L D (Agencias) Según informaron a EFE fuentes jurídicas, el Servicio de Inspección del CGPJ basa esta propuesta, entre otros aspectos, en la prescripción de los hechos dentro de un informe realizado tras abrir diligencias el pasado mes de octubre para averiguar todo lo relacionado con el auto dictado por los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional.
Los magistrados Francisco Castro Meije, Angela Murillo y Luis Martínez de Salinas decretaron el 29 de junio de 2002 la excarcelación de Lamari (detenido en abril de 1997) al estimar que había cumplido el plazo máximo de prisión preventiva sin que el Tribunal Supremo hubiera notificado una sentencia firme, aunque el propio presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reconoció que hubo un error de cálculo.
El informe de la Inspección será estudiado en la reunión que la Comisión Disciplinaria del CGPJ tendrá el próximo 2 de diciembre.
El informe, de 10 folios, al que ha tenido acceso Europa Press, advierte que la Inspección considera “único responsable” de la falta muy grave de desatención a Castro Meije, mientras que exime de culpa a los otros dos magistrados que tomaron la decisión. El documento señala que, de acuerdo con los informes de los presidentes de las salas penales de la Audiencia Nacional y del Supremo, la excarcelación de Lamari se produjo al vencer el plazo máximo de prisión preventiva que, “por error”, señaló la Sección Tercera de la Audiencia, “al calcular mal la base de la que se parte”.
La Inspección destaca que el error de la Sección Tercera fue “palpable, claro y manifiesto”. “De la lectura de la resolución, se deduce que no se trata de una interpretación, específica y particular, que realiza el magistrado de un precepto legal en el ejercicio de su función jurisdiccional, sino que se confunde al realizar la reflexión, siendo ese error cometido, manifiesto y claro”, dice en su informe. Respecto a la decisión de culpar sólo a Castro Meije, la Inspección señala que lo hace así porque, como ponente, tenía la función de dar cuenta de todos los datos a sus compañeros de Sección para tomar la decisión, así como de la redacción de los autos y de la sentencia.
Sin embargo, el informe señala que la falta muy grave cometida estaría prescrita, ya que, aún estimando como fecha de la comisión del error la de la excarcelación de Lamari (29 de junio de 2002), habría transcurrido el plazo máximo de dos años que señala la Ley para perseguir las faltas muy graves.
En declaraciones a La Mañana de la Cadena COPE, recogidas por la agencia Europa Press, el presidente de la Sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, dijo que los magistrados de la Sección Tercera que puso en libertad en 2002 a Allekema Lamari están "tremendamente afectados por lo ocurrido", y que el informe donde justifican esta decisión "de ninguna forma pretendía ser soberbio, de funcionarios rutinarios, ni mucho menos faltar al respeto al dolor de las víctimas".
Gómez Bermúdez afirmó que no creía que "haya ningún español que piense que cualquier relación directa o indirecta con una barbaridad como la del 11-M deja indiferente a nadie y mucho menos a un magistrado, que durante años de servicio se están dedicando exclusivamente a condenar terroristas, narcotraficantes y a jugarse la vida a diario porque es su trabajo".
