El CGPJ celebra que se haya dado una "respuesta de Derecho" a quien "ha planteado un reto al Estado"
Enrique López ha calificado de "muy acertada" e "importante" la decisión de la Audiencia Nacional de mantener en prisión al etarra De Juana Chaos. Aunque queda la opción de recurrir, el portavoz del CGPJ considera que la medida "es tan clara y contundente que no deja lugar a dudas". El portavoz judicial también se ha referido al acoso a los jueces en los últimos días, como el que sufre el TSJPV ante la imputación de Ibarretxe. La convocatoria de manifestaciones por parte del Gobierno vasco le "produce una profunda preocupación" porque el "ambiente que se está creando es incompatible con el respeto al poder judicial".
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"La Audiencia ha hecho lo que tenía que hacer", ha insistido, antes de manifestar sus dudas de que el Supremo, si se presentan recursos, se pronuncie en otro sentido. "Lo que sea criticar mediante recursos, bienvenido sea. El problema es cuando se descalifica a quien la produce con mucha asiduidad", ha dicho.
"El Gobierno", ha recordado, "está obligado a hacer compatible" el respeto el derecho de manifestación con el respeto a los jueces y "no provocar perturbación en el tribunal". "Se está poniendo en riesgo la institución", ha denunciado antes de pedir "responsabilidad a la hora de hacer crítica". "El Gobierno vasco es el Estado en el País Vasco y está obligado a garantizar la independencia y la seguridad en el tribunal", ha exigido.
También ha querido aclarar que "al lehendakari no se le está criminalizando sino investigando" por conceder a Otegi "a titulo público la condicion de líder de Batasuna". Algo que no contradice la postura del Supremo, que no vio delito respecto a este asunto en relación a Zapatero y sus ministros. En este caso, ha aclarado López, "no había requerimiento". "Esperemos que se le permita actuar en términos de independencia judicial", ha dicho respecto al tribunal vasco.
Respecto a la ilegalización o no del PCTV, Enrique López ha recordado que la Ley de Partidos estableció que eran el fiscal general del Estado y el abogado del Estado quienes pueden iniciar el proceso de ilegalización. Por lo tanto, "deja en manos de un partido" si otro se hace ilegal. "Si no lo inician, es imposible ilegalizarlo", ha insistido antes de indicar que "no hacerlo teniendo que hacerlo conlleva una responsabilidad". "La justicia va muy lenta pero con el tiempo deja a cada uno en su sitio", ha dicho.
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