Del Olmo se niega a traspasar a Garzón la agenda telefónica de ETA conectada al Gobierno

LD (Víctor Gago) La Fiscalía y Baltasar Garzón se han lanzado juntos a interceptar la investigación sobre la agenda telefónica de los etarras Jon Iurrebaso y Kepa Suárez, en la que hay dos números de teléfonos móviles correspondientes a tarjetas pre-pago adquiridas en España.

 

Según declararon los terroristas a la juez francesa Laurence Le Vert, después de ser detenidos en un control de carreteras Perigueaux, el pasado 29 de marzo, los números de teléfono pertenecen a altos cargos del Ministerio español del Interior.

 

Iurrebaso y Suárez iban armados y se dirigían a una reunión con emisarios de Rodríguez Zapatero que iba a celebrarse en Suiza el pasado 30 de marzo, apenas tres meses después del asesinato de Carlos Estacio y Diego Palate en el atentado contra el aeropuerto de Madrid-Barajas.

 

La juez Le Vert envió una Comisión Rogatoria a la Audiencia Nacional, solicitando que se investigasen las llamadas realizadas desde y hacia los números anotados por los etarras.

 

La Fiscalía a las órdenes del Gobierno y Baltasar Garzón, juez partidario del llamado "proceso de paz" han removido la Audiencia Nacional para tratar impedir que Juan del Olmo –en quien ha recaído el caso por turno de reparto– o incluso Fernando Grande-Marlaska –en quien recayó por primera vez, al estar de guardia– instruyan las pesquisas. El conflicto entre jueces acabará en la sala de lo Penal de la Audiencia.

 

El espectáculo refleja el estado de la Justicia española ante la lucha contra el terrorismo etarra.

 

 

El juez Juan del Olmo insiste en seguir investigando la agenda telefónica de los etarras Jon Iurrebaso y Kepa Suárez y no traspasar el caso a Baltasar Garzón.

Del Olmo ha rechazado este martes, por segunda vez, traspasar a Baltasar Garzón una investigación encargada por la Justicia francesa sobre el supuesto negociador de ETA con el Gobierno Jon Iurrebaso, y será la Sala de lo Penal la que decida qué juez es competente para llevar la causa, según indica la agencia estatal Efe.

 

El diario gubernamental El País ha apercibido a un juez por el que ha venido apostando por una instrucción del 11-M coincidente con la versión oficial sobre esta masacre terrorista, aunque plagada de lagunas, contradicciones, errores y pruebas falsas.

 

Este martes, El País califica de "insólitas" las iniciativas de Del Olmo para seguir con el caso de la agenda telefónica etarra, en lo que sólo cabe interpretar como un claro aviso de El País de que el caso debe pasar a manos de Garzón.

 

Fuentes jurídicas confirmaron que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, a quien la causa le había correspondido por reparto, se negó de nuevo a inhibirse en favor de Garzón, que alega que tiene procesado y con una orden de busca y captura a Kepa Suárez, al que acusa de pertenecer al aparato de captación de ETA y que fue detenido en Francia el pasado 29 de marzo junto a Iurrebaso.

Cuando la juez antiterrorista francesa Laurence Le Vert envió la comisión rogatoria a la Audiencia Nacional, en este tribunal estaba de guardia un tercer magistrado, Fernando Grande-Marlaska, quien según las fuentes consultadas se limitó a abrir diligencias previas y a enviar a reparto el asunto, que finalmente recayó en el Juzgado de Del Olmo.

Ante la negativa de éste a dejar la investigación, será la Sala de lo Penal de la Audiencia la que dirima las "diferencias de criterios técnico-jurídicos" entre los dos magistrados y decida cuál de ellos debe hacerse cargo del caso.

Las fuentes consultadas añadieron que la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que dirige Javier Zaragoza, no recurrió la primera negativa de Del Olmo a traspasar la causa a Garzón, que se produjo el pasado 18 de junio, pero que ahora apoya la petición de este magistrado de asumir la investigación.

Fuentes del Ministerio Público informaron, por su parte, de que es el propio Zaragoza, y no alguno de los dos fiscales asignados al Juzgado Central de Instrucción número 6, el que lleva la representación de la Fiscalía en el caso.

Por otro lado, la petición de información que la juez francesa solicita en su comisión rogatoria fue tramitada la semana pasada al Ministerio del Interior, confirmaron las mismas fuentes.

En este sentido el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que su departamento "contestará y colaborará" en lo que le sea requerido.

Entre la documentación que se incautó a Iurrebaso y a Suárez figuraban informaciones sobre supuestas conversaciones del Gobierno con ETA y varios números de teléfono correspondientes a abonados españoles y franceses, uno de los cuales, según el semanario galo L'Express, era el del jefe de la Policía antidisturbios gala, Christian Lambert.

Éste ha sido nombrado este lunes director de gabinete del prefecto de Policía de París.