Libertad Digital, ha reconocido que "nos hemos enterado por la prensa" a la par que ha anunciado un estudio detallado del caso. Según publica El País, la Fiscalía General facultará a los fiscales para ordenar diligencias a la Policía Judicial, aunque haya una instrucción judicial en marcha.
La decisión, que no tiene precedentes, ha provocado las críticas de los jueces de la Audiencia Nacional y las reticencias del CGPJ. No obstante, ha recalcado en hasta dos ocasiones que la validez de las diligencias corresponde, en última instancia, a los jueces. En caso de que el Consejo General del Poder Judicial se pronuncie, ha explicado, "lo hará a través de alguna comisión". Sin embargo, lo más seguro es que se analice "la próxima semana". Entonces, ha advertido, "se podrá estudiar la posibilidad de encargar algún tipo de estudio".
López ha destacado en declaraciones a Europa Press que la posición del fiscal debe ser de colaboración con el juez" y no la de "apertura de investigaciones paralelas". "La investigación, una vez que existe un procedimiento judicial y siempre que haya actos de instrucción le corresponde al juez", concluyó López.
El vocal del CGPJ José Luis Requero ha recordado que la Fiscalía, de acuerdo con la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal y con el Estatuto del Ministerio Público, ya puede ordenar diligencias policiales, "siempre que no exista una instrucción judicial abierta".
En este sentido, "y a falta de conocer, de primera fuente, el contenido íntegro de la Instrucción", ha subrayado el juez Requero, "es de esperar que el fiscal general no esté pensando en atribuir a los fiscales facultades para dirigir las actuaciones de la Policía Judicial que supongan, en la práctica, el desarrollo de instrucciones paralelas a las que realizan los jueces".
Los jueces de la Audiencia Nacional se rebelan
Cuatro de los seis jueces de Instrucción de la Audiencia Nacional manifestaron este martes su rechazo a la orden de Pumpido. Entienden que la propuesta "es contraria" a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que generaría "investigaciones paralelas sin control judicial", por lo que rechazarán esas investigaciones.
Así lo han expresado en un escrito dado a conocer este mismo martes.
- "Cualesquiera diligencias practicadas al amparo de esa instrucción, podrían estar afectadas de nulidad al quebrantar, no sólo el principio de legalidad sino los de contradicción y defensa procesal, propiciando investigaciones paralelas, sin control judicial y con riesgo grave de solapamiento de la investigación dirigida por el juez de Instrucción".
Pese a todo, en el escrito se reconoce que "los fiscales están facultados legalmente para continuar en sus funciones de dirección de Policía Judicial" en los términos previstos en la Ley, no obstante, matizan que es contraria a lo dispuesto en el artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento criminal la orden de Conde-Pumpido en la parte en la que indica que "los fiscales podrán ordenar a la Policía Judicial la práctica de diligencias concretas referidas a aspectos puntuales de la investigación, con el objeto y la obligación de aportarlas a la causa cualquiera que fuera su resultado".
Los magistrados Fernando Grande-Marlaska, Baltasar Garzón, Santiago Pedraz, y Fernando Andreu convocaron este martes una Junta de Jueces para analizar esta cuestión. El encuentro celebrado en la tercera planta de la sede de la Audiencia Nacional, que comenzó a las 13 horas y se prolongó por 40 minutos, contó con la ausencia de los magistrados Juan Del Olmo, quien disfruta de un permiso de estudios en Francia, e Ismael Moreno, quien se encuentra de vacaciones. No obstante, ambos fueron informados de la iniciativa y tuvieron oportunidad de expresar sus opiniones, según fuentes jurídicas.
Asimismo, los jueces mostraron su rechazo a "aceptar como válidas las diligencias, que, practicadas por el Ministerio Fiscal, al amparo de la conclusión 8ª de esa Instrucción no hayan sido previamente solicitadas y ordenadas por el juez de Instrucción, único que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial, dirige el procedimiento penal en fase sumarial".
Este acuerdo –que será comunicado a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, al Consejo General del Poder Judicial, a las Juntas de Jueces de las distintas capitales y los partidos judiciales de España, así como al Ministerio Fiscal– concluye citando el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento criminal en la que, según dicen, expresa de manera "clara y contundente" que cesará el Fiscal en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos".