L D (Agencias) El pasado día 6, Pedraz, en contra del criterio del fiscal, dejó en libertad bajo fianza de 6.000 euros a Aliande Hernández, acusado de lanzar cócteles molotov contra la Subdelegación del Gobierno en Vitoria un día antes –fue cogido in fraganti-, y no autorizó la práctica de registros en relación con él, una decisión que provocó malestar en sectores de la Guardia Civil y la Policía. El dirigente del SUP calificó al juez de “típico pijo-rojo de los años ochenta que no acaba de entender lo que es el terrorismo" y dijo que “deberían tirar cócteles molotov todos los días contra la casa del juez Pedraz a ver cómo lo interpretaba".
El Consejo sostiene que la crítica a las decisiones del magistrado es lícita, si bien este derecho no puede amparar ataques personales o deslegitimar a los representantes del Poder Judicial. El acuerdo aprobado hoy por el órgano de gobierno de los jueces señala concretamente que "la crítica hacia las resoluciones judiciales resulta siempre lícita y deseable en un Estado de Derecho, pero no permite ni puede amparar los ataques personales ni la deslegitimación de los Jueces y Magistrados titulares del Poder Judicial, máxime cuando se trata del representante de un colectivo compuesto por Policías que dependen funcionalmente de la Autoridad Judicial".
Fuentes del Consejo señalaron que esta declaración es similar a la que se ha aprobado otras veces en relación con otros magistrados que han sido criticados en los medios de comunicación, y que no supone un amparo formal.
La Unión de Oficiales de la Guardia Civil y el resto de sindicatos policiales se sumaron el pasado viernes a las criticas vertidas desde el Sindicato Unificado de Policía e insistieron en que el magistrado toma esas decisiones porque no ha sentido "en sus propias carnes" la acción del terrorismo, a diferencia de los agentes y sus familias, unas manifestaciones que según el CGPJ rebasan el lícito derecho a la crítica de las resoluciones judiciales.