La información del diario de Vocento señala que cerca de 300 atentados cometidos por la banda terrorista ETA podrían haber quedado en un limbo jurídico, ya que siguen sin ser juzgados desde 1978 y no aparecen datos oficiales sobre ellos.
Uno de los motivos apunta a la digitalización de los sumarios que lleva haciendo la Audiencia Nacional desde hace poco tiempo, por lo que no recoge los casos más antiguos. Además, la información se encontraría dispersa entre los juzgados, las secciones de la Sala de lo Penal, los juzgados de instrucción, o la propia fiscalía.
Esta situación se denuncia en un estudio elaborado por la Fundación Víctimas del Terrorismo y está basada en datos aportados por las propias víctimas y en documentación no oficial. Así, se creó la "Comisión de Justicia" formada por asociaciones, colectivos y fundaciones de víctimas, que ya ha expuesto el problema al presidente de la Audiencia nacional, Ángel de Juanes. Éste se ha limitado a decir que tratará de revisar esta información de forma manual, expediente por expediente.
Un procedimiento especialmente lento y que ha conducido al presidente de la AN a decir a los miembros de la plataforma que no puede fijar una fecha en la que pudieran ir a recoger los papeles.
La nueva ley de reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo reconoce el derecho de las víctimas a recibir información personalizada que le permita conocer el estado de los procedimientos que les afectan.