La investigación, que envuelve a unos agentes encarcelados por tomar un café con un periodista, se empieza a volver contra el juez que lo convirtió en una categoría penal, explica el diario.
El magistrado decidió imponer fianzas incluso superiores a las impuestas a miembros de ETA, bajo la acusación de revelación de secretos. Ahora, la Justicia apunta al propio Juan del Olmo que ya tiene sobre la mesa una querella por prevaricación por dictar una resolución injusta a sabiendas, al igual que Garzón.
Cuando dos agentes de la Policía Nacional, Antonio Parrilla y Celestino Rivero, presentaron dos escritos contra el instructor de su causa Del Olmo los encarceló y les obligó a permanecer en prisión bajo la acusación de facilitar información al diario El Mundo relativa a una investigación sobre mafia policial. La máxima de las penas, en el caso de haber sido condenados, hubiera supuesto una multa, pero nunca la cárcel.
Ambos fueron absueltos, además, por la Audiencia Provincial de Madrid, en una sentencia en la que se arremetía con dureza contra la instrucción realizada por el juez y contra la investigación de la Unidad de Asuntos Internos, en aquellas fechas dirigida por la comisaria Ana Arias, dice El Mundo. La decisión de estos magistrados se basó en la desproporción y escasa justificación de la decisión de Del Olmo.
Los denunciantes, dice el diario, no entienden que pueda existir un error judicial. Defienden que desde el principio no sólo no tenía nada en que basarse para actuar así contra los dos agentes, sino que además no era el juez competente para llevar a cabo la investigación sobre revelación de secretos.
Los agentes presentaron una querella en el TS. Esta Instancia informó al CGPJ de que existía una querella criminal contra el juez. Ahora, el Supremo ha remitido una querella al TSJ de Murcia, donde trabaja ahora el magistrado. Es allí donde el alto tribunal estima que se debe dilucidar el comportamiento del juez en el "caso Parrilla".
El Mundo continúa citando la sentencia de la Audiencia Provincial en la que se absolvió a los agentes. En ella se afirmaba que estos "se vieron envueltos en una actuación policial que determinó la detención de Celestino Rivero, en base a presunciones y conjeturas que debieron ser objeto de mayor reflexión y estudio, y de Antonio Parrilla, la cual carecía de fundamento, pues reunirse a tomar un café con un periodista, ignorando lo que hablaban, no justifica su detención".
"Decisiones que, con absoluto respeto y comprensión de que se dictaban con una premura nunca aconsejable, representaron que sufrieran privación de libertad durante 24 días por un delito que, finalmente calificado, viene castigado con pena de multa", dice la sentencia.
También se señala en dicho texto que, en vez de eso, fueron privados de libertad por el juez y que sólo pudieron eludirla pagando una fianza millonaria de 150.000 euros, algo "absolutamente exagerado y desproporcionado".
La propia sentencia también atacaba dura y directamente a Del Olmo. Menciona que los que tienen atribuidas funciones de autoridad propias o por delegación deben hacer gala de "serenidad" y "reflexión", y "absoluto y profundo respeto de los derechos y garantías de todos los ciudadanos", actuando con "ponderación, equilibrio y mesura cuando se trata de restringir derechos".
Del Olmo, en definitiva, encarceló a estos dos agentes bajo la acusación de haber facilitado a El Mundo información sobre una mafia policial relacionada con el tráfico de explosivos en Madrid. El periódico desveló el mercadeo entre policías y confidentes policiales, en un barrio de Leganés. El diario detectó entonces una presunta mafia policial que colocó droga a una ciudadana rusa a la que detuvo. Fue excarcelada porco después de que El Mundo publicara información sobre el mencionado grupo.
La Policía también investigaba esa mafia, pero Asuntos Internos acabó haciendo averiguaciones de los contactos de un periodista con dos policías. Entonces se llegó a la conclusión de que estos agentes habían proporcionado datos a El Mundo. En la sentencia, el tribunal dice que la información la trataba de contrastar el periodista con uno de estos agentes, Celestino Rivero. Aclara, dice El Mundo, que este policía no dio información al periodista, sino que comunicaba a los servicios de información de los datos que iba a publicar el periódico.
Asuntos Internos supo que Rivero no había dado información a El Mundo y que Parrilla no sabía nada de estas actuaciones. Pese a ello, bajo el mandato de Ana Arias, se decidió acutar contra los dos funcionarios. Hubo, incluso, mandos policiales que defendieron detener también al periodista, aunque esa opinión no fue respaldada por sus superiores políticos.