"Cuando nos detenemos a contemplar la vida pública de nuestro país es fácil que nos invada una honda preocupación. Preocupación ante la falta de anclajes culturales, intelectuales y morales. Preocupación por el hecho de que esa falta de anclajes no sea percibida como un problema grave. Preocupación también porque los efectos de todo ello sean tan claros y, sin embargo, siga pareciendo tan difícil que se llegue a producir una rectificación.
Vivimos realmente tiempos preocupantes. Tiempos que, creo que muy acertadamente, han sido calificados como de "pensamiento desordenado". Y pensar desordenadamente lleva de modo irremediable a actuar desordenadamente.
Eso es grave siempre, pero aún lo es más cuando se trata de un país que, como el nuestro, necesita que se marque su rumbo con objetivos claros e ideas coherentes.
El desprecio a la realidad, a los hechos y a sus causas, así como la falta de rigor en los conceptos y en las ideas, nos impide elaborar diagnósticos claros y fiables y, en consecuencia, nos impide también encontrar las soluciones a los problemas más acuciantes, y llevarlas a la práctica.
Son demasiados los asuntos en los que nuestro país ha sido precipitado hacia la confusión y el desorden. Pero en ninguno de ellos esta confusión es más grave que sobre el concepto mismo de Nación. La Nación que nos reúne a todos los españoles como ciudadanos.
Creo que si al menos fuéramos capaces de poner remedio a esta confusión que se ha introducido en la sociedad española acerca de su Nación estaríamos prestando un gran servicio a nuestro país.
Porque la pérdida de vigencia social del concepto de Nación española constituye mucho más que un problema. Constituye una amenaza de retroceso de lo que han significado las últimas décadas de nuestra historia, que son décadas de progreso de la Nación y que sólo así pueden ser comprendidas: como un empeño común de los españoles. Progreso económico, pero también progreso en derechos y libertades, en estabilidad institucional, en seguridad jurídica y en cohesión social. Progreso que ahora se encuentra en entredicho.
Por eso, quiero aprovechar la oportunidad única que me brinda esta Universidad para abordar la que, a mi juicio, es una tarea imprescindible y urgente. La tarea de devolver un cierto buen sentido a las palabras y a las cosas que se refieren a la Nación española. Un buen sentido que procure poner orden allí donde ahora reina el desorden, y claridad allí donde se pretende crear confusión.
Éste será mi propósito en los próximos minutos.
España es una de las naciones más antiguas del mundo. La historia de la nación española no comenzó con la Constitución de 1978. La antecede. La Constitución de 1978 no crea la Nación española: se basa en ella y recupera el sujeto político soberano –la nación de ciudadanos libres e iguales- que se constituyó en 1812.
Los españoles compartimos una vasta historia común que, como todas, y no menos que otras, se encuentra llena de momentos brillantes y logros extraordinarios. Y como todas, y no más que otras, tiene también zonas de sombra que no se deben ocultar y de las que hay que saber aprender.
Pero si esas zonas de luces y de sombras existen, es porque España no es una mera idea, sino una realidad histórica. No es sólo la idea de España lo que se cuenta en su historia, y no es sólo un ideal lo que significa ser español. España es una pieza fundamental de la cultura occidental. Sin su proyección cultural y civilizadora, el mundo sería muy distinto y sin duda sería mucho peor.
Ahora que se juega con la historia, ahora que se inventan tradiciones y proliferan falsas naciones cada día, y ahora que padecemos una fiebre pueril de localismos exacerbados, permítanme declarar una vez más que me siento tranquilamente orgulloso de ser español. Estoy seguro de que es un orgullo ampliamente compartido.
Orgullo que no se debe confundir con una visión complaciente de las cosas. Al contrario. De ese orgullo nacen la responsabilidad, el compromiso y el deseo de que, como nación, nos propongamos alcanzar nuevas metas.
Por ello, no es mi intención, ni sería útil que lo hiciera, revisar ahora la historia de España. Quiero hablar de la Nación que logró reunirse en la Transición y de cuya existencia hoy se duda.
Permítanme que formule algunas preguntas:
¿De qué hablamos cuando nos referimos a la Nación española?
¿Qué valores queremos expresar cuando defendemos la Constitución, las leyes y las instituciones que nacen de ella?
¿Qué hizo de la Transición política española un ejemplo reconocido dentro y fuera de nuestro país?
Es fundamental que respondamos con cierta claridad a estas preguntas. Porque con frecuencia nuestras referencias a la Constitución, a la Transición o a la Nación adoptan la forma de un argumento de autoridad cada vez más ignorado.
Corremos el riesgo de enfrentar la voluntad política de personas de hace muchos años a la legítima voluntad política de las personas de hoy. Y ése no es un buen camino; no es de eso de lo que se trata.
En 1978 se produjo un reencuentro verdaderamente nacional que nació del arrepentimiento colectivo por distintas situaciones históricas trágicas que España sufrió. Y de la convicción de que convivir en paz en un mismo territorio tiene más valor que una ideología política particular.
La Transiciónfue un acto masivo de reconciliación; también de perdón. Un acto que no fundó una nación sino que sanó a una nación. Porque mediante él la Nación española afirmó solemnemente que su única expresión política aceptable es la que se basa en los principios de la democracia, de la libertad y del respeto a los derechos civiles compartidos. Es decir, la Nación afirmó que su único modo digno de existencia política es el Estado de derecho. Los españoles lo hicimos.
Y precisamente por ello, por adoptar la forma irrevocable de una democracia moderna, la Constitución no es un estigma que deje sentir su peso sobre los españoles de hoy. Se hizo para los españoles de hoy. Y para asegurar que nuestro legado, a los que vengan después, será el de su libertad política.
La Constituciónno estableció un régimen de sumisión a una voluntad política expresada en 1978. Lo que la Constitución estableció es que nuestro Gobierno debía ser en cada momento el producto de nuestra propia voluntad. Eso es lo que se inauguró en 1978 porque la Nación española así lo quiso: no nuestra servidumbre sino nuestra libertad.
Por eso la Nación española y su expresión política no son algo estático, petrificado en una imagen de hace treinta años; no es algo que proyecte su dominio sobre nosotros desde un tiempo lejano. La Nación somos nosotros, cada uno de nosotros, haciéndonos cargo de la herencia que hemos recibido y pensando en el legado que debemos transmitir.
La nación es algo dinámico y vivo. Debe serlo. La Nación española es una voluntad renovada, es una conciencia de unidad, reflexiva y deliberada; es un vínculo social de solidaridad asentado sobre la base de una historia compartida, sobre la responsabilidad entre generaciones, sobre un compromiso ético exigente y sobre un empeño de permanencia y de apertura. No es una convención arbitraria; la Nación española tiene identidad pero no es una nación identitaria o nacionalista; es una nación plural y es incluyente. Lo ha sido, y lo es, en mucha mayor medida que otras naciones europeas. A diferencia de los nacionalismos, lo que reivindica la Nación española no es la imposición identitaria sino la libertad y la igualdad de los ciudadanos.
Por todo esto, la Nación española existe y es bueno que exista.
Y eso confiere legitimidad a nuestra Constitución y a nuestras leyes. Es nuestra voluntad política expresada democráticamente la que asigna y distribuye el poder dentro de ella. Y es nuestra libertad y son nuestros derechos los que se vulneran cuando se quebrantan nuestras normas.
Exaltar la Constitución es exaltar la obra de la Nación, que es la obra de todos.
Por eso, preservar la Constitución de 1978 significa preservar la oportunidad histórica que ganamos con ella: preservar nuestra concordia, nuestra convivencia pacífica, nuestra condición de ciudadanos libres en la ley e iguales ante ella. Y por eso quienes atentan contra la Constitución no atentan contra nuestra memoria, atentan contra nuestra libertad. Esto no es una especulación. Ya sabemos lo que pasa cuando alguien intenta olvidar y eludir todo lo que nuestra Constitución significa.
Quien protege el Estado democrático constitucional español protege una comunidad nacida de la voluntad de concordia, de perdón y de reconciliación; una comunidad basada en la libertad, en la justicia y en el respeto a los derechos de todos, una comunidad que existe realmente y cuyo nombre es España.
Si alguien encuentra en la democracia española un obstáculo a sus propósitos es porque lo que busca no es concordia, ni es reconciliación lo que persigue, ni es generosidad lo que demanda. Porque la democracia española es una expresión excepcional del espíritu de concordia, del deseo de reconciliación y de la generosidad.
La Naciónespañola es mucho más valiosa que lo que intentan quienes encuentran en ella una resistencia a sus proyectos políticos. Lo es por su compromiso con la defensa de los derechos humanos y del pluralismo social y cultural. Lo es por la consideración personal del ser humano, por la limitación y la vigilancia del poder político, por el respeto al Estado de derecho.
Todo esto diferencia lo que la Nación española ha sabido poner en el mundo de lo que cada día pretenden poner en él quienes procuran su desaparición.
De esta superioridad moral verdaderamente radical debemos ser conscientes los españoles, y en ella debemos encontrar ánimo para enfrentar inteligentemente a quienes pretendan dañarnos.
La Naciónespañola no va a dejar de existir como realidad social por el hecho de que se pretenda actuar como si no existiera. Tampoco porque sufra ataques que en ocasiones han sido brutales. Eso puede dañar nuestro progreso y llevarnos al abatimiento. Pero el sufrimiento de alcance nacional -y su superación- son también evidencia de que la nación, ese singular vínculo de solidaridad entre los españoles, existe.
Durante nuestra reciente historia democrática nada ha llevado más sufrimiento a nuestra nación que el terrorismo. Y ahora que he procurado aclarar algunas cosas que considero fundamentales sobre la Nación española creo que resulta más fácil aclarar también algunas cosas fundamentales sobre el terrorismo y su derrota.
ETA está derrotada histórica y socialmente. La derrota de ETA es uno de los grandes éxitos de la Nación española. La hemos derrotado con la limpieza de la ley y la democracia, con el Estado de derecho y la movilización de la sociedad española respaldando a sus fuerzas de seguridad, con el impulso moral y el ejemplo cívico de las víctimas. La hemos derrotado entre todos.
La colaboración internacional acabó con sus santuarios.
La ley de Partidos acabó con su perverso doble juego de votos y bombas contra la democracia.
El cumplimiento efectivo de las penas aseguró que la cárcel es el destino final de la carrera de los terroristas.
Y ahora hay que hacer efectiva esa derrota. Hacer efectiva la derrota significa que no hay precio alguno que pagar a los terroristas. No lo hubo cuando mataban; no lo puede haber ahora. Son los terroristas y sus cómplices los que tienen una deuda que pagar a la nación, a la democracia, a las víctimas.
Es de justicia que los delincuentes paguen por sus crímenes. El Estado de derecho no ha sido un problema; ha sido y es la solución. Debemos rechazar de plano la falsa idea de que aplicar las leyes obstaculiza la derrota del terrorismo y no aplicarlas la facilita. Son las leyes las que han derrotado al terrorismo y sólo las leyes harán efectiva esa derrota.
ETA y sus cómplices políticos están derrotados. Y nadie debe facilitar, por acción o por omisión, ninguna vía para que ETA y sus cómplices políticos escapen a su derrota. No nos dejemos enredar por este juego de unos supuestos terroristas buenos que quieren convencer a otros terroristas malos para que dejen el terrorismo del que todos ellos son responsables. Hay que impedir que este juego sea el último fraude que el terrorismo intente con éxito.
Permítanme que insista. La cuestión hoy no es si ETA está derrotada sino impedir que ETA escape a su derrota.
Quienes hablan de perdón, de reconciliación y de saber mirar al futuro mencionan palabras importantes. Pero nada sirve mejor a esos propósitos que la defensa íntegra de nuestro sistema político cuyos fundamentos son precisamente la reconciliación, el perdón y la generosidad de espíritu para poder mirar al futuro.
La Naciónespañola expresa en su Constitución una voluntad sincera de concordia, y cualquiera que busque concordia encontrará su lugar en nuestra Nación.
Algunos círculos políticos y de opinión han cultivado la idea de que el terrorismo que hemos sufrido era una asignatura pendiente de una Transición mal resuelta o el producto de un supuesto déficit democrático de ese proceso. Ésta ha sido una fabricación nociva que sólo ha servido para legitimar a ETA y que ahora podría volver a hacerse presente.
Podría volver a hacerse presente como excusa para explicar que algo habrá que pagarles, que su historia no es enteramente reprobable, que el crimen hay que contextualizarlo, que sus medios son rechazables pero que parte de sus fines son comprensibles, que los verdugos son víctimas de una circunstancia histórica, que hay que arrimar el hombro por la paz... En definitiva, intentar ahora hacer como si ETA no existiera, casi como si nunca hubiera existido, como excusa para no hacer efectiva su derrota.
Nuestras leyes ya fijan de modo claro el camino a seguir, el que conduce a la derrota efectiva del terrorismo y al triunfo de la libertad. Y fijan también el camino que debe transitar quien sinceramente busque el perdón y lo obtenga de sus víctimas.
La reconciliación, el perdón y la concordia es lo que ETA ha puesto en su diana desde hace décadas. Y pese a todo, siempre los españoles han estado dispuestos a atender el arrepentimiento de los terroristas que dejaron de serlo, y a actuar con generosidad. Ejemplos de ello no faltan. Ésa es también la fortaleza de la Nación española.
Pero no es de eso de lo que se trata ahora sino de algo muy distinto. Lo que los terroristas han pretendido siempre es que aceptemos la legitimidad de sus fines a cambio de que ellos acepten dejar de emplear sus medios. Dejar de matar a cambio de que su proyecto totalitario se acepte como legítimo sigue siendo hoy la misma transacción que los terroristas han pretendido siempre.
Abandonar la violencia no puede ser sólo renunciar a su uso desde ahora, debe ser también el reconocimiento expreso de que nunca debió ser empleada. No se trata de crear unas condiciones nuevas en las que la violencia carezca de sentido para el terrorista, se trata de establecer como idea de plena vigencia social que la violencia nunca ha estado justificada, que España no la merecía, que nada legitima el terrorismo. Que las víctimas son absolutamente inocentes y que los terroristas son absolutamente culpables. Insisto, se trata de rechazar que debamos actuar como si ETA nunca hubiera existido.
Al confirmar la ilegalización de las organizaciones políticas de ETA, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo declaró textualmente que:
"Un partido político cuyos responsables inciten a recurrir a la violencia o auspicien un proyecto político que no respete alguna o algunas de las reglas de la democracia, que aspire a la destrucción de la misma o menoscabe los derechos y libertades que esta última consagra no puede pretender que se le proteja contra las sanciones que se le hayan impuesto por cualquiera de estos motivos". (Fin de la cita)
En definitiva, ETA y sus cómplices políticos son incompatibles con la democracia tanto por sus medios como por sus fines. Insisto, no son aceptables ni sus medios, ni tampoco sus fines. No existe el derecho ni a crear partidos ilegales ni a votarlos. No se puede plebiscitar la dictadura, ni cabe someter a votación la integridad de la democracia. El menoscabo de los derechos individuales y el pluralismo no pueden ser sometidos a transacción política.
Lograr que el totalitarismo sea aceptado como una opinión política aparentemente legítima sería un éxito del terrorismo. Sería el reconocimiento de que el asesinato ha sido útil a sus autores; sería la aceptación de que ha tenido algún sentido; habría servido para la legitimación de la violencia.
La disyuntiva entre legalización o violencia terrorista es falsa. De hecho, la evidencia es la contraria. Quiero recordar que en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Vasco, en las Diputaciones Forales vascas, en los Ayuntamientos, en el Parlamento Foral Navarro y en el Parlamento Europeo hubo representantes de ETA mientras los pistoleros continuaban con su campaña de terror. Que se sepa, la presencia de esos terroristas en las instituciones no sirvió para evitar la muerte de nadie.
La historia del terrorismo en España es demasiado cruel como para que nos permitamos ignorar todo lo que hemos aprendido. Todo lo que las víctimas han sufrido. Todo lo que las víctimas nos han enseñado. ETA jamás ha matado para la libertad: siempre lo ha hecho para la opresión y la dictadura.
Es precisamente la sacralidad de la vida humana arrebatada a las víctimas lo que debe darnos fuerza para continuar la defensa íntegra de la democracia española hasta la erradicación completa del terrorismo. Porque la vida se protege derrotando al crimen.
No es verdad que las víctimas del terrorismo formen sólo parte del pasado. Por desgracia, nadie puede ya revertir la muerte ni el dolor. Pero el sentido de la muerte y el sentido del dolor todavía están por decidir, el sentido del sacrificio y del sufrimiento todavía no ha sido fijado y no lo será hasta la derrota completa e incondicional del terrorismo. Establecer ese sentido es nuestra responsabilidad como nación.
Quienes piden memoria, dignidad y justicia afirman el valor de nuestros principios políticos cuando más difícil es hacerlo. Renuncian a debilitar las bases de nuestra convivencia y de nuestra seguridad, y eligen fortalecerlas con su sacrificio personal. No se trata sólo de tenerlas en la memoria, se trata de reconocer su impagable sacrificio a favor de nuestra libertad. Y para reconocerlo debemos preservar intacta esa libertad.
El mito de la imbatibilidad de ETA cayó hace ya tiempo, incluso para quienes se resistían a ello. Ahora lo que debemos hacer es asegurar que la derrota efectiva de ETA sea la culminación de nuestro pacto constitucional. El éxito completo de nuestro pacto político de convivencia.
Y lo que debemos evitar es que la derrota de ETA pueda transformarse en la ocasión para reescribir o incluso borrar nuestra historia como democracia.
A España como nación el terrorismo no puede hacerle más daño que el que se derive de nuestra propia incapacidad para hacer de su derrota lo que debe ser: el triunfo de una nación que vence al terror en nombre de la vida y de la libertad.
España no puede aceptar soluciones de excepción para hacer efectiva la derrota de ETA en ningún caso. Si se diera la impresión de que el Estado de derecho que defendemos puede quedar en suspenso o ser aplicado a conveniencia se estaría dañando extraordinariamente la democracia española y se expondría a sus instituciones a la sospecha.
No puede darse la impresión de que dos bandos moralmente equivalentes resuelven sus diferencias. La democracia española no debe desviarse del respeto incondicional a los principios del Estado de derecho. Porque sólo así podrá mantener intacta su legitimidad moral y política para derrotar incondicionalmente a los terroristas.
Ésa ha sido siempre mi convicción y mi forma de actuar. También en los peores momentos del ataque del terrorismo. También cuando el terrorismo se propuso acabar con los partidos constitucionalistas en el País Vasco y Navarra mediante el asesinato sistemático de sus militantes y cargos públicos. También cuando entre esas víctimas estaban mis compañeros de partido.
El final del terrorismo plantea un único riesgo: que perdamos en la victoria. Es decir, que pierda la nación de ciudadanos. Que se le niegue su derecho a exigir a los terroristas todas sus responsabilidades. Y, por tanto, hay muchas cosas que están en juego para nuestra convivencia como españoles. Es responsabilidad de todos que la victoria contra el terrorismo sea la de la libertad y la justicia; la de la democracia y el Estado de derecho; la victoria de las víctimas y su memoria sobre el relato infame que enaltece a sus victimarios.
Quien quiera paz que mire la obra de la Nación española de 1978; quien quiera concordia y reconciliación que mire la Transición; quien busque generosidad para construir un futuro de democracia y libertad para todos, que asuma la Constitución. Y quien busque perdón que tenga el valor de mirar a sus víctimas".