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Dignidad y Justicia pide a Garzón que prohíba manifestación en Lizarza contra Otaola

El colectivo cívico "Dignidad y Justicia" solicitó este viernes al juez Baltasar Garzón que impida la celebración de la manifestación convocada para mañana sábado en Lizarza contra la alcaldesa Regina Otaola, del PP, cuyo permiso fue solicitado por Iñaki Elduayen, antiguo concejal de Batasuna-ETA en Tolosa y candidato en las últimas elecciones en una lista ilegalizada.

L D (Agencias) La concentración, bajo el lema "Fuera Otaola, no a la represión", está convocada en el marco de lo sucedido el pasado día 7 cuando Otaola presidía la izada de las banderas española, vasca y local en el balcón del Ayuntamiento con motivo de las fiestas del pueblo, mientras una veintena de personas que participaba en un acto de protesta increpaba a la regidora y a los otros seis concejales del PP que conforman la corporación municipal.

Según la alcaldesa, uno de los vecinos le gritó "vas a morir", supuestas amenazas de muerte que ella denunció en la comisaría y de las que se hizo cargo un juzgado de Tolosa, el cual se inhibió a favor de la Audiencia Nacional al entender que se trata de hechos relacionados con delitos de terrorismo.

De acuerdo con el escrito de Dignidad y Justicia, la persona que ha solicitado el permiso al Gobierno vasco para celebrar la manifestación es Iñaki Elduayen, que ha sido concejal de HB en 1995, 1997 y 1999, así como candidato de EH, de la plataforma Tolosa Bizirik y de Tolosako Abertzale Sozialistak, de esta última en las elecciones municipales de mayo pasado.

Por ello, la asociación de víctimas considera que la convocatoria de mañana "es un acto de la ilegalizada HB-EH-Batasuna", cuyas actividades suspendió Garzón el 26 de agosto de 2002 e ilegalizó el Tribunal Supremo el 19 de marzo de 2003.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, que investiga la subordinación de Batasuna a ETA, puso en conocimiento de la Fiscalía la petición de Dignidad y Justicia y será el juez de guardia, Fernando Grande-Marlaska, el encargado de adoptar una decisión al respecto.

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