Cospedal denuncia una "persecución" propia "de dictaduras" contra el PP

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado esta tarde que las detenciones que se han producido en Alicante responden a "una auténtica persecución" contra su partido "orquestada desde el Ministerio del Interior" y ha recalcado que al enmarcar en la legalidad esta forma de proceder "se estaría legitimando las detenciones preventivas al margen de controles judiciales, propias de las dictaduras".

De Cospedal ha afirmado que la detención de varios militantes del PP sin orden judicial en Alicante y Orihuela supone un "grave atentado" contra el propio Estado de Derecho y ha añadido que actuaciones de este tipo "vulneran la Constitución y atacan la propia esencia de la democracia".

Comparecencia de Rubalcaba

La "número dos" del PP ha exigido que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, comparezca "de manera inmediata" para dar explicaciones "por este gravísimo despropósito y dirimir las responsabilidades de quien o quienes hayan tomado la decisión de detener sin autorización judicial" al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll y a otros ciudadanos, "con independencia de cuál sea el resultado de las actuaciones judiciales que se lleven a cabo".

"Creemos que estas actuaciones, al igual que otras habidas en anteriores ocasiones, responden a una auténtica persecución que, orquestada desde el Ministerio del Interior, traspasa los límites del Estado de Derecho y atenta contra la más elemental garantía constitucional, por lo que no cejaremos hasta desenmascarar a los que se creen que tienen los instrumentos del Estado a su servicio, con fines absolutamente deleznables y espurios", ha avisado.

De Cospedal ha destacado la nota del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en la que aclara que el juez no ordenó las detenciones, ni acordó citación alguna ni imputación judicial, en contra de lo expresado ayer en la nota de prensa del Ministerio de Interior, en la que se dice que a los detenidos "se les imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento." Asimismo, recuerda que en esa nota de Interior se habla de once arrestados "cuando legalmente no podían encontrarse en esta situación".

Además, ha manifestado que cuando el Ministerio de Interior señala que la operación es legal y se enmarca en un proceder "habitual en este tipo de operativos", se estaría "legitimando las detenciones preventivas al margen de los controles judiciales, propias de las dictaduras".

De Cospedal ha añadido que el PP "hará todo lo que sea necesario para defender la Constitución y el Estado de Derecho y combatirá los excesos que el Poder Ejecutivo está realizando desde hace bastante tiempo, utilizando las instituciones para atacar políticamente a la oposición, a costa de los propios derechos fundamentales de las personas".

Alerta contra posibles filtraciones

La "número dos" del PP también ha asegurado que espera que no empiecen a producirse, "como en ocasiones anteriores", filtraciones de conversaciones telefónicas grabadas desde hace más de dos años de un sumario secreto, un proceder que a su juicio sería "inadmisible en un Estado de Derecho.

Finalmente, se ha preguntado quién está dirigiendo el procedimiento si es cierto que el juez de Orihuela ha conocido esta tarde la citación que se había hecho en su nombre para que mañana declarara José Joaquín Ripoll. "Los procedimientos judiciales en España no se pueden dirigir desde el Ministerio del Interior", ha resaltado.