(Libertad Digital) El portavoz en funciones del PSOE, Diego López Garrido, compareció en rueda de prensa en la sede de Ferraz, según informa Efe, para pronunciarse sobre el auto del 11-M y criticar la actuación del PP. López Garrido recordó a los populares que el apoyo al Estado de Derecho es "el primer mandamiento" en la lucha contra el terrorismo. Además, el dirigente socialista desvinculó la participación de España en la guerra de Irak de la masacre del 11-M, pero rechazó este tipo de acciones bélicas como método para combatir el terrorismo internacional.
El dirigente socialista opinó que el principal partido de la oposición "no ha estado a la altura de las circunstancias" ni de la respuesta dada por la ciudadanía, las víctimas y las instituciones. "¿Si no confiamos en la labor imparcial de los jueces, en quién podemos confiar?", se preguntó. A su entender, es "intolerable que se ataque a la credibilidad del Estado de Derecho por razones estrictamente partidistas", cuando "no se está atacando al PSOE", sino a la propia estructura del Estado.
López Garrido se refería a las declaraciones que este martes, día en que se hizo público el auto, hizo Vicente Martínez Pujalte al respecto. El diputado del PP indicó que le parecían "pocos" los imputados por pertenencia a organización terrorista. Además, consideró que se había "avanzado poco en investigar" la autoría intelectual de la masacre. Pujalte indicó también que le parecía "un argumento pobre" decir que los responsables son "una célula autónoma". Por todo ello, el diputado exigió que se continúe investigando, algo en lo que sí que coincidía con el propio magistrado.
En efecto, en el auto (página 1451) se señala lo siguiente:
- "Este pronunciamiento supone una valoración del caudal de diligencias de investigación hasta ahora practicadas, y que, como se expone en auto de esta misma fecha, en atención al volumen de información acumulada (especialmente la telefónica), obliga y justifica la continuidad de la investigación; pero ello no puede impedir que se dicte este pronunciamiento, a fin de asegurar la tutela judicial efectiva y el derecho fundamental a un proceso público sin dilaciones indebidas (especialmente para aquellos procesados que se encuentran privados de libertad)."