"DEMOCRACIA PARA LOS CIUDADANOS", menos para el PP
Las campañas del referéndum producidas por la Generalidad y el PSC vulneran todos los preceptos de la doctrina socialista sobre la publicidad institucional. El Gobierno de Zapatero predica una cosa en la Ley de propaganda del Estado, y Maragall y el PSC hacen justo lo contrario en la promoción del "Sí" al nuevo Estatuto. La esquizofrenia socialista sobre el uso de fondos públicos en la publicidad llega al punto de que, mientras la Ley de Zapatero prohíbe campañas del Estado que confundan sus ideas con las de cualquier partido político, la de la Generalidad aboga descaradamente por el "Sí". Su ventajismo se alimenta de fondos públicos, mientras que la recogida de cuatro millones de firmas para un referéndum nacional, ignorada por el Gobierno y archivada en cinco minutos por el Congreso, se ha financiado con los recursos del PP, que la promovió.
(Libertad Digital - Víctor Gago) El PSOE prohíbe, en teoría, a sus altos cargos del Gobierno la ostentación del poder, y a sus ministros, la propaganda partidista y electoral. La campaña de la Generalidad sobre el referéndum del nuevo Estatuto de Cataluña, diseñada alrededor del lema "Estatuto. De ahora en adelante", sería cancelada por vulnerar la Ley 29/2005, de Publicidad Institucional, promovida por el Gobierno de Zapatero, si no fuera porque su aplicación sólo afecta a la iniciativa de la Administración del Estado.
El artículo tres establece que sólo se podrán realizar campañas institucionales cuando promuevan "la difusión y conocimiento de los valores y principios constitucionales"; o cuando se limiten a informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones legales o de "la existencia de procesos electorales y consultas populares".
El artículo cuarto prohíbe la producción de campañas "que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados" por el Gobierno; de aquéllas otras que "menoscaben, obstaculicen o perturben las políticas públicas o cualquier actuación legítimamente realizada por otro poder público"; que incluyan "mensajes discriminatorios" o que confundan sus ideas con las de un partido político.
Zapatero se había comprometido, en la campaña de las Generales de 2004, a impulsar una ley "enormemente estricta" –según anunció el 21 de enero de 2004, durante una entrevista concedida a Catalunya Radio– para reducir el gasto en campañas publicitarias de las instituciones públicas. La de la Generalidad sobre el referéndum del nuevo Estatuto se licitó por 400.000 euros y ha acabado ejecutándose por 4 millones. Zapatero prometió una Ley con la que "no se pueda usar el dinero público en mera propaganda", mientras acusaba al Gobierno de Aznar de "abusar de las instituciones en beneficio de sus siglas, rompiendo las reglas del juego democrático".
En cambio, la campaña de la Generalidad sobre el referéndum transgrede prácticamente todos estos preceptos que el PSOE respaldó en las Cortes, al aprobarse en diciembre de 2005 la Ley de Publicidad Institucional del Gobierno de la Nación.
La campaña "Estatuto. De ahora en adelante" promueve abiertamente el "Sí" al proyecto de Zapatero, el PSC, IU y Convergencia. Para el Partido Popular de Cataluña, resulta "escandaloso que se esté gastando" cuatro millones de euros "de todos los ciudadanos de Cataluña, de los que piensan que este Estatuto es bueno y de los que piensan que no lo es, en una campaña impropia e ilegal". Los populares han anunciado que recurrirán la difusión de la campaña institucional.
Mientras el Gobierno Maragall pide el "Sí" sin disimulo, su partido, el PSC, lo hace descalificando al PP. Si la campaña de Maragall vulnera los principios de austeridad e imparcialidad institucional que Zapatero dice defender, la de Montilla, primer secretario del PSC, arrasa definitivamente con el mito del talante, el diálogo y el respeto por las ideas ajenas, con el que Zapatero se presentó a los españoles el día de su investidura como residente.
El secretario de Organización y Acción Electoral del PSOE, José Blanco, afirmó el 12 de febrero de 2004 que su partido estaría dispuesto a ahorrarse la mitad de su gasto en publicidad electoral si estuviese en vigor una Ley que obligase a los canales públicos de comunicación a respetar el pluralismo y celebrar debates públicos. El PSOE se comprometió a donar la mitad de su gasto de campaña –que en 2004 ascendió a 3,9 millones de euros– a ONG.
En Cataluña, el Tripartito controla todos los resortes de la comunicación pública, desde TV3 hasta el Consejo Audiovisual de Cataluña, pero ni la Generalidad respeta a los partidarios del "No", ni el PSC ha optado por un modelo de pluralismo y austeridad filantrópica para su campaña. El lema de la campaña del referéndum –El PP utilizará tu No contra Cataluña– expresa la radical diferencia entre lo que los socialistas prometen para llegar al poder y lo que practican cuando están en él.
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