Señor Presidente, señores Presidente de la Junta de Andalucía, señores representantes del Parlamento andaluz, Señorías,
En 1980, cuando accedió a la autonomía, Andalucía era la Comunidad más poblada de España. Hoy lo es todavía más: casi uno de cada cinco españoles es andaluz o andaluza.
Hace no más de cuatro décadas muchos de sus hijos dejaban sus tierras para reconstruir su vida en otros lugares. Desde 1980 ha incrementado en más de millón y medio sus habitantes.
Andalucía es la segunda Comunidad Autónoma que más peso económico ha ganado en el último cuarto de siglo. En ese período ha crecido claramente por encima de la media nacional; ha aproximado su renta per cápita a la media europea a razón de 0’7 puntos por año; ha multiplicado por dos veces y media su "stock" de capital público; ha incrementado en veinte puntos sus tasas de actividad y empleo, y todavía más las femeninas; ha ampliado la cobertura en los niveles educativos no obligatorios, que hoy es un 30 por 100 mayor en educación infantil, un 55 por 100 en educación secundaria postobligatoria y un 40 por 100 en la enseñanza universitaria.
Éstos son los datos de un éxito, el éxito de la autonomía andaluza; un éxito espectacular, que también ha conocido el conjunto de España.
Todos estos avances apenas eran imaginables para los ciudadanos andaluces cuando decidieron apostar firmemente por su autogobierno. Todos ellos saben hoy, igual que lo sabemos nosotros, que aquellos éxitos no se hubieran alcanzado de no haber conseguido ese autogobierno en 1980.
Ésa es la realidad de lo que ha representado para Andalucía su configuración como Comunidad Autónoma y como sujeto político con identidad propia en el seno de España. En este período Andalucía ha ido consolidando su conciencia de sí misma y ha comprobado con orgullo y satisfacción cómo sus rasgos y sus valores propios enriquecen al conjunto de la España democrática.
Señorías,
La reforma estatuaria que hoy valoramos es, ante todo, el reflejo de la voluntad de una Comunidad Autónoma que viene ejerciendo con madurez su autogobierno y que quiere renovarlo y profundizarlo para afianzar su futuro.
Me gustaría destacar, Señorías, que Andalucía es referente de equilibrio para la España autonómica, para la España plural: lo es por su dimensión poblacional y territorial, por el valor estratégico de su doble dimensión mediterránea y atlántica, y por ser frontera de España y Europa con el continente africano: lo es porque sus indicadores básicos, económicos y sociales promedian más que cualquier otra Comunidad Autónoma los del conjunto de los españoles, y lo es por los sentimientos de proximidad y simpatía que esta Comunidad y sus ciudadanos generan espontáneamente en el conjunto del territorio nacional.
Por eso, si le va bien a Andalucía, Señorías, seguro que nos irá bien al conjunto de los españoles.
Para valorar en su justa medida la Proposición que hoy empezamos a debatir en esta Cámara hay que partir, pues, de este espectacular avance producido en el último cuarto de siglo en Andalucía. Hay que tener presente, asimismo, el fuerte impulso fundacional que llevó a Andalucía a conquistar su autogobierno.
Quien no parta de estas consideraciones corre el riesgo cierto de equivocarse a la hora de fijar posición sobre esta reforma. Corre el riesgo, mejor dicho, de volver a equivocarse, de repetir el error, de tropezar dos veces en la misma piedra. La reincidencia en el error puede resultar comprensible en los comportamientos individuales, pero no tiene disculpa en responsables políticos cuando se enfrentan a unas aspiraciones populares ampliamente sentidas; una aspiración ante la que no cabe cerrar los ojos, ni menos todavía responder con portazos o con desplantes.
El autogobierno de Andalucía, la reivindicación de una autonomía plena, llegó empujada por la movilización, la voluntad y la tenacidad expresa de los andaluces, más que en ningún otro caso.
La aprobación de su Estatuto en 1980 significó la auténtica consolidación del Estado de las Autonomías como una oportunidad de desarrollo y crecimiento para toda España. Andalucía señaló entonces la dirección en la que debía avanzar el modelo: la dirección de la respuesta a las necesidades reales de crecimiento y bienestar social de los ciudadanos.
Esta reforma de su Estatuto vuelve a expresar esa misma ambición: la del avance de las instituciones para adaptarse a los cambios y a los retos de la realidad.
Esta reforma vuelve a demostrar que nuestro Estado autonómico no consolida privilegio ninguno, sino que ofrece oportunidades de desarrollo para las Comunidades que quieran aprovecharlas, en el respeto de todas las demás y, desde luego, de las responsabilidades comunes que competen al Estado.
Esta reforma vuelve a demostrar que la reforma de los Estatutos de Autonomía no es ni artificial ni es aspiración exclusiva de una u otra Comunidad.
Reformamos este Estatuto de Andalucía, igual que los de otras Comunidades, porque la España autonómica funciona, y lo reformamos para que funcione aún mejor. Anteayer fue la Comunidad Valenciana, ayer fue Cataluña, hoy es Andalucía y mañana serán otras Comunidades las que avanzarán por este mismo camino que es el de una España unida y plural, diversa y armónica.
La reforma que ahora debatimos parte de la propuesta de las instituciones propias de los andaluces. Aquí nos corresponde construir el acuerdo entre estas Cortes Generales y el Parlamento andaluz, como quiso, acertadamente por cierto, el constituyente.
El Estatuto andaluz mostrará el equilibrio y la consolidación del modelo constitucional de Estado autonómico y lo reforzará; un modelo que alcanza su madurez a partir de la experiencia desarrollada y en la conciencia de su aplicabilidad general a todas las Comunidades españolas que quieran mejorar su autogobierno, no para parecerse a otras, sino para acercarse a lo que desean sus propios ciudadanos.
Señorías,
Quiero fijar la posición general del Gobierno respecto a la reforma concreta y a alguno de sus contenidos específicos.
He defendido en esta tribuna la exigencia de consenso en el Parlamento de origen para asumir la tramitación de un Estatuto de Autonomía. El vigente Estatuto andaluz es de los que exigen una mayoría agravada, de tres quintos, en el Parlamento de la Comunidad y, como saben Sus Señorías, el texto actual cuenta con ese apoyo. Ello refleja un suficiente grado de acuerdo político y cumplimiento estricto de las reglas estatutarias; pero quiero manifestar que debemos esforzarnos por ampliarlo, tratando de incorporar a todos los grupos políticos a un texto acordado que será bueno para Andalucía y para España.
Por desgracia, no fue posible allí; pero sí debería serlo aquí. Para ello se requiere una mínima disposición para alcanzarlo, un abandono del no incondicional, un deseo de participación constructiva y una actitud abierta, que garantizo, por parte de la mayoría de esta Cámara.
El Parlamento andaluz nos ha dicho qué quiere para Andalucía. Nuestra función es discutirlo e integrarlo en el interés general de España.
Este Estatuto, señor Presidente, Señorías, tiene señas de identidad propias, alguna de ellas creo que expresadas de manera muy acertada ante lo que representan las aspiraciones de los ciudadanos, las nuevas necesidades sociales y los retos para un desarrollo armónico y equilibrado de buena parte de nuestro territorio y, especialmente, de la Comunidad andaluza. Pone el énfasis en los derechos sociales, en la igualdad en el acceso a los servicios públicos, y lleva el acento a la función social de la propiedad, al diálogo y a la concertación social y, muy especialmente, a la consideración detallada de los derechos de acceso al trabajo e igualdad en el mismo.
En esto la propuesta es una profundización del Estatuto andaluz, que inauguró ya en 1980 un marcado acento social en los textos estatutarios. En cambio, novedoso e indudablemente vinculado a la realidad social actual es el segundo acento propio que quisiera destacar de este Estatuto: el acento medioambiental.
Andalucía emprenderá así un camino que espero puedan seguir otros Estatutos, el de la asunción de la protección medioambiental como una función fundamental de nuestras instituciones públicas, de las responsabilidades de las Comunidades Autónomas y uno de los retos más decisivos para el progreso y para nuestro futuro. Aspectos como la biodiversidad, el desarrollo sostenible, la prevención de incendios, la lucha contra la desertificación y el tratamiento de los residuos encuentran entrada en una norma institucional básica de una Comunidad, porque hoy son ya los problemas reales y fundamentales de esa Comunidad, y seguramente no lo eran hace veinticinco años.
Los Estatutos, Señorías, no son las tablas de la ley; los Estatutos son reglas de convivencia, son leyes, y, como todas las leyes, no se reforman por capricho, sino para responder a nuevos problemas que supone el propio progreso, como la inmigración o la defensa del medio ambiente. Ésta es una reforma hija del progreso de Andalucía y que ha sido pensada por y para el bienestar de los andaluces.
Como todo Estatuto de nueva generación, junto a los derechos y las instituciones propias éste regula los aspectos esenciales del sistema competencial y de financiación de la Comunidad. Estoy seguro de, que con el trabajo de la Comisión Constitucional y la delegación de Andalucía, se engarzarán adecuadamente las legítimas demandas de clarificación y mejora competencial, con la preservación de las responsabilidades que la Constitución atribuye al Estado como garante de los intereses generales y de la igualdad de todos los ciudadanos.
En este contexto, y desde el primer momento, quisiera manifestar que el Grupo Socialista y el Gobierno están dispuestos a esforzarse especialmente en alcanzar un acuerdo en la redacción de los preceptos en materia de aguas y cuencas hidrográficas, que permitirá a la Junta de Andalucía una participación decisiva y efectiva en la política de gestión y uso del agua en su territorio, pero también que mantenga las capacidades de intervención del Estado como garante de los intereses generales supracomunitarios, que constitucionalmente le corresponde defender.
Como en otros ámbitos, también en éste, el nuevo Estatuto andaluz debe superar la idea de la división estanca de competencias para profundizar en el camino de la participación leal y efectiva en decisiones de clara afectación general y que exigen un camino a recorrer para acercar mucho más a los ciudadanos y a los intereses concretos las responsabilidades en manos de las Comunidades Autónomas.
Señorías,
En esta fase de despliegue de las reformas estatutarias tenemos que esforzarnos por desarrollar la idea y la práctica política de la participación. Quienes se empeñen en leer los nuevos Estatutos en clave de si se restan o suman competencias del Estado no han entendido que la esencia de nuestro modelo autonómico, y cada vez más, es la cooperación. Lo verdaderamente sustantivo de esta nueva etapa es la voluntad y la posibilidad de ser corresponsables en las decisiones del Estado.
Hace veinticinco años los Estatutos, como el andaluz, fundaban la autonomía, ponían las bases del entramado institucional y competencial. Hoy las Comunidades Autónomas son actores institucionales y políticos maduros. Como tales, impulsan estas reformas; como tales, están en condiciones y deben de participar y corresponsabilizarse con las decisiones del Estado.
La integración de los intereses y posiciones de las Comunidades en las decisiones del Estado fortalece esas decisiones, amplía su aceptación, incrementa su legitimación y, además, mejora su eficacia. Participar es ser corresponsable: corresponsable en la definición de derechos adicionales para sus ciudadanos, corresponsable en la participación ante las instituciones de la Unión Europea, corresponsable en los grandes planes estatales, en las inversiones, en la energía y en las infraestructuras de interés general.
Eso pide la propuesta que hoy debatimos. Por ello responde adecuadamente a lo que la experiencia ya nos exige: la necesidad de incorporar preceptos expresos y mandatos claros sobre la apertura del Estado a las propuestas y posiciones autonómicas para profundizar, mejorar y robustecer el modelo autonómico constitucional.
Señorías,
Para terminar quisiera felicitar a las instituciones de Andalucía, y en especial a la delegación aquí presente, por un trabajo que, sin duda, mejorará Andalucía; pero, sobre todo, mejora el Estado autonómico y, de este modo, España. El fruto de este trabajo que hoy nos presentan y defienden destruye la falsa idea de privilegios de unas Comunidades frente a otras, consolida el modelo constitucional de autonomía política, avanza en la idea de la participación solidaria en una unidad plural y es una mejora que permite a Andalucía seguir creciendo y aumentando el bienestar de sus ciudadanos.
Por ello confío en que la Comisión Constitucional y la delegación del Parlamento de Andalucía alcanzarán acuerdos para mejorar el texto, que desearía que contara con un mayor consenso; incluso, si ello es posible, el de todos los Grupos Parlamentarios de esta Cámara.
Señorías,
Los ciudadanos de Andalucía llaman a las puertas de este Parlamento y nos piden que atendamos su demanda. No quieren ser más, ni tampoco menos, que nadie; quieren, simplemente, seguir avanzando, como lo han hecho durante un cuarto de siglo, en el seno de España y en hermandad con todos los demás españoles. Podemos atenderles y podemos, además, hacerlo juntos. Se requiere, eso sí, algo de generosidad, mucha altura de miras y también un poco de memoria por Andalucía.
Muchas gracias.