No imponer, no impedir
La ruptura del alto el fuego por parte de ETA y su voluntad inequívoca de asesinar, afortunadamente evitada hasta el momento, ha llenado el lenguaje político vasco de expresiones recurrentes. Una de ellas, 'mantener la iniciativa política', parte del convencimiento legítimo de que ETA no puede marcar nuestra agenda política. Para ello, los partidos vascos deberíamos tomar iniciativas para mostrar que no estamos quietos, y que vamos a seguir construyendo el futuro de este país pese a ETA.
ETA va a marcar la agenda. Nos guste o no. En estos momentos en los que la organización terrorista ha tomado la decisión de violentar la democracia en Euskadi, la prioridad es hacerle frente. La primera medida, que hasta el momento está siendo además efectiva, no debe ser otra que la eficacia policial. Si ETA mostrase una voluntad inequívoca de querer poner fin a la violencia, lo cual desgraciadamente no es el caso, el recurso al final dialogado recuperaría su sentido. En las circunstancias actuales, sólo la acción policial y la deslegitimación social y política de su entorno son los caminos que nos permiten trabajar por la paz y la libertad en Euskadi. Ojalá lleguen otros tiempos. Pero, mientras tanto, reconozcamos que sólo su debilitamiento operativo, social y político llevará a ETA a la reflexión necesaria para que opte por cerrar definitivamente su persiana. Lo demás es voluntarismo.
Pese a ello, este país tiene que seguir viviendo, avanzando, forjando su autogobierno y construyéndose. ETA nos marcará la agenda política, pero tenemos que evitar que imposibilite el camino democrático. La cuestión es cómo avanzamos en el autogobierno, en un autogobierno que responda a la voluntad democrática de los vascos y a las necesidades que una sociedad moderna de principios del siglo XXI tiene para desarrollar una identidad abierta, mejorar su creatividad, competitividad y calidad de vida, y mantener una cohesión social.
EAJ-PNV aprobó en octubre de 2005 un documento sobre la pacificación y la normalización política. En él, la apuesta por el futuro del autogobierno vasco toma como clave de bóveda una formulación: no imponer-no impedir. En estas cuatro palabras se resume una filosofía que engarza con la mejor tradición pactista de la historia vasca: pacto entre vascos para alcanzar mayorías en Euskadi superiores a las que obtuvo el Estatuto de Gernika, lo cual nos obliga a acuerdos entre las diferentes sensibilidades y tradiciones políticas que hagan posible esa mayoría (no imponer), y pacto con el Estado a través de un acuerdo para que en la tramitación en Cortes Generales los partidos implicados en el mismo lo aceptemos en su integridad (no impedir). Lógicamente, a esta tramitación sigue el referéndum de ratificación por la ciudadanía vasca. Se cumplen así tres principios: el respeto a la voluntad democrática de los vascos, el respeto a la pluralidad política de la sociedad vasca y el principio de legalidad en base al marco jurídico vigente.
Es una filosofía evidentemente limitativa de unos y de otros. No imponer garantiza la aceptación, en clave de integración política, de la voluntad de la sociedad vasca, pero a su vez limita a la mayoría nacionalista. No impedir, supone dar cauce al reconocimiento jurídico y político de las decisiones adoptadas, limitando a su vez las mayorías de los partidos de ámbito estatal en las Cortes Generales. Se trata, pues, de aceptar, por principio, la fórmula más democrática y más integradora. Este es un camino, un método, en el que podemos y debemos implicarnos para alcanzar acuerdos políticos en Euskadi. Para sostener la iniciativa política e impedir que ETA nos marque la agenda. Como decimos en el Acuerdo de Gobierno que EAJ-PNV, EA y EB suscribimos en junio de 2005, «para alcanzar un consenso integrador en relación con las diferentes visiones y sensibilidades políticas existentes en la sociedad vasca sobre los aspectos cruciales para la normalización política». Consenso que evidentemente sólo podrá ser llevado a cabo entre aquellos que tenemos un firme compromiso en la defensa de la vida humana y rechazamos la violencia como forma de alcanzar fines políticos. Por tanto, iniciativa política sí, en un camino de integración y que nos permita alcanzar de forma efectiva una mayor cota de autogobierno.
El debate sobre el referéndum es otra maraña en la cual podemos perdernos. Lo decíamos en nuestro documento de octubre de 2005: «La consulta es, por lo tanto, el resultado de un proceso en el que no vamos a ahorrarnos ningún esfuerzo. No es, de ningún modo, un arma arrojadiza, ni una excusa de los partidos para delegar en la sociedad la obligación que tienen de trabajar y lograr un acuerdo». La consulta tiene un previo: el acuerdo, tal y como el Acuerdo de Gobierno tripartito de junio de 2005 afirma. El referéndum será la ratificación del mismo. Y en las circunstancias actuales, esta condición de acuerdo previo e integración es el mínimo democrático exigible. Porque no podemos olvidar que, aunque no nos guste, ETA está ahí. Mirando lo que hacemos.
Una consulta ciudadana planteada como escenario de acumulación de fuerzas para una confrontación política es muy discutible, y desde luego contraria al espíritu y a la letra de la posición de EAJ-PNV expresada en el documento de octubre de 2005. Pero en las condiciones actuales es más grave. Puede ser el 'plan b' al que se acoja una ETA, que declare un alto el fuego 'permanente' como los anteriores, esperando que la misma se lleve a cabo. ¿Qué pasaría el día después si no hubiera acuerdo político con el Estado? Visto lo visto durante tantos años, no hace falta ser adivino para imaginar a ETA matando en nombre de la defensa de una presunta voluntad popular no atendida. La consecuencia de todo ello puede ser diabólica. No en nuestro nombre.
ETA va a marcar la agenda. Nos guste o no. En estos momentos en los que la organización terrorista ha tomado la decisión de violentar la democracia en Euskadi, la prioridad es hacerle frente. La primera medida, que hasta el momento está siendo además efectiva, no debe ser otra que la eficacia policial. Si ETA mostrase una voluntad inequívoca de querer poner fin a la violencia, lo cual desgraciadamente no es el caso, el recurso al final dialogado recuperaría su sentido. En las circunstancias actuales, sólo la acción policial y la deslegitimación social y política de su entorno son los caminos que nos permiten trabajar por la paz y la libertad en Euskadi. Ojalá lleguen otros tiempos. Pero, mientras tanto, reconozcamos que sólo su debilitamiento operativo, social y político llevará a ETA a la reflexión necesaria para que opte por cerrar definitivamente su persiana. Lo demás es voluntarismo.
Pese a ello, este país tiene que seguir viviendo, avanzando, forjando su autogobierno y construyéndose. ETA nos marcará la agenda política, pero tenemos que evitar que imposibilite el camino democrático. La cuestión es cómo avanzamos en el autogobierno, en un autogobierno que responda a la voluntad democrática de los vascos y a las necesidades que una sociedad moderna de principios del siglo XXI tiene para desarrollar una identidad abierta, mejorar su creatividad, competitividad y calidad de vida, y mantener una cohesión social.
EAJ-PNV aprobó en octubre de 2005 un documento sobre la pacificación y la normalización política. En él, la apuesta por el futuro del autogobierno vasco toma como clave de bóveda una formulación: no imponer-no impedir. En estas cuatro palabras se resume una filosofía que engarza con la mejor tradición pactista de la historia vasca: pacto entre vascos para alcanzar mayorías en Euskadi superiores a las que obtuvo el Estatuto de Gernika, lo cual nos obliga a acuerdos entre las diferentes sensibilidades y tradiciones políticas que hagan posible esa mayoría (no imponer), y pacto con el Estado a través de un acuerdo para que en la tramitación en Cortes Generales los partidos implicados en el mismo lo aceptemos en su integridad (no impedir). Lógicamente, a esta tramitación sigue el referéndum de ratificación por la ciudadanía vasca. Se cumplen así tres principios: el respeto a la voluntad democrática de los vascos, el respeto a la pluralidad política de la sociedad vasca y el principio de legalidad en base al marco jurídico vigente.
Es una filosofía evidentemente limitativa de unos y de otros. No imponer garantiza la aceptación, en clave de integración política, de la voluntad de la sociedad vasca, pero a su vez limita a la mayoría nacionalista. No impedir, supone dar cauce al reconocimiento jurídico y político de las decisiones adoptadas, limitando a su vez las mayorías de los partidos de ámbito estatal en las Cortes Generales. Se trata, pues, de aceptar, por principio, la fórmula más democrática y más integradora. Este es un camino, un método, en el que podemos y debemos implicarnos para alcanzar acuerdos políticos en Euskadi. Para sostener la iniciativa política e impedir que ETA nos marque la agenda. Como decimos en el Acuerdo de Gobierno que EAJ-PNV, EA y EB suscribimos en junio de 2005, «para alcanzar un consenso integrador en relación con las diferentes visiones y sensibilidades políticas existentes en la sociedad vasca sobre los aspectos cruciales para la normalización política». Consenso que evidentemente sólo podrá ser llevado a cabo entre aquellos que tenemos un firme compromiso en la defensa de la vida humana y rechazamos la violencia como forma de alcanzar fines políticos. Por tanto, iniciativa política sí, en un camino de integración y que nos permita alcanzar de forma efectiva una mayor cota de autogobierno.
El debate sobre el referéndum es otra maraña en la cual podemos perdernos. Lo decíamos en nuestro documento de octubre de 2005: «La consulta es, por lo tanto, el resultado de un proceso en el que no vamos a ahorrarnos ningún esfuerzo. No es, de ningún modo, un arma arrojadiza, ni una excusa de los partidos para delegar en la sociedad la obligación que tienen de trabajar y lograr un acuerdo». La consulta tiene un previo: el acuerdo, tal y como el Acuerdo de Gobierno tripartito de junio de 2005 afirma. El referéndum será la ratificación del mismo. Y en las circunstancias actuales, esta condición de acuerdo previo e integración es el mínimo democrático exigible. Porque no podemos olvidar que, aunque no nos guste, ETA está ahí. Mirando lo que hacemos.
Una consulta ciudadana planteada como escenario de acumulación de fuerzas para una confrontación política es muy discutible, y desde luego contraria al espíritu y a la letra de la posición de EAJ-PNV expresada en el documento de octubre de 2005. Pero en las condiciones actuales es más grave. Puede ser el 'plan b' al que se acoja una ETA, que declare un alto el fuego 'permanente' como los anteriores, esperando que la misma se lleve a cabo. ¿Qué pasaría el día después si no hubiera acuerdo político con el Estado? Visto lo visto durante tantos años, no hace falta ser adivino para imaginar a ETA matando en nombre de la defensa de una presunta voluntad popular no atendida. La consecuencia de todo ello puede ser diabólica. No en nuestro nombre.
Josu Jon Imaz
Presidente del EBB de EAJ-PNV