L D (J. Arias Borque) El pasado 27 de mayo, el PSE se convertía en la fuerza más votada en el municipio vizcaíno de Sestao. Obtenía 4.782 votos, el 37,07 por ciento de los mismos, y ocho concejales. Una veintena de días después, el cabeza de lista del PSE, José Luis Marcos Merino, era proclamado alcalde de la localidad. Para apoyar su candidatura, durante las campaña electoral, se había desplazado hasta Sestao el actual ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.
Pese a la llegada de un partido constitucionalista a la alcaldía, partido que apoyó la Ley de Partidos, la representación política de ETA en la localidad disfruta de un despacho en las instalaciones del ayuntamiento como si fuera un grupo político más, a pesar de que sus candidaturas fueron anuladas por el Tribunal Supremo. Ya en 2003, el alto tribunal anuló la candidatura Sestaorekin Bat, pero el entonces alcalde de la localidad, Alberto Lozano (PNV), les permitió continuar con el despacho municipal del que había disfrutado Euskal Herritarrok en el ayuntamiento durante la legislatura anterior. Nada a cambiado desde entonces.
En septiembre, con la celebración del primer pleno municipal, el edil del PP en la localidad, Eduardo Andrés, denunció ante la nueva corporación el uso fraudulento por parte de los proetarras del despacho municipal. La respuesta del alcalde sestaotarra fue que ese tema ya se trataría "más adelante" e instó a esperar a que saliese adelante el Estatuto de la Oposición, comparando, de este modo, a la formación ilegal con cualquiera de los partidos que no están en el equipo de gobierno.
Casi tres meses después, en la madrigada del pasado 16 de diciembre, la banda terrorista ETA colocaba una bomba en los juzgados de la localidad, ubicados en la Alameda Las Llanas, compuesta por entre dos y tres kilos de amonal. José Luis Marcos se comprometió entonces a expulsar a los proetarras de ese despacho municipal antes de 30 días, algo que, por ahora, no ha sucedido. Es más, a finales de enero, en el último pleno municipal, Eduardo Andrés volvió a pregunta a Marcos por este hecho y el primer edil se negó a responderle.
Desde las elecciones de mayo de 2007, los proetarras vienen usando el despacho municipal para actividades, entre ellas, informar y tramitar sobre el EHNA, el DNI proetarra que facilita la asamblea de electos vascos Udabiltza-Kursaal. Esta asamblea, instrumentalizada por la banda terrorista ETA según los jueces españoles, tiene una pieza abierta en el juzgado de Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional, y utiliza este falso carnet de identidad como acto de desobediencia civil contra el Estado de Derecho.
El Tribunal Supremo suspendió las dos candidaturas que el brazo político de ETA presentó en la localidad. Tanto la lista de Acción Nacionalista Vasca como la de Sestaoko Abertzale Sozialistak. Ambas estaban integradas en su mayoría por destacados dirigentes locales del entramado etarra.
Así, en la de ANV había hasta 13 candidatos contaminados por haber concurrido anteriormente a las elecciones con HB, EH, Batasuna o cualquiera de sus siglas sucesoras. Se trataba de Idoa Caño, Miguel Ángel Izquierdo, Jesús Ramón Zamorano, Aureleio Somovilla, María Ángeles Pérez, Esther Alonso, José Luis Pascuas, Alicia Rodríguez, Inmaculada Euba, María Zarraga, Rosario Llanos, Miren Landa y Eneko Viñuela. En el caso de SSA, el número de contaminados descendía hasta los diez. Eran Elena Aguado, Pilar Inglés, Francisco Felipe Henales, Juan Abad, María Elisa Euba, Juan Antonio Lazcano, José Luis Zurinaga, Izaskun Fernández, Jaime Ahedo y José Ramón Pajares.