El CGPJ exige a los nacionalistas que pongan fin a la campaña de hostigamiento a los jueces vascos

 

También argumenta que "los Juzgados y Tribunales instaurados por la Constitución de 1978 actúan única y exclusivamente en aplicación de la ley, sin dar entrada por tanto en sus decisiones a razones políticas o de otra naturaleza". Añade que "los posibles errores en los que pudieran incurrir esos mismos Tribunales deben ser enmendados, como en cualquier otra democracia constitucional, a través del sistema procesal de recursos o la debida exigencia de responsabilidad de quienes las dicten, pero nunca mediante presiones o campañas de acoso".

 

Además, señala que "la Justicia, administrada por Jueces y Magistrados independientes y sometidos en exclusiva al imperio de la Ley (...) es la clave de la efectividad del Estado de Derecho" e indica que "no existe otra garantía final, distinta o mejor a la Justicia, que asegure que los ciudadanos y los Poderes Públicos actúan respetando las normas aprobadas democráticamente por todos". "La Justicia, al aplicar de modo objetivo, imparcial y firme las leyes aprobadas por los ciudadanos, es una institución al servicio de todos ellos y jamás puede ser vista, por tanto, como ajena o extraña a aquellos a los que sirve y menos aún puede ser enfrentada con otras instituciones pretendidamente más propias", añade.

 

La declaración del Consejo se refiere a "la especial situación en la que ha sido ejercida la jurisdicción en el País vasco en estas últimas décadas", de "acoso y de peligro físico real que incluso en ocasiones se ha materializado en atentados contra la vida de jueces". Esa realidad, según el Consejo, "debiera demandar un apoyo institucional constante a los jueces y magistrados que prestan sus servicios en el País Vasco y esta misma situación hace especialmente rechazables los actos que puedan agravarla". "La independencia judicial no es un privilegio de los jueces sino que es una garantía ciudadana", concluye la declaración.

 

 

 

 

Ha tardado poco en llegar la respuesta del Gobierno Vasco al Consejo General del Poder Judicial que se puede estar de acuerdo, "en abstracto", en torno al principio de igualdad ante la ley, pero añadió que el lehendakari "no es un ciudadano más, por lo que no se puede pretender juzgar sus actuaciones como si no ejerciera una alta representación y una máxima responsabilidad".

 

En un comunicado, el Ejecutivo de Vitoria sostiene que el principio de igualdad implica, en el caso del lehendakari, que tenía que haber habido "evidencias manifiestas" de que sus actuaciones no fueron legales para admitir la querella y, "más aún, su imputación".

 

Añade que la reacción social "masiva y mayoritaria" en contra del procedimiento es porque se percibe que "no hay evidencias de ningún tipo que justifiquen arrojar siquiera sombra sobre la actuación del lehendakari. Es más, parece que el principio 'in dubio pro reo' se retuerce y fuerza una interpretación contra reo precisamente en dirección contraria a cómo debería articularse".

Tras reconocer que la sujeción a un procedimiento jurisdiccional de cualquier responsable político supone "la expresión de la igualdad de los ciudadanos ante la Ley", utilizando la misma expresión que el CGPJ, el Gobierno Vasco considera "inadmisible" que se persiga penalmente este caso "con omisión de la cautela elemental y la ponderación de la actuación judicial en una materia tan delicada".

En este sentido, insiste en que no es el Poder Ejecutivo el que invade el terreno judicial, sino que "es una actuación concreta la que desborda absolutamente los límites de lo razonable en la división de poderes", lo que "obliga a defender el Estado de derecho ejerciendo los derechos fundamentales de manifestación y expresión, no callando incondicionalmente".

Recalca que el CGPJ no es un "órgano facultado" para censurar o aplaudir la actuación política del Gobierno Vasco ni de los partidos que lo sustentan, ni, "desde luego, para pretender el silencio a la crítica". Concluye que los miembros del órgano de gobierno de los jueces "serán libres de tener las opiniones que crean oportunas", pero "en ningún caso pueden sentar cátedra sobre decisiones y actos que entran dentro de la competencia de los partidos políticos o del Poder Ejecutivo".