Dictan la apertura de juicio oral por el caso de las facturas falsas en Sevilla

L D (Pedro de Tena) En su auto, que será notificado este lunes a las partes, la juez ha decretado el sobreseimiento de la causa contra el ex concejal José Antonio García, al entender que "no tuvo conocimientos ni sospechas" de lo que ocurría. Por el contrario, el ex secretario del Distrito Macarena, José Marín; el contratista José Pardo y el colaborador del Distrito Macarena Manuel Portela se tendrán que enfrentar a la petición del fiscal para cada uno de ellos por la trama de facturas falsas realizadas en 2003. 

En concreto, la Fiscalía pide para José Marín una pena de tres años y seis meses de prisión por un supuesto delito de malversación; mientras que para José Pardo reclama 21 meses por un delito continuado de falsedad más otros dos años y seis meses por malversación. Además, el Ministerio Público solicita un año y cinco meses para el colaborador del distrito Manuel Portela. Ahora será la Oficina del Jurado de la Audiencia Provincial de Sevilla la encargada de señalar la fecha para celebrar la vista oral.

La historia y los hechos, según ABC

Los hechos recogidos en el escrito de acusación del fiscal comienzan en enero de 2001, cuando por escritura pública se constituyó la compañía mercantil "Contratas y Obras Sevilla S. L." (COS) con un capital de 500.000 pesetas por el acusado José Pardo junto a tres socios.

A raíz de su constitución, dicha empresa comenzó a realizar obras para el Ayuntamiento de Sevilla y, según el fiscal, José Pardo "ideó valerse por su cuenta y riesgo" a fin de obtener adjudicaciones de obras menores de carácter urgente y, así, "obtener ganancia a nivel individual".

Según indica el Ministerio Público, las obras menores urgentes inferiores a 2.400 euros se abordaban a petición de asociaciones de vecinos y "su necesidad era apreciada por el entonces secretario del Distrito Macarena, José Marín, quien "se servía como enlace del otro acusado", el colaborador del mismo distrito Manuel Portela, el cual se encargaba por indicación de Marín "de llamar a las empresas adjudicatarias y de comprobar «in situ» que las obras se habían realizado".

Así, tras la ejecución de la obra, el empresario que la había efectuado tenía que presentar la correspondiente factura, que le era satisfecha mediante cheque nominativo expedido por el entonces concejal del distrito José Antonio García.

A continuación, la Fiscalía de Sevilla informa que el procesado José Pardo, "prevaliéndose del conocimiento personal que había adquirido a través del partido político al que pertenecía respecto de los funcionarios acusados que detentaban cierto poder de decisión dentro del distrito", consiguió que le llamaran para formular presupuestos en relación al importe de obras menores.

"Esta llamada se producía hacia otras empresas o sociedades sin que se conozca estrictamente si el proceso de adjudicación se hacía mediante concurrencia de una o varias para la misma obra pues no se formalizaba expediente a tal efecto", continúa el escrito.

A tal efecto, en 28 obras menores, posteriormente incluidas en una "cuenta acreditativa por inversión de fondos a justificar", previa presentación y aprobación de un presupuesto que venía con la indicación de la compañía COS, José Marín presuntamente expidió y firmó las correspondientes "órdenes de actuación urgentes" que "no estaban exentas de irregularidades u omisiones importantes".

Irregularidades

El fiscal refleja que el presupuesto aparecía en ocasiones "como anterior a la solicitud de obra o posterior al inicio de la obra y no constaba a veces la fecha de la solicitud, ni se decía fecha de inicio o de terminación de la obra". Además, en todas estas órdenes figura José Pardo como representante de "Contratas y Obras Sevilla" "sin que se le pidiera justificación del poder".

Al mismo tiempo, este acusado, que conocía la mecánica operativa antes descrita, presuntamente confeccionó impresos de presupuesto y de facturación de la compañía COS, que tenían algunas diferencias relevantes con los usuales de la sociedad. De esta forma, presentó 28 facturas de las obras a primeros de mayo de 2003, "siéndole satisfechas mediante cheques nominativos que rellenó materialmente con su letra y que firmó el concejal García", poco antes de las elecciones municipales.

Al hilo, Marín mandó a fotocopiar dichos cheques para remitírselos a la intervención municipal, "figurando en ellos el nombre de la compañía en anagrama –COS– como persona acreedora sin más aditamento, a excepción de tres talones que sí portaban el nombre de José Pardo".

Con posterioridad, el imputado Marín escribió el nombre completo de José Pardo García en tales cheques originales, de modo que éste último "pudo cobrarlos por ventanilla en la correspondiente entidad bancaria".

Entre las obras figuran las consistentes en demolición de módulos frente a la barriada de las Almenas, en la capital, y demolición de módulos en plaza de la iglesia de la barriada de San Diego. La Fiscalía entiende que "en realidad se trataba de la misma factura duplicada con diferente modo de describir la misma obra a realizar y no ejecutada".

Pericialmente, el fiscal determina que tampoco fueron ejecutadas, y sin embargo fueron objeto de pago a José Pardo por José Marín, cuatro obras más por importes de 168 euros, 2.365 euros, 2.365 euros y 2.299 euros. Asimismo, la calificación asegura que "se ha comprobado que hay facturas que suponen duplicados de obras ya realizadas y también han sido satisfechas".

Situación conocida

Ante tales circunstancias, el Ministerio Fiscal estima que las obras reseñadas "eran conocidas por el acusado José Marín, que, con la colaboración y anuencia del acusado Manuel Portela y con su silencio posterior, consintió que José Pardo se apropiara lisa y llanamente del importe correspondiente a las mismas".

Aparte de las penas de prisión citadas, el escrito de calificación pide que los acusados de malversación –José Marín y José Pardo– indemnicen al Ayuntamiento de Sevilla en la cantidad de 20.254,62 euros "en cuanto responsables solidarios" de la operación.