El abogado de una víctima del 11-M ejerce la defensa de una etarra del grupo Donosti
El letrado Gonzalo Boye, que representa a una víctima en el juicio del 11-M, ejerce además la defensa de la presunta etarra Lorea Irigoyen Arbizu, arrestada en marzo en la operación de la Guardia Civil contra el grupo Donosti. Así figura en el recurso interpuesto contra el procesamiento de Irigoyen al que ha tenido acceso Libertad Digital, en el que el abogado alega que el único vínculo de Irigoyen con ETA es su relación de pareja con otro imputado. Boye, que fue condenado a diez años de cárcel por colaborar con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla, recusó a uno de los peritos autores del informe de los explosivos por ser miembro de la AVT. VEA DENTRO EL RECURSO QUE FIRMA BOYE.
(Libertad Digital) En el documento al que ha tenido acceso Libertad Digital, el abogado defensor de Lorea Irigoyen Arbizu, Gonzalo Boye, solicita la libertad de la presunta etarra, a la que se le imputan los delitos de colaboración con organización terrorista y tenencia de explosivos. Irigoyen fue arrestada el pasado mes de marzo en la localidad navarra de Huarte dentro de la operación de la Guardia Civil contra el nuevo grupo Donosti.
Alega el letrado que la única prueba que inculpa a Irigoyen es que su relación de pareja con otro de los detenidos en la desarticulación de la célula etarra, algo que para Boye "no es constitutivo de actitud sospechosa alguna". Añade que su encarcelamiento es "desproporcionado".
La defensa de Irigoyen no es el único vínculo que mantiene Boye con la banda terrorista. El abogado formó parte del MIR chileno y colaboró en el secuestro de Emiliano Revilla por encargo de ETA. Junto a otros tres miembros de la organización, siguió los movimientos del industrial, una labor que le costó pasar diez años de cárcel por colaboración con banda terrorista. En prisión cursó sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Además, como en este caso, el abogado ha defendido a etarras y personas vinculadas con ETA en los últimos años.
En febrero, Gonzalo Boye fue noticia esta vez por su papel en el juicio del 11-M. El abogado decidió recusar a uno de los peritos encargados de analizar de nuevo los restos de explosivo hallado en los trenes. El motivo, que el perito era Gabriel Moris, vicepresidente de la AVT. Finalmente su demanda no prosperó.
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