(Libertad Digital) Lo adelantaba este domingo Pedro J. Ramírez en su habitual "Carta del director" de los domingos en El Mundo.
"Zapatero es capaz de intentar que el Congreso de los Diputados apruebe por mayoría simple el Estatut de Carod-Rovira y el único con posibilidades reales de impedírselo es el propio presidente de su Comisión Constitucional. Y no sólo porque ocupa esa posición institucional de tanto valor estratégico, sino porque es la única figura capaz de aglutinar a dos o tres docenas de esa pléyade de diputados socialistas que van por los pasillos del Congreso diciendo que ellos no piensan pasar por el trágala. ¿Prevalecerá a la hora de la verdad la disciplina de partido o el patriotismo democrático? Parece que Chaves tiene previsto decir algo en las próximas horas, pero ése sólo juega al control de daños.
Por muchas vueltas que le demos, aquí ya no hay más cera que la que arde y sólo queda una vela por extinguir. Así está España 14 meses después del 11-M: en manos de Alfonso Guerra".
A media mañana, la agencia Europa Press difundía las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía y del PSOE a este respecto. En la entrevista, Manuel Chaves destacaba que el proyecto de nuevo Estatuto catalán en sus términos actuales no puede ser aceptado, fundamentalmente por incluir un sistema propio de financiación bilateral con el Estado, modelo que dejaba claro que "nunca" aceptará.
Un proyecto incompatible e insolidario
También consideraba que, desde el punto de vista jurídico-constitucional, la posibilidad de que Cataluña se denomine nación en su Estatuto es algo "incompatible" con la Constitución. Y recordaba que la Carta Magna sólo utiliza ese término para referirse a España.
Chaves reprochaba a Maragall su cambio de postura sobre la financiación autonómica. Hace un año ambos acordaron que pasaría por una fórmula basada en el principio de pagar por renta y recibir por población. Ahora, reconocía Chaves, "el tripartito se ha apartado totalmente de ese principio" aunque él insiste en tenerlo "muy claro", de manera que no aceptará "nunca un sistema bilateral de financiación que no esté previsto en la Constitución, como son el vasco y el navarro, y mucho menos que ese sistema bilateral de financiación se establezca en un Estatuto de Autonomía, porque cualquier sistema bilateral afecta a la financiación del conjunto, a la capacidad financiera del Estado y del resto de Comunidades Autónomas".