EL ASALTO A LA JUSTICIA, PASO A PASO
LD (Víctor Gago) El intento de dominio sobre la Justicia, una declarada ambición del PSOE desde que Alfonso Guerra proclamó: "Montesquieu ha muerto", se reanudó con más descaro que nunca desde el primer día del mandato del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La agenda oculta del presidente, su plan para reformar el régimen constitucional sin someterlo a votación, necesita, para realizarse, un poder judicial sometido.
La idea motriz de la política de Zapatero es ofrecer un pacto a nacionalistas y a ETA sobre un cambio del modelo autonómico por un Estado confederal o de cualquier otra incierta naturaleza.
Ese pacto ha estado sobre la mesa de sus negociaciones con los terroristas y forma parte de la gobernanza de Cataluña y Galicia, donde el PSOE gobierna en coalición con independentistas.
Zapatero no desea someter su reforma radical al procedimiento de consulta al pueblo soberano previsto en la Constitución.
Ese procedimiento exige un pacto con el único partido de la Oposición, representante de casi la mitad de la sociedad española, un acuerdo inconcebible porque el PP sabe que la reforma rompe los valores de igualdad, equidad y unidad en los que descansa la Constitución de 1978.
Consciente de esta barrera, Zapatero ha emprendido la reforma del Estado constitucional por la vía de los hechos consumados.
Para ello, un paso estratégico previo e indispensable es garantizarse la cooperación de jueces partidarios que controlen los resortes de decisión en el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Gobierno de los Jueces.
DOS MINISTROS AL ASALTO
Sin perder un solo día, sus dos ministros de Justicia –López Aguilar, de abril de 2004 a febrero de 2007, y Bermejo, desde entonces– se han puesto manos a la obra en el asalto a las instituciones judiciales.
El objetivo de esta política, sobre la que caben pocas dudas después de casi cuatro años llenos de evidencias, es aplicar la doctrina de una justicia elástica o adaptada a las circunstancias políticas de cada momento, según la formuló sin complejos el mismísimo fiscal general del Estado en los albores de la fase semi-pública de negociación con los terroristas de ETA.
El mandato se inició con toda una declaración de intenciones: un almuerzo secreto de Juan Fernando López Aguilar y Francisco José Hernando, en el que el ex ministro presionó al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial a favor de la promoción del socialista Tomás de la Cuadra a una magistratura vacante en el Supremo.
El escándalo pasó pronto, como tantos otro de un Gobierno que ha tenido prácticamente carta blanca de un bloque compacto y hegemónico de la Prensa nacional, pero visto en perspectiva, representa el mejor símbolo del doble lenguaje del PSOE con las instituciones: respetarlas con la retórica, mientras se las asalta con los hechos.
La iniciativa del Gobierno por controlar a los jueces ha sido constante. Tomada la Fiscalía con armas y bagajes, el siguiente paso fue lanzar un proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial que alteraba el mecanismo decisorio en el que descansa actualmente su frágil independencia y lo reducía a una simple correa de transmisión de la política gubernamental.
El proyecto de Zapatero incluía la creación de Gobiernos de Jueces autonómicos y ampliaba las competencias de los Tribunales Superiores autonómicos, lo que, en la práctica, suponía apartar al Tribunal Supremo del entendimiento de la mayoría de los recursos y abrir la puerta a una dispersión doctrinal que difícilmente podría sustraerse a los intentos de presión de los gobiernos autonómicos, muchos de ellos bajo control de fuerzas nacionalistas o coaliciones abiertamente secesionistas o, en todo caso, partidarias del proyecto de reforma radical de Rodríguez Zapatero.
El proyecto de Ley Orgánica del CGPJ topó desde el primer momento con la oposición del PP y del propio Gobierno de los Jueces. Cuatro años después, el CGPJ sigue siendo un bastión de independencia frente a la tenaz intentona del Gobierno de controlar a toda costa el tercer pilar del poder del Estado.
Concluido su mandato regular a finales de 2006, la renovación de los miembros del Consejo se ha bloqueado por la insistencia del PSOE en garantizarse una nueva mayoría formada con vocales fieles y por otros designados a propuesta de las minorías nacionalistas, que pasarían a tener la llave de las decisiones del Consejo, un poder que utilizarían para legitimar el proyecto rupturista de Zapatero.
Como en otros eslabones de su estrategia –así la negociación con ETA, por ejemplo–, también en el asalto al Poder Judicial el Gobierno se ha topado con la realidad.
De querer tomarlo al asalto, el Ejecutivo ha pasado a deslegitimarlo en una agresiva campaña iniciada por López Aguilar y redoblada por Bermejo.
Para el Gobierno, el CGPJ ha pasado a ser un órgano ilegítimo simplemente porque está en funciones desde diciembre, una situación plenamente prevista en la Constitución y, por lo tanto, plenamente legal.
Los propios miembros del Consejo, con su portavoz Enrique López al frente, se han cansado de repetir que quieren la renovación pero también han subrayado que, mientras no se produzca el indispensable acuerdo entre los partidos políticos, el CPGJ en funciones desempeña sus competencias con legitimidad constitucional.
El deterioro de la imagen de la Justicia nunca llegó a tanto en la etapa democrática, ni siquiera en los años del llamado Felipismo.
Las críticas y descalificaciones a los jueces y órganos juduiciales que deciden en contra de los criterios del Gobierno se ha combinado con la deslegitimación de las instituciones que no sirven a la estrategia de negociación con los terroristas y de pacto con los nacionalistas para cambiar por la vía de los hechos consumados el modelo de Estado.
El Tribunal Constitucional ha sido el otro flanco del asalto gubernamental a la Justicia.
En estos momentos, de hecho, la batalla por su control es trascendental para la continuidad del proyecto político de Rodríguez Zapatero y de su futuro como presidente y líder del PSOE.
La sentencia que el TC debe emitir sobre el Estatuto de Cataluña se ha convertido en un bastión clave para estimar las opciones socialistas en el futuro. Si el Estatuto cae en el Constitucional, el castillo de naipes que constituye el poder de Zapatero se derrumbará.
De ahí, que el Gobierno haya hecho del control de la mayoría del Pleno del Constitucional una razón de Estado, aunque sea a costa de arruinar, tal vez por mucho tiempo, la credibilidad de la institución.
POLÉMICA JURISPRUDENCIA
El Alto Tribunal nunca ha sido una balsa de aceite, es cierto. Su Jurisprudencia está llena de sentencias polémicas, como la liberticida anulación de la Ley del Suelo, en 2001, que dio un portazo a la única medida verdaderamente eficaz contra la especulación urbanística: la puesta de suelo a disposición del mercado, sin más restricciones que la protección medioambiental.
Pero una cosa es emitir sentencias más o menos polémicas y otra muy distinta abroncar en público a la presidenta del Tribunal Constitucional, como hizo la vicepresidenta del Gobierno, durante el reciente Desfile de la Hispanidad, el pasado 12 de octubre.
La escena simboliza como pocas el estado de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial bajo el mandato de Rodríguez Zapatero. Despotismo e histeria a partes iguales, en un intento permanente y desesperado de control político de la Justicia.
LA "DESPROPORCIONADA" ILEGALIZACIÓN DE ANV
El Tribunal Constitucional no ha contribuido a evitar este deterioro.
El pasado 10 de mayo, con ocasión de la sentencia sobre ANV, el Pleno protagonizó un escándalo al filtrar una sentencia que era un simple borrador pero contenía una expresión legitimadora del pacto del Gobierno con ETA para que Batasuna pudiera presentarse a las Elecciones, como finalmente sucedió.
En esa sentencia, se dice que instar a la ilegalización de las 133 listas de ANV que el Gobierno y ETA pactaron presentar a las Elecciones locales habría sido "desproporcionado".
Se supo que el pleno se había dividido en dos ante esta resolución y que, si finalmente los magistrados discrepantes accedieron a una votación unánime que validaba las listas en las que el Gobierno estaba interesado para que ETA no atentase antes de las Elecciones, fue porque se acordó entre todos que se suprimiría esa pequeña pero significativa expresión que venía a legitimar todo el proceso de negociación del Gobierno de Rodríguez Zapatero y la banda terrorista.
El borrador, no obstante, se filtró a la prensa incluyendo la expresión. Aunque la presidenta, María Emilia Casas, se apresuró a explicar que se trató de un "error informático", lo cierto es que la sentencia definitiva mantiene literalmente la idea de que pedir la ilegalización de toda ANV habría sido "proporcionado", una observación que, en efecto, el Gobierno, por medio del ministro de Justicia, no ha dejado de recordar permanentemente como argumento de autoridad a favor de su política de apaciguamiento.
JUSTICIA LEGÍTIMA, JUSTICIA ILEGÍTIMA
El Gobierno de Rodríguez Zapatero no siempre ha tratado a los jueces, en general, y al Tribunal Constitucional, en particular, como una fuente legítima. Es otro de los rasgos de su política de injerencia, presión y asalto a las instituciones independientes, conceder o negar legitimidad, elogiar o descalificar, en función del sentido de las resoluciones judiciales.
Así, por ejemplo, la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps en el caso sobre el Estatuto de Cataluña, por las evidencias de parcialidad que pesan en su trayectoria –realizó un informe sobre la Ley estatutaria, por encargo de la Generalidad–, o más recientemente, la aceptación por parte del Pleno de la abstención de María Emilia Casas, han dado lugar a manifestaciones de desdén y cólera del ministro de Justicia, que desembocan en el mismo corolario de siempre: un aviso de que se reformará la Ley para adaptarla a los intereses gubernamentales.
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