Del Olmo impone 150.000 euros de fianza a los dos policías acusados de revelación de secretos
Los dos policías acusados de desvelar a El Mundo la trama de tráfico de explosivos han cumplido ya diez días en la cárcel. El juez Del Olmo dictó la pasada semana el auto de prisión tras tomarles declaración. Antes habían pasado otros cinco días en los calabozos. Ahora el magistrado, al que la Fiscalía ha pedido que se inhiba por incompetencia, ha fijado en 150.000 euros la fianza para eludir la prisión preventiva. Hasta ahora les había dado el mismo trato que a los otros detenidos pese a que a estos últimos, otro policía, su confidente, la mujer de éste y un abogado, les imputa graves delitos de tráfico de explosivos, de droga y detención ilegal. La fianza casi triplica la impuesta a algunos de los principales acusados del caso Malaya.
L D (Europa Press) El juez de la Audiencia Nacional imputa a los dos policías, Jesús Parrilla y Celestino Rivera, un delito de revelación de secretos en relación con una trama de mafia policial. Para cada uno de ellos ha fijado una fianza de 150.000 si quieren eludir la prisión preventiva que acordó contra ellos el pasado 5 de diciembre. Juan del Olmo sigue adoptando decisiones pese a que la Fiscalía le ha pedido que se inhiba del caso. Considera que la Audiencia no es competente para juzgar este tipos de delitos.
Además de este auto, Del Olmo ha dictado otro por el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acuerda la prisión eludible, bajo fianza de 250.000 euros, para el abogado detenido en la misma operación. Está acusado de tráfico de sustancias estupefacientes y detención ilegal en relación con el intento de inculpar a una ciudadana rusa de traficar con drogas.
Además del pago de las fianzas, a los tres se les imponen unas medidas aseguratorias complementarias, como la presentación los lunes, miércoles y viernes de cada semana ante el Juzgado de Instrucción más próximo a su domicilio, la prohibición de salir del territorio nacional sin expresa autorización judicial y la fijación de un domicilio en España. El incumplimiento de cualquiera de estas medidas "determinará su inmediata orden de detención e ingreso en prisión".
El magistrado rechaza poner en libertad a otro de los policías inculpados en este procedimiento, José Luis González Clares, “El Moro”, al que se le imputan varios delitos, entre ellos el de traficar con explosivos y drogas, detención ilegal y acusación falsa, que habría cometido haciendo valer su condición de agente de la policía. El magistrado le considera el "elemento nuclear personal" en la supuesta trama delictiva, "dirigida a ejecutar acciones graves de la mas diversa índole", entre ellas tráfico de drogas y explosivos.
A Parrilla y Rivera se les acusa de revelación de secretos que "ha causado grave perjuicio a la causa pública", por la supuesta filtración de datos relevantes de investigación a un medio de comunicación, lo que puede conllevar penas de entre 1 y 3 años de cárcel. El fiscal se opuso a que fueran excarcelados por entender que persiste el riesgo de que se fuguen teniendo en cuenta "las consecuencias sociales y profesionales" que conllevan la investigación de los hechos para ambos agentes. En el auto de imputación, sin embargo, no se aclara qué tipo de información se filtró. Sólo se les vio hablando con un periodista sin que en ningún momento se supiera de qué estaban hablando.
El juez destaca que tanto Parrilla como Rivera conocían el grave perjuicio que sus filtraciones iban a causar a la investigación y que, "lejos de evitar ese comportamiento, se alegran de los gravísimos perjuicios que iba a ocasionar, en una actitud absolutamente reprobable para un funcionario público, y en mayor medida para un policía". Por estos hechos, el juez los ha mantenido en el calabozo diez días y les ha impuesto fianzas que superan las que han tenido que pagar los acusado en el caso Malaya.
Por lo que se refiere al capítulo de tráfico con Goma Dos ECO, el juez detalla en su auto del pasado día 5 cómo Romero avisó a "José el Moro" de que tenía el explosivo, cuyo traspaso atribuyó a un tal Adolfo Rodríguez, quien estuvo preso por este motivo entre los pasados 15 y 18 de agosto. Los imputados se contradicen en lo referido al lugar de entrega del explosivo al policía González Clares y tampoco coincide su historia con lo referido por dos miembros de UCYCO que participaron en esta diligencia y para los que el juez acordó la libertad tras interrogarlos ayer, aunque los mantiene imputados en la causa.
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