Conde Pumpido dice que la Fiscalía no investigó la trama de Avilés porque no lo pidió la Policía

L D (Agencias) El origen de los explosivos que se utilizaron en la matanza de marzo está en Avilés (Asturias) y en el clan formado por Trashorras y Toro Castro. Este martes, en una respuesta por carta al coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha dicho que si no se investigó la trama antes del 11-M es porque no hubo petición formal por parte de la Policía y porque todos los datos eran "genéricos" e "informales".

 

Llamazares, miembro de la comisión que investiga el 11-M en el Parlamento se interesó por la actuación fiscal en la adscripción de Avilés (Asturias) relacionada con la investigación llevada a cabo por la Comandancia de la Guardia Civil del Principado a principios de 2003 sobre tráfico ilícito de explosivos. Se refería a los seguimientos que se habían efectuado en Avilés a Antonio y Carmen Toro, procesados por la trama de explosivos del 11-M, después de que el confidente de la Guardia Civil y también implicado en la causa, Rafá Zohuier, advirtiera de que conocía a alguien en Asturias que quería vender explosivos robados.

 

En la respuesta por carta de Conde Pumpido, destacada por las agencias EFE y Europa Press, explica que en los primeros meses del 2003 el capitán jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Oviedo se estaba entrevistando por otro asunto con miembros de la Fiscalía de Avilés y expuso "de manera informal las líneas generales de una investigación incipiente sobre tráfico de explosivos", pero "sin comentar los detalles de la misma".

 

De hecho, el fiscal explica que las eventuales investigaciones "quedaron diferidas a una posterior visita de dicho mando o, en su caso de sus subordinados a la sede de la Fiscalía, visita que no llegó a realizarse". Según la misiva, después de la primera conversación, por parte de la Comandancia de Asturias de la Guardia Civil no se volvió a dirigir ninguna comunicación verbal o escrita a los representantes de la fiscalía. En suma, según Conde Pumpido, "dados los términos en que se desarrolló la conversación y la carencia de datos en los que fundamentar una investigación, que tampoco fueron facilitados con posterioridad, no se iniciaron actuaciones concretas en la fiscalía".