Caamaño deja en evidencia a De la Vega y su gabinete de comunicación

L D (Raúl Vilas/ Mercedes R. Martín) Francisco Caamaño, ministro de Justicia, ha tenido que dar la cara en el Congreso de los Diputados por la vicepresidenta De la Vega. En una interpelación urgente del diputado popular Esteban González Pons, Caamño ha reconocido que la primera reclamación de la vicepresidenta sobre su cambio en el censo fue desestimada. Este punto es clave, porque la ley obliga entonces a reclamar ante al juez de primera instancia, cosa que no hizo la vicepresidenta, que se aferra a la misteriosa resolución del último día de plazo, como si esta atendiese su primera reclamación.

De hecho, el gabinete de Comunicación de Vicepresidencia del Gobierno estaba empecinado en negar este extremo pese a las evidencias publicadas en LD. Tanto es así que enviaron una suerte de desmentido –en un tonillo bastante fanfarrón– a este periódico, que ya fue desmontado en su momento por González Pons, y ahora es el propio ministro de Justicia quien ha dejado en evidencia a De la Vega y su esforzado gabinete de comunicación.

Como ya comentamos, María Teresa Fernández de la Vega no quiso dar la cara y tuvo que ser el recién llegado ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien respondiese a González Pons este miércoles en el Congreso. Un hecho que destacó el diputado del PP ada más empezar su intervención: "No entiendo que no sea la vicepresidenta quien venga a responder (...) No sé si usted ha venido como abogado de la vicepresidenta o como el último de la fila".

González Pons desgranó las razones por las que está claro que el Gobierno "manipuló el censo" para que De la Vega se hiciera "la foto de campaña" en Valencia. Recordó que De la Vega no se empadronó en Beneixida hasta el 27 de noviembre pese a que el censo se cierra el 1 de diciembre con los datos recogidos antes del 1 de noviembre y denunció que para que la vicepresidenta sí pudiera votar, se dictó una "resolución de carácter general" que no se comunicó a los partidos ni a la Junta Electoral "ni se publicó en el BOE". Todo ello, lamentó, para aplicar unas reglas distintas a una "votante VIP del PSOE".

Pons contestó además a los comunicados de vicepresidencia, recordando que la resolución no era una contestación a una reclamación de De la Vega porque "no cita nombres concretos" y debía haber sido tenida en cuenta "como normativa general". El Gobierno, a su juicio, "forzó la maquinaria y dirigió el galimatías para obtener un voto más en Valencia". Algo que, advirtió, "en el ámbito de la decencia política no tiene justificación".

Caamaño, el encargado de desentrañar el "galimatías" del que hablaba el popular, no se salió del guión marcado por las explicaciones dadas hasta ahora, a través de comunicados, por la vicepresidenta. Aferrándose a la fecha del 1 de diciembre, alegó que De la Vega se empadronó el 27 de noviembre, y que la resolución dictada ex profeso para permitirla votar respondía también a la petición de otros 300 solicitantes.