L D (Agencias) Del Olmo pide en concreto que se juzgue a Juan María Torrealday, Ignacio Uría, José María Auzmendi, José María Sors, Fernando Furundarena, Miguel Sorozábal, Begoña Zubelzu y Ainhoa Albisu por falseamiento de la contabilidad de los registros fiscales desde 1998 a 2001, por falseamiento de las condiciones para la concesión de subvenciones públicas y por defraudar el IVA en 2000 y 2001. Reclama además a los acusados que abonen una fianza de 38 millones y medio de euros "para asegurar las responsabilidades pecuniarias" derivadas del proceso.
Al adoptar esta decisión, Del Olmo rechaza inhibirse de esta causa en favor de los juzgados de instrucción de San Sebastián, tal y como le había solicitado la Fiscalía de lo Audiencia Nacional, al considerar que no había quedado probado que la actividad de Egunkaria "se dirija a la obtención de medios materiales para una correspondiente infraestructura y financiación" de ETA.
Por contra, la asociación Dignidad y Justicia, que preside Daniel Portero, hijo del fiscal Luis Portero asesinado por ETA, defendió la competencia de la Audiencia Nacional en este caso y pidió para los ocho procesados penas de entre 13 y 26 años de cárcel, además de multas de entre 21 millones de euros y los casi 33.
A pesar de su postura inicial, la Fiscalía ha anunciado que, dado que Del Olmo ha rechazado inhibirse en favor de los juzgados de San Sebastián, ahora apoya que se enjuicien estos hechos en la Audiencia Nacional y ha pedido para los acusados las mismas penas que solicitó en su día Dignidad y Justicia.
El juez hizo también un ofrecimiento de acciones al Gobierno vasco para que se personase como perjudicado, pero el Departamento de Hacienda y Administración Pública le ha comunicado que "por el momento la Administración de la Comunidad Autónoma no se persona en la causa, sin entenderse por ello (...) que renuncie al derecho de restitución, reparación o indemnización".
Este procedimiento sobre el entramado económico de Egunkaria se desglosó del sumario principal en el que se ha investigado la vinculación del diario a ETA y en cuyo marco están pendientes de ser juzgados siete de sus directivos por el delito de pertenencia a banda armada.
Sin embargo, estos siete procesados sólo han sido acusados por la asociación Dignidad y Justicia, que pide para ellos penas de entre 12 y 14 años de cárcel, ya que el fiscal Miguel Ángel Carballo reclamó el archivo del sumario principal al no encontrar indicios suficientes que acreditasen la vinculación del periódico y ETA.
Al adoptar esta decisión, Del Olmo rechaza inhibirse de esta causa en favor de los juzgados de instrucción de San Sebastián, tal y como le había solicitado la Fiscalía de lo Audiencia Nacional, al considerar que no había quedado probado que la actividad de Egunkaria "se dirija a la obtención de medios materiales para una correspondiente infraestructura y financiación" de ETA.
Por contra, la asociación Dignidad y Justicia, que preside Daniel Portero, hijo del fiscal Luis Portero asesinado por ETA, defendió la competencia de la Audiencia Nacional en este caso y pidió para los ocho procesados penas de entre 13 y 26 años de cárcel, además de multas de entre 21 millones de euros y los casi 33.
A pesar de su postura inicial, la Fiscalía ha anunciado que, dado que Del Olmo ha rechazado inhibirse en favor de los juzgados de San Sebastián, ahora apoya que se enjuicien estos hechos en la Audiencia Nacional y ha pedido para los acusados las mismas penas que solicitó en su día Dignidad y Justicia.
El juez hizo también un ofrecimiento de acciones al Gobierno vasco para que se personase como perjudicado, pero el Departamento de Hacienda y Administración Pública le ha comunicado que "por el momento la Administración de la Comunidad Autónoma no se persona en la causa, sin entenderse por ello (...) que renuncie al derecho de restitución, reparación o indemnización".
Este procedimiento sobre el entramado económico de Egunkaria se desglosó del sumario principal en el que se ha investigado la vinculación del diario a ETA y en cuyo marco están pendientes de ser juzgados siete de sus directivos por el delito de pertenencia a banda armada.
Sin embargo, estos siete procesados sólo han sido acusados por la asociación Dignidad y Justicia, que pide para ellos penas de entre 12 y 14 años de cárcel, ya que el fiscal Miguel Ángel Carballo reclamó el archivo del sumario principal al no encontrar indicios suficientes que acreditasen la vinculación del periódico y ETA.