Dos inspectores dimitieron por las presiones recibidas al investigar a JAG

El inicio del juicio por el caso Malaya, con decenas de imputados, ha destapado la polémica por las siglas JAG, únicas iniciales que no han sido identificadas y que el abogado Antonio Urdiales relacionó con Juan Antonio González, súper comisario del ministro Rubalcaba y por el que pasarán todos los casos de corrupción en los que se vean afectados personas de relevancia.

Según cuenta el diario El Mundo este lunes estas iniciales han rescatado del olvido a dos inspectores de Policía que intentaron identificar a JAG y que tuvieron que abandonar sus investigaciones ante las presiones que recibieron.

De hecho, estas coacciones provocaron que en primavera de 2007 ambos inspectores dimitieran de sus pesquisas encomendadas directamente por el juez Miguel Ángel Torres para intentar desentrañar estas iniciales.

El diario de Unidad Editorial desveló en su edición del 1 de junio de 2007 la aparición en el sumario de nombres incómodos, así como de personas relacionadas con la Junta de Andalucía lo que provocaron estas fuertes presiones en los dos jóvenes inspectores.

Para ambos agentes había fuertes indicios de sendos delitos de cohecho y revelación de secretos cometidos por alguien relacionado con altas instancias policiales que presuntamente habría facilitado a Roca información valiosa del caso Malaya por unos 200.000 euros.

La sección de Blanqueo de Capitales del Grupo III de Udyco Costa del Sol, dirigida por uno de estos inspectores, quedó totalmente descabezada. Curiosamente, esta unidad dependía y depende del comisario Juan Antonio González.

Unas semanas antes de que los dos agentes dimitiesen, el juez Torres les dio instrucciones para que blindaran sus investigaciones prohibiéndoles desvelar cualquier información a sus superiores. Éstos se indignaron y presionaron a los dos inspectores para que desobedecieran las instrucciones del juez. Ante esto, decidieron abandonar.

El caso, como recuerda el diario, podría abrirse si alguna parte personada lo solicitara. El Ministerio Público sostiene que el motivo del archivo del caso es que la Policía "nunca pudo aclarar a qué persona correspondían las siglas JAG".