(Libertad Digital) Desde que quemar un cajero, volcar un autobús o incendiar contenedores de basura supone afrontar los gastos materiales y hasta la cárcel, los “chicos de la gasolina” –así les llamó Arzalluz– se lo piensan dos veces antes de enfundarse el pasamontañas y prender sus cócteles. Hasta hace dos años, el terrorismo callejero tenía hasta eufemismos oficiales como “jornadas de lucha”, o “lucha callejera”. Pero debilitar a Batasuna en los tribunales y en las cuentas bancarias se ha traducido automáticamente en un descenso de los actos de sabotaje y de los daños ocasionados por la cantera de ETA. La solución ha sido hacer la cuenta y pedir que la pague, por responsabilidad solidaria, la propia Batasuna.
Así, según los datos del Ministerio del Interior, el descenso del terrorismo callejero en el País Vasco y Navarra ha sido del 86,4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Para más detalles, sólo en febrero de 2002 se produjeron 87 actos de terrorismo frente a los 5 que se han contabilizado en el mismo mes de este año. Es uno de los meses más significativo, pero el resto también muestra la diferencia: En enero de 2003, se produjeron 9 sabotajes y destrozos, en marzo 8 y en abril 9. Un año antes, las cifras en los mismos meses fueron de 57, 35 y 49.
Las peores jornadas solían coincidir con actuaciones judiciales y policiales contra el vasto entramado etarra: Batasuna, Jarrai-Haika-Segi, herriko tabernas, etc. Precisamente fue en uno de estos arrebatos terroristas cuando el propio Arnaldo Otegi convenció a un ingenuo e improvisado portavoz de las juventudes etarras de Segi para que ofreciera una rueda de prensa en protesta por la ilegalización de esta organización decretada por el juez Garzón. El veterano le dijo al joven cómo tenía que dirigirse a las cámaras, “con arrogancia”. Y así lo hizo, llamando al terrorismo por las calles del País Vasco. Fue entre el 6 y el 11 de marzo de 2002. La factura, 600.000 euros. El 3 de julio de 2002 se ordenó embargar a Batasuna por más de 24 millones de euros para cubrir los daños ocasionados por el terrorismo callejero desde julio de 2001.
Así, según los datos del Ministerio del Interior, el descenso del terrorismo callejero en el País Vasco y Navarra ha sido del 86,4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Para más detalles, sólo en febrero de 2002 se produjeron 87 actos de terrorismo frente a los 5 que se han contabilizado en el mismo mes de este año. Es uno de los meses más significativo, pero el resto también muestra la diferencia: En enero de 2003, se produjeron 9 sabotajes y destrozos, en marzo 8 y en abril 9. Un año antes, las cifras en los mismos meses fueron de 57, 35 y 49.
Las peores jornadas solían coincidir con actuaciones judiciales y policiales contra el vasto entramado etarra: Batasuna, Jarrai-Haika-Segi, herriko tabernas, etc. Precisamente fue en uno de estos arrebatos terroristas cuando el propio Arnaldo Otegi convenció a un ingenuo e improvisado portavoz de las juventudes etarras de Segi para que ofreciera una rueda de prensa en protesta por la ilegalización de esta organización decretada por el juez Garzón. El veterano le dijo al joven cómo tenía que dirigirse a las cámaras, “con arrogancia”. Y así lo hizo, llamando al terrorismo por las calles del País Vasco. Fue entre el 6 y el 11 de marzo de 2002. La factura, 600.000 euros. El 3 de julio de 2002 se ordenó embargar a Batasuna por más de 24 millones de euros para cubrir los daños ocasionados por el terrorismo callejero desde julio de 2001.