Dictan orden de alejamiento para los militantes de ERC que amenazaron de muerte a Rivera
El juez ha dictado orden de alejamiento respecto al líder de C's, Albert Rivera, para los dos militantes de las juventudes de ERC (JERC) que le amenazaron de muerte, por lo que Josep Maria E.V., vecino de Cánoves (Barcelona) de 18 años, no podrá entrar en La Garriga (Barcelona), donde vive el diputado, y Jordi G.F., de 18 años y vecino este mismo municipio, no podrá acercarse a menos de mil metros de Rivera.
L D (Agencias) La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha pedido para los acusados la imputación de un delito de atentado a la autoridad en su modalidad de intimidación grave a un miembro de la Asamblea Legislativa, según lo que recoge el artículo 551 del Código Penal, que establece penas de entre 4 y 6 años de cárcel.
Aun así, el ministerio fiscal defiende que, al fijar la pena, se tenga en cuenta "la retractación inmediata, de arrepentimiento" de los detenidos, y su actitud de "intentar disminuir los efectos del delito de manera casi inmediata a los hechos", en alusión al correo electrónico que enviaron a C's al día siguiente para pedir disculpas.
La Fiscalía anunció que valorará estas circunstancias para ofrecer "una respuesta proporcionada del reproche penal, es decir, de la extensión o reducción de la pena sin perjuicio de los resultados de la investigación". Asimismo, no ve oportuno pedir el ingreso en prisión, aunque sí aplicar "la medida cautelar de alejamiento de la víctima". El presidente de C's acudió esta misma mañana a declarar al juzgado de Granollers (Barcelona) que instruye el caso, al que comunicó su decisión de acogerse también al derecho de acusación particular.
En declaraciones a Europa Press, Albert Rivera expresó su "preocupación por que personas tan jóvenes tengan estas ideas" y comportamientos, y señaló que sus abogados esperarán a valorar el desarrollo del juicio para decidir la pena que piden para los acusados. Rivera se mostró "satisfecho" por que este tema "esté por fin en manos de la justicia y haya abandonado cualquier otro ámbito", y aseguró que su intención "no es la de criminalizar a ningún partido político", aunque sí reclamó a ERC y las JERC "medidas" para que eviten aceptar en sus organizaciones "a este tipo de personas".
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