(Libertad Digital) La Audiencia Provincial de Las Palmas decidió este viernes la ejecución inmediata de la sentencia del Tribunal Supremo que atribuye al político populista y preboste de Lanzarote un delito de cohecho, después de que el Gobierno le haya denegado el indulto, según comunicó recientemente el ministro de Justicia.
Dimas Martín dispondrá de cinco días para entrar por su pie en la cárcel de Tahíche (Lanzarote), una vez que se le notifique personalmente el auto judicial. Será suspendido de todos sus cargos, a pesar de que ha anunciado su intención de gobernar el Cabildo desde su celda.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas decidió en la tarde del viernes el ingreso inmediato en prisión del presidente del Cabildo de Lanzarote, según informó la Agencia Canaria de Noticias (ACN Press) y ha verificado Libertad Digital en fuentes del citado órgano judicial. Dimas Martín fue elegido para este cargo con el respaldo de los consejeros de CC (Coalición Canaria) y PP, como contrapartida al apoyo que el PIL, del que Martín es diputado, presta al Gobierno de CC y PP en el Parlamento regional. La resolución judicial incluye la "suspensión del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena", lo que significa que no podrá desempeñar cargo público alguno mientras esté recluido.
La resolución judicial señala que, para el cumplimiento de las penas impuestas es necesario que Dimas Martín "sea requerido expresa y personalmente de ingreso en prisión dentro del plazo de cinco días", que comenzarán a contar desde el momento en que el político corrupto reciba la notificación del auto. El tribunal presidido por José Antonio Martín ordena, además, que se comunique esta decisión al Parlamento de Canarias y al Cabildo de Lanzarote.
La condena que Martín debe afrontar data de enero de 2001. El Supremo declaró probado que el político compró en 1995 la voluntad de un concejal del PP en el Ayuntamiento de Arrecife, Juan Carlos Hernández, al que pagó doce millones de pesetas, un salario mensual de 300.000 y el cargo de concejal de Policía, Tráfico y Personal, a cambio de su abstención en el pleno constituyente, propiciando, así, la investidura del candidato patrocinado por "Don Dimas", como le conocen y reverencian los isleños.
El ex senador lanzaroteño ya ha estado en prisión en dos ocasiones. Siendo alcalde de Teguise, el municipio turístico más importante de la isla, extorsionó a un residente alemán, al que exigió el pago de 500.000 pesetas por no derribar un muro en una propiedad de la víctima.
A Dimas Martín le aguarda, en los próximos meses, otro juicio por delitos de corrupción, cuyo sumario instruye el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El Ministerio Fiscal ha concluido, en su informe, que el político puso en marcha, en 1989, un gigantesco cártel agrario y pesquero con fondos públicos del Ayuntamiento de Teguise y del Gobierno de Canarias, que en realidad funcionó como una burda tapadera para el robo y el fraude a gran escala. Hace un mes, Dimas Martín participó, desde su escaño de diputado, en la elección de uno de los magistrados de la Sala del TSJC que se dispone a juzgarlo por estas acusaciones de malversación de fondos y fraude a Hacienda y la Seguridad Social.
La situación penal de Dimas Martín centra el debate político en la Comunidad canaria. El PSC (Partido Socialista Canario-PSOE) ha recordado a CC y PP su responsabilidad en la degradación institucional que, para el Cabildo y el Parlamento, supone tener a un delincuente sentado en sus escaños y gobernando en una isla. Pero ni siquiera el PSC se ha resistido a aliarse a Dimas Martín y su partido, el PIL, cada vez que ha tenido ocasión de entrar en puestos de poder en Lanzarote. En esta isla de 80.000 habitantes, y a pesar de sus probadas corrupciones, Dimas Martín sigue siendo el político más votado, un factótum inexpugnable que se ha convertido, además, en llave, cortejada por todos, de la gobernabilidad
regional.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas decidió en la tarde del viernes el ingreso inmediato en prisión del presidente del Cabildo de Lanzarote, según informó la Agencia Canaria de Noticias (ACN Press) y ha verificado Libertad Digital en fuentes del citado órgano judicial. Dimas Martín fue elegido para este cargo con el respaldo de los consejeros de CC (Coalición Canaria) y PP, como contrapartida al apoyo que el PIL, del que Martín es diputado, presta al Gobierno de CC y PP en el Parlamento regional. La resolución judicial incluye la "suspensión del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena", lo que significa que no podrá desempeñar cargo público alguno mientras esté recluido.
La resolución judicial señala que, para el cumplimiento de las penas impuestas es necesario que Dimas Martín "sea requerido expresa y personalmente de ingreso en prisión dentro del plazo de cinco días", que comenzarán a contar desde el momento en que el político corrupto reciba la notificación del auto. El tribunal presidido por José Antonio Martín ordena, además, que se comunique esta decisión al Parlamento de Canarias y al Cabildo de Lanzarote.
La condena que Martín debe afrontar data de enero de 2001. El Supremo declaró probado que el político compró en 1995 la voluntad de un concejal del PP en el Ayuntamiento de Arrecife, Juan Carlos Hernández, al que pagó doce millones de pesetas, un salario mensual de 300.000 y el cargo de concejal de Policía, Tráfico y Personal, a cambio de su abstención en el pleno constituyente, propiciando, así, la investidura del candidato patrocinado por "Don Dimas", como le conocen y reverencian los isleños.
El ex senador lanzaroteño ya ha estado en prisión en dos ocasiones. Siendo alcalde de Teguise, el municipio turístico más importante de la isla, extorsionó a un residente alemán, al que exigió el pago de 500.000 pesetas por no derribar un muro en una propiedad de la víctima.
A Dimas Martín le aguarda, en los próximos meses, otro juicio por delitos de corrupción, cuyo sumario instruye el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El Ministerio Fiscal ha concluido, en su informe, que el político puso en marcha, en 1989, un gigantesco cártel agrario y pesquero con fondos públicos del Ayuntamiento de Teguise y del Gobierno de Canarias, que en realidad funcionó como una burda tapadera para el robo y el fraude a gran escala. Hace un mes, Dimas Martín participó, desde su escaño de diputado, en la elección de uno de los magistrados de la Sala del TSJC que se dispone a juzgarlo por estas acusaciones de malversación de fondos y fraude a Hacienda y la Seguridad Social.
La situación penal de Dimas Martín centra el debate político en la Comunidad canaria. El PSC (Partido Socialista Canario-PSOE) ha recordado a CC y PP su responsabilidad en la degradación institucional que, para el Cabildo y el Parlamento, supone tener a un delincuente sentado en sus escaños y gobernando en una isla. Pero ni siquiera el PSC se ha resistido a aliarse a Dimas Martín y su partido, el PIL, cada vez que ha tenido ocasión de entrar en puestos de poder en Lanzarote. En esta isla de 80.000 habitantes, y a pesar de sus probadas corrupciones, Dimas Martín sigue siendo el político más votado, un factótum inexpugnable que se ha convertido, además, en llave, cortejada por todos, de la gobernabilidad
regional.
El presidente del Gobierno de Canarias, Adán Pablo Martín Menis, dijo hace un mes, después de visitar a Dimas Martín en el Cabildo de Lanzarote, que entre ambos existe "una gran sintonía".